La denuncia presentada por Citlalli Hernández ante el INE por violencia política de género evidenció los límites entre libertad de expresión y agresión contra mujeres en el espacio digital.
La discusión sobre libertad de expresión y violencia digital contra las mujeres volvió al centro del debate público en México luego de que se recordara, durante la Mañanera del Pueblo, el caso en el que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, denunció al usurero Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género en redes sociales.
La funcionaria explicó que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debido al uso sistemático de expresiones denigrantes centradas en su físico y apariencia, las cuales —según señaló— no formaban parte del debate político, sino de ataques personales. El INE admitió la denuncia y ordenó medidas cautelares para retirar diversas publicaciones consideradas como violencia política de género.
Sin embargo, el caso escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que el usurero impugnara la resolución. De acuerdo con Hernández, el tribunal argumentó dudas sobre sus competencias para resolver el caso, lo que permitió que las publicaciones permanecieran en la plataforma X, pese a la orden inicial del órgano electoral.
La secretaria de las Mujeres subrayó que el caso abre una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, pues estas no pueden permanecer ajenas a las normas y principios de las sociedades donde operan. En ese sentido, cuestionó qué grado de corresponsabilidad deben asumir las empresas tecnológicas frente a contenidos que reproducen violencia o discriminación contra mujeres.
Hernández señaló que su intención principal no fue continuar un litigio personal, sino visibilizar el problema y generar una sanción social frente a este tipo de agresiones. Explicó que muchas mujeres se acercaron para pedirle que no dejara pasar el caso, pues normalizar estos ataques afecta a todas las mujeres que participan en la vida pública.
Especialistas y activistas coinciden en que el desafío actual consiste en defender la libertad de expresión sin permitir que se convierta en una vía para la violencia o la discriminación, por lo que el debate sobre regulación, cultura digital y responsabilidad de las plataformas seguirá siendo clave para construir un espacio público más respetuoso e igualitario.
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