Una juez rechazó la solicitud para dejar en libertad a José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, señalados por la FGR de integrar una presunta red nacional de contrabando de combustible en la que también es investigado el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel.
Una juez federal negó ordenar la liberación de José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, quienes son investigados por la Fiscalía General de la República, por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal, el contrabando de combustible y la delincuencia organizada. En la misma investigación también aparece el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
De acuerdo con las autoridades, José Merino Valdés, fundador de la empresa INGEMAR, y Adriana Magali Bércenas, representante legal de la Logística Ferroviaria Fargo, enfrentan acusaciones relacionadas con el ingreso ilegal de combustible al país para evitar el pago de impuestos. La jueza determinó que ambos deberán permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso.
La resolución fue emitida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, quien explicó que, al tratarse de delitos considerados graves, la ley no permite conceder una suspensión que implique la liberación de los acusados. Sin embargo, fijó el 28 de julio para decidir si les concede una suspensión definitiva en otros aspectos del juicio.
Mientras tanto, este miércoles continúa la audiencia en el Centro de Justicia Penal y Federal de Almoloya, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, definirá si vincula a proceso a Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y otros presuntos implicados.
Los principales acusados ya fueron trasladados al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, bajo un fuerte operativo de seguridad. En tanto, Adriana Magali Bárcenas Guillén permanece recluida en el penal de Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales continúan en prisión domiciliaria debido a problemas de salud.
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