La Fiscalía mexiquense detectó 51 pozos y 138 tomas clandestinas en 48 municipios; pipas ilegales operaban bajo control de sindicatos y transportistas.
Durante la Operación Caudal, autoridades de los tres órdenes de gobierno identificaron una red de extracción, transporte y venta ilegal de agua en municipios del Valle de Toluca, Valle de México y sur del Estado de México. El precio por pipa de 10 mil litros oscilaba entre 900 y 2 mil pesos, muy por encima de la tarifa oficial, y el líquido no estaba potabilizado, solo clorado de forma superficial, de acuerdo con información recopilada por Abadiel Martínez para Milenio.
Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de México revelaron que en Chicoloapan, Toluca, Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Tepotzotlán, pipas con calcomanías de sindicatos y asociaciones de transportistas llenaban sus tanques sin concesiones vigentes. En algunos puntos, los operadores entregaban hasta 200 pipas diarias, con vigilancia privada y control de accesos.
En la Operación Caudal, realizada la madrugada del 24 de octubre de 2025, se intervinieron 189 inmuebles, asegurando 322 pipas, 37 vehículos y deteniendo a 7 personas. Se documentaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de bombas, tinacos y equipos de distribución. La Fiscalía informó que continuará con acciones penales contra operadores clave y posibles servidores públicos implicados.
Los precios ilegales representaban sobrecostos de hasta 59% en Ecatepec y 41% en Cuautitlán, mientras que en Toluca la venta superaba en casi 10% la tarifa regulada. Los reportes indicaron que el abastecimiento se concentraba en manos de agrupaciones como USON, 25 de Marzo, 22 de Octubre, TUTRAM, ACME, Los 300 y otros sindicatos locales, algunos con presunta complicidad de autoridades.
El operativo fue coordinado por la Mesa de la Paz del Estado de México, con participación de Sedena, Marina, Guardia Nacional, SSPC, SSEM, FGJEM, Conagua y CAEM, con el objetivo de interrumpir la cadena de comercio ilegal y garantizar el suministro a la población.
La Fiscalía destacó que las acciones no afectaron la infraestructura legal de los pozos y que existen planes de contingencia para asegurar el abasto de agua en todos los municipios involucrados, mientras se fortalecen los mecanismos de vigilancia y control del recurso hídrico.
Con información de Abadiel Martínez para Milenio
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