La propuesta de Estados Unidos contempla un arancel adicional de 10% a productos mexicanos, pero el Gobierno de México confía en revertir la medida durante las negociaciones bilaterales y la revisión del T-MEC.
La Secretaría de Economía (SE) aseguró que México cuenta con argumentos sólidos para evitar la imposición de nuevos aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera aplicar un gravamen adicional del 10 por ciento a las importaciones mexicanas bajo el argumento de una supuesta aplicación deficiente de las normas contra el trabajo forzoso.
A través de un comunicado, la dependencia federal informó que participará activamente en las consultas y mesas de trabajo con autoridades estadounidenses para demostrar que México ha avanzado en la regulación y vigilancia de las cadenas de suministro. La SE expresó confianza en que la propuesta será modificada una vez que ambas naciones intercambien información técnica en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La medida anunciada por Washington forma parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permitiría a Trump imponer restricciones comerciales sin recurrir a otras facultades previamente cuestionadas por tribunales estadounidenses. La propuesta incluye a México junto con otras economías relevantes como la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido, mientras que países como China, Japón, India, Brasil y Corea del Sur enfrentarían aranceles aún mayores, de hasta 12.5 por ciento.
La USTR sostiene que algunos socios comerciales no han combatido de manera efectiva la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, lo que, según su postura, genera condiciones de competencia desleales para los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, el propio organismo reconoció que México ha colaborado de buena fe con Estados Unidos y recordó que desde 2023 existe una prohibición formal para importar mercancías producidas bajo estas prácticas.
Además, los nuevos aranceles no entrarían en vigor de manera inmediata. El procedimiento contempla un periodo de al menos 45 días para recibir observaciones, comentarios y consultas diplomáticas antes de tomar una decisión definitiva. Durante este tiempo, el Gobierno de México buscará acreditar los avances logrados y desmontar los argumentos que sustentan la propuesta.
La Secretaría de Economía reiteró que continuará defendiendo los intereses comerciales del país y presentará toda la información necesaria para evitar una medida que podría afectar el intercambio económico bilateral, uno de los más importantes del mundo y pieza clave para la estabilidad productiva de América del Norte.
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