La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100% de los recursos transferidos a los 36 municipios de Morelos durante la Cuenta Pública 2025; las observaciones fueron solventadas antes del informe final.
El Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, acreditó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el correcto manejo de los recursos federales destinados a los 36 municipios de la entidad durante la Cuenta Pública 2025, consolidando su política de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
De acuerdo con la primera entrega de Informes Individuales de la ASF, la Auditoría número 1391 fiscalizó un monto de 4 mil 400 millones 620 mil pesos, equivalente al 100 por ciento de los recursos federales transferidos a los municipios morelenses. El resultado confirmó que la administración estatal cumplió con las disposiciones legales para el ejercicio de estos fondos.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandra Pani Barragán, destacó que este resultado refleja el compromiso del gobierno estatal con la legalidad, la eficiencia en el gasto público y el uso responsable del presupuesto. Subrayó que la correcta comprobación de los recursos fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y garantiza que el dinero público llegue a los fines para los que fue asignado.
Como parte del proceso de fiscalización, la ASF emitió 16 resultados de auditoría. De ellos, seis no registraron observaciones, mientras que los 10 restantes fueron atendidos y solventados por el Gobierno de Morelos antes de la emisión del informe final, mediante la entrega de documentación comprobatoria, lo que permitió acreditar el adecuado ejercicio de los recursos públicos.
La administración estatal señaló que estos fondos federales son fundamentales para fortalecer servicios públicos, infraestructura, seguridad municipal, alumbrado, recolección de residuos y otras acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias morelenses. Asimismo, reiteró que continuará impulsando una política de cero tolerancia a la corrupción, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el uso eficiente de cada peso destinado al desarrollo de la entidad.
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