La anulación de la concesión a la hongkonesa CK Hutchison reavivó la tensión entre Panamá, EUA y China, en medio de presiones geopolíticas y un arbitraje internacional en puerta.
La Corte Suprema de Panamá anuló la concesión otorgada a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings, que desde 1997 operaba los puertos de Cristóbal y Balboa en el Canal de Panamá. La decisión, publicada el 23 de febrero de 2026, respondió a demandas presentadas en 2025 y a una auditoría que detectó irregularidades en el contrato.
Aunque el fallo tiene base jurídica interna, el contexto internacional encendió las alertas. Desde 2025, EUA venía advirtiendo sobre la creciente presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras estratégicas del canal. En ese escenario, el movimiento fue interpretado como un revés para Pekín y un guiño indirecto a Washington.
El presidente José Raúl Mulino defendió que no se trata de una expropiación, sino de un “decreto de ocupación” respaldado por la ley panameña. Mientras tanto, el gobierno de Hong Kong expresó su rechazo y China anunció que protegerá los derechos de la empresa afectada.
La disputa ya escaló al plano internacional: la filial Panama Ports Company activó un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, proceso que podría prolongarse durante años y derivar en compensaciones millonarias. En medio de la pugna entre EUA y China, Panamá busca mantener el equilibrio sin comprometer su estabilidad económica ni su reputación ante inversionistas.
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