El ayuntamiento de Lleida, Cataluña, aprobó una ordenanza que prohíbe cubrir completamente el rostro en espacios públicos, una medida que contempla multas de hasta 750 euros y que ha sido catalogada de islamofobia. La iniciativa fue respaldada por el partido conservador Vox bajo el argumento de proteger a las mujeres.
El ayuntamiento de Lleida, Cataluña, aprobó este viernes una ordenanza que prohíbe cubrir totalmente el rostro en espacios públicos, una disposición que alcanza prendas como el burka y el nicab, aunque el texto evita mencionar directamente alguna de ellas. La medida fue aprobada por 16 votos contra 11 y establece multas de entre 400 y 750 eurospara quienes incumplan la normativa, con excepciones para lugares de culto y determinadas circunstancias amparadas por derechos fundamentales.
La decisión resulta especialmente polémica porque Lleida ya había intentado imponer una prohibición similar en 2010, pero el Tribunal Supremo español anuló aquella medida en 2013 al considerar que restringía la libertad religiosa y que el ayuntamiento había excedido sus competencias. Ahora, la nueva ordenanza intenta esquivar ese antecedente mediante una redacción basada en el civismo y los derechos de las mujeres, aunque vuelve a colocar al gobierno municipal en el terreno de regular una expresión vinculada con prácticas religiosas.
La votación también dejó una peculiar alianza política: la iniciativa fue respaldada por socialistas, independentistas de Junts y Vox, mientras que PP, ERC y Comú votaron en contra. Desde ERC se cuestionó precisamente el enfoque sancionador y se planteó que, si existen mujeres sometidas a situaciones de imposición, la respuesta debería centrarse en protegerlas y garantizar sus derechos, no simplemente en imponer multas por la forma en que se presentan en el espacio público.
Con esta decisión, Lleida vuelve a convertir una cuestión relacionada con vestimenta, religión, derechos individuales e integración social en un asunto de prohibiciones y sanciones económicas. El debate nacional en España continúa abierto y todavía no existe una legislación estatal que prohíba el burka o el nicab en espacios públicos, por lo que la ordenanza municipal podría volver a enfrentar cuestionamientos jurídicos si termina reproduciendo los problemas que llevaron a la anulación de la prohibición anterior.
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