Uruguay podría convertirse este miércoles en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia por vía legislativa. El proyecto, respaldado por una mayoría progresista en el Senado, garantiza el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades incurables e irreversibles, bajo estrictas condiciones médicas y legales.
Uruguay está a punto de marcar un hito histórico: este miércoles, el Senado votará el proyecto de ley de eutanasia y muerte digna, con el cual podría convertirse en el primer país de América Latina en regular por vía legislativa el derecho a morir de manera voluntaria y asistida, diferenciándose de Colombia y Ecuador, países que despenalizaron esta práctica mediante fallos de la Corte Constitucional.
La iniciativa, respaldada por una mayoría progresista, está inspirada en los modelos europeos y contempla estrictas garantías médicas y éticas para su aplicación. Detrás de la discusión hay nombres, historias y años de lucha de pacientes que, como Pablo Salgueiro —fallecido en 2020 tras padecer ELA—, exigieron que la sociedad reconozca el derecho a decidir sobre su propia vida.
El proyecto establece que podrán acceder a la eutanasia las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible que cause sufrimientos intolerables o un grave deterioro de la calidad de vida. El proceso requerirá la solicitud por escrito del paciente, la evaluación de dos médicos independientes y la ratificación final ante testigos. Además, el texto garantiza la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y obliga a los servicios de salud a ofrecer los medios necesarios para ejercer este derecho.
“Lucho por el derecho de todos a elegir”, afirma Beatriz Gelós, de 71 años, quien también padece ELA y se ha convertido en una de las voces más visibles del movimiento ciudadano Empatía, el cual agrupa a familiares y pacientes a favor de la legalización. Su testimonio, como el de otros uruguayos, ha sido decisivo para sensibilizar al Parlamento y a la opinión pública: el 62% de la población respalda la aprobación, según encuestas recientes. “Quiero tener la tranquilidad que me da la ley de muerte digna. Por favor: más sufrimiento, no. No puedo más”, suplica Gelós.
Aunque la oposición, encabezada por el colectivo Prudencia Uruguay, advierte que la ley “discrimina a los más vulnerables” y “carece de suficientes garantías psicológicas”, los impulsores del proyecto sostienen que el texto combina rigor y humanidad. “No se obliga a nadie: quienes deseen acogerse a este derecho podrán hacerlo, y quienes no, no”, subraya el diputado y médico Federico Preve. Si el Senado aprueba la norma, el Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentarla. Para muchos uruguayos, la votación de hoy no solo es una decisión legislativa, sino un paso simbólico hacia una sociedad “más humana, más comprensiva y más amorosa con el enfermo”.
Deja un comentario