La decisión del Instituto Nacional Electoral de cerrar oficinas, y enviar a miles de trabajadores a laborar desde casa durante más de un mes, ha generado críticas por priorizar la comodidad administrativa en lugar de garantizar atención íntegra a la ciudadanía.
El Instituto Nacional Electoral se colocó bajo la lupa por el anuncio emitido mediante un comunicado de suspensión de actividades presenciales en oficinas del sur de la Ciudad de México así como en otras entidades del centro del país utilizando como excusa el Mundial de Futbol 2026.
Aunque los partidos serán por unos cuántos días y en sedes específicas, la institución decidió desaparecer de manera presencial durante más de 40 días, a partir del 1 de junio retomando actividades presenciales hasta el lunes 13 de julio.
Mientras millones de personas deben seguir trabajando, trasladándose y enfrentando el caos vial cotidiano, el INE optó por resguardarse como si el Mundial fuera a paralizar el país completo, pensando primero en su comodidad.
A ello se suma que el instituto prestará sus estacionamientos en “apoyo” a la movilidad durante el torneo, mientras todavía no aclara si los módulos para trámite de credenciales de elector funcionarán con normalidad.
El argumento de evitar tráfico, contaminación y aglomeraciones parece más una justificación administrativa que una verdadera necesidad institucional. Resulta contradictorio que un organismo que exige participación ciudadana y confianza pública limite su presencia justo en uno de los momentos de mayor movimiento social y turístico del año.
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