Ayer por la noche, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerró con cadenas las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en protesta por la decisión de levantar el paro de labores. La ministra presidenta del CJF, Norma Piña, junto a varios consejeros y colaboradores, se encuentran retenidos en el edificio.
El incidente se originó tras una sesión del pleno del CJF, donde se resolvió terminar el paro y ordenar la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados a partir del 24 de octubre. Esta medida también incluía sanciones salariales para quienes se negaran a regresar. La decisión, aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra, generó un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes exigieron explicaciones a los consejeros. La situación escaló cuando los manifestantes impidieron la salida de los consejeros, reclamando transparencia en la toma de decisiones.
Consejeros a favor y en contra de la medida
Los consejeros Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés se pronunciaron a favor de la suspensión del paro y la implementación de sanciones. Sin embargo, la Ministra Presidenta Norma Piña, Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo votaron en contra, argumentando la necesidad de más diálogo. La tensión aumentó dentro del edificio cuando algunos empleados encararon a sus compañeros por la decisión de encadenar los accesos.
Manifestantes exigen explicaciones públicas
En videos que circulan en redes sociales se observa cómo un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, cerraron las entradas del CJF. Mientras tanto, los trabajadores han advertido que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras.
El conflicto se originó a raíz de una reforma judicial recientemente aprobada, que propone, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados. Esta iniciativa ha generado un amplio rechazo dentro del Poder Judicial, ya que los trabajadores temen perder sus carreras judiciales conseguidas con nepotismo y favortitismo. Ante la decisión del CJF de reanudar las actividades, se anticipa una escalada en las manifestaciones del personal judicial en todo el país.
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