El Congreso de España rechazó dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para atender la crisis de vivienda, que incluían medidas sobre alquileres, desahucios y renovación de contratos, en medio de un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo, la oposición y los sectores inmobiliarios.
El primero de los decretos fue rechazado por 178 votos contra 172 y contemplaba medidas para regular los alquileres de temporada, ofrecer incentivos a propietarios que redujeran las rentas y suspender los desahucios de personas vulnerables que no contaran con una alternativa habitacional. La iniciativa tuvo el respaldo del PSOE y otros grupos de izquierda y nacionalistas, pero fue rechazada por PP, Vox y Junts, entre otros.
Posteriormente, el Congreso votó otro decreto que establecía la renovación automática de los contratos de alquiler. La propuesta fue rechazada por 184 votos frente a 166 y llegó a estar vigente apenas 16 horas, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La medida también contaba con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acusó a quienes votaron en contra de defender los intereses de una “oligarquía rentista” y cuestionó la influencia de los grupos inmobiliarios. Desde el PP, el diputado Sergio Sayas respondió que las propuestas del Gobierno ponían en riesgo la seguridad jurídica y enfrentaban a propietarios e inquilinos.
El rechazo provocó críticas de organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, que consideraron que la decisión supone un retroceso en materia del derecho a la vivienda. El resultado también reavivó las voces que plantean un adelanto electoral, mientras el propio Gobierno dejó abierta la posibilidad de analizar distintos escenarios tras la derrota parlamentaria de sus iniciativas.
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