La Contraloría de Tamaulipas reportó 134 inhabilitaciones y el envío de 85 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, donde cerca del 90% de las sanciones corresponden a ex servidores públicos de la administración de Cabeza de Vaca.
La Contraloría de Tamaulipas informó que ha sancionado a 195 servidores públicos por diversas irregularidades administrativas, de los cuales 134 fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Además, 85 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar posibles responsabilidades de mayor gravedad.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, señaló que alrededor del 90% de las sanciones corresponden a ex funcionarios de la administración encabezada por Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo mandos de primer y segundo nivel.
Asimismo, explicó que algunos de los ex servidores públicos sancionados han promovido recursos legales para impugnar las resoluciones, por lo que varios procedimientos continúan en proceso. Aun así destacó que las investigaciones han permitido avanzar la rendición de cuentas dentro del gobierno estatal.
Tan sólo durante 2026, la Contraloría ha aplicado 52 sanciones e inhabilitaciones derivadas de auditorías e investigaciones internas. Estas acciones son parte de una estrategia estatal para detectar y corregir posibles actos irregulares en la administración pública.
En materia de fiscalización, Pedraza Melo destacó una reducción en las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Cuenta Pública 2023 cerró con observaciones equivalentes al 0.03% del presupuesto auditado, mientras que la de 2024 registró apenas 0.02%.
De acuerdo con los datos oficiales, las observaciones acumuladas de ambos ejercicios representan aproximadamente 14 millones de pesos, una cifra que el gobierno estatal considera menor en comparación con años anteriores.
Actualmente, cerca de 38 mil trabajadores del Poder Ejecutivo cumplen con sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, reflejando un mayor apego a las obligaciones de transparencia y control administrativo.
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