Transportistas enfrentan extorsiones y asesinatos mientras gobierno de Keiko Fujimori no da respuestas

Gremios del transporte exigen una reunión urgente con Keiko Fujimori tras el asesinato de un conductor y las constantes amenazas que mantienen a empresas.

Los gremios de transporte urbano e interprovincial de Perú exigieron una reunión urgente con la presidenta Keiko Fujimori ante la ola de extorsiones, amenazas y ataques que golpea al sector. La crisis quedó nuevamente expuesta tras el asesinato de un conductor de la empresa Vipusa, quien fue baleado mientras realizaba su recorrido nocturno en Villa El Salvador

La situación ha llevado a varias empresas a operar por debajo de su capacidad. Julio Bretonneche, vocero de Transportes Unidos, advirtió que algunas empresas apenas trabajan al 30% de su capacidad debido a que los conductores tienen miedo de salir a trabajar. “Los conductores no quieren ir a trabajar a las empresas”, señaló. El dirigente pidió directamente a Fujimori atender al sector y reclamó también a los titulares del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transportes por la falta de respuestas.

La presión sobre el gobierno de Keiko Fujimori aumenta mientras los transportistas denuncian que las extorsiones se han vuelto una amenaza constante para quienes trabajan en las calles. Martín Ojeda, representante del transporte interprovincial, recordó que la presidenta había prometido reunirse con los gremios, pero los asesinatos y ataques continúan sin que exista una solución efectiva. Los dirigentes incluso señalaron que sus críticas a anteriores estrategias de seguridad terminaron confirmándose con los hechos.

El caso más reciente ocurrió cuando un conductor de Vipusa recibió cinco disparos mientras llevaba pasajeros, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Aunque fue trasladado a un hospital, murió horas después. Ante este escenario, los transportistas amenazan con paralizar el servicio si el gobierno no toma medidas concretas, mientras exigen protección para conductores y empresas y una estrategia que permita frenar las extorsiones que mantienen al transporte público peruano bajo constante amenaza.

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