Mientras Washington se felicita por la cooperación bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de México denuncia que ninguna de las 269 extradiciones solicitadas a Estados Unidos en los últimos ocho años ha sido cumplida.
El gobierno de Estados Unidos volvió a presumir su colaboración con México en materia de seguridad. El embajador estadounidense, Ronald Johnson, informó que durante la administración de Donald Trump se han transferido a territorio mexicano 313 personas requeridas por la justicia nacional, destacando el caso reciente de un ciudadano acusado de prostitución de menores y agresión sexual que fue detenido por la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande.
Sin embargo, detrás de las cifras celebradas por Washington existe una realidad mucho menos favorable para México. Apenas en mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Estado mexicano ha solicitado la extradición de 269 personas acusadas de delitos graves, entre ellos corrupción, delincuencia organizada y trata de personas. La respuesta de Estados Unidos ha sido contundente, aunque no precisamente por su cooperación: ninguna de esas solicitudes ha sido atendida.
La contradicción resulta difícil de ignorar. Mientras las autoridades estadounidenses exigen constantemente colaboración de México e incluso solicitan la captura de personajes vinculados con investigaciones en su territorio, las peticiones mexicanas permanecen archivadas. En los hechos, la cooperación parece funcionar con una sola dirección: México entrega, Estados Unidos presume.
A través de redes sociales, Johnson aseguró que las transferencias realizadas representan una muestra de la coordinación impulsada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum para combatir la criminalidad. No obstante, las declaraciones contrastan con los reclamos formulados desde Palacio Nacional, donde se ha cuestionado la falta de reciprocidad de Washington en asuntos relacionados con la procuración de justicia.
El tema cobró relevancia luego de que Estados Unidos solicitara la detención con fines de extradición de diversos exfuncionarios y un legislador de Sinaloa. El episodio volvió a evidenciar una relación bilateral marcada por exigencias constantes hacia México, mientras las solicitudes mexicanas continúan sin respuesta. En otras palabras, Washington presume resultados cuando le conviene, pero guarda silencio cuando se le pregunta por los cientos de prófugos reclamados por la justicia mexicana.
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