Autor: Redacción

  • Clara Brugada anuncia creación de Mando Único para blindar el Centro Histórico de la CDMX

    Clara Brugada anuncia creación de Mando Único para blindar el Centro Histórico de la CDMX

    En su conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una reestructuración significativa en la seguridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, en respuesta a recientes incidentes de violencia. Durante una conferencia, Brugada confirmó que los sectores policiales del primer cuadro de la ciudad pasarán de dos a tres, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y combatir delitos como la extorsión.

    Vamos a reorganizar los sectores de policía en el Centro Histórico. Actualmente hay dos, pero los reestructuraremos para establecer tres sectores, y además, contaremos con un Mando Único“, indicó Brugada.

    Este esfuerzo por mejorar la seguridad en la zona será coordinado con los comerciantes del Centro Histórico, con quienes se buscará implementar medidas adicionales para reducir los delitos callejeros, especialmente la extorsión que afecta a los vendedores.

    Refuerzos policiales y nuevos operativos en el Centro Histórico

    Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que la seguridad en la zona se reforzará con la participación de la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar, y elementos de tránsito. Además, se llevarán a cabo operativos preventivos para verificar que motocicletas en el área cumplan con la normativa de tránsito, una medida clave tras el ataque contra la diputada suplente Diana Sánchez Barrios, cuyos agresores huyeron en una moto.

    El atentado, ocurrido en pleno Centro Histórico, dejó un saldo de un acompañante muerto y otro gravemente herido, en un hecho que ha conmocionado a la ciudad. Este violento episodio tuvo lugar el 17 de octubre, a plena luz del día y frente a numerosas personas, en las calles de 5 de Mayo y Motolinia.

    Plan especial contra la extorsión y fortalecimiento de la vigilancia

    En respuesta al ataque, Vázquez detalló que se implementará un plan especial para combatir la “extorsión directa” en coordinación con comerciantes y empresarios del Centro Histórico. Esta estrategia se centrará en prevenir y reducir los casos de extorsión que afectan tanto a comerciantes formales como ambulantes.

    Asimismo, se reforzará la vigilancia en la zona con la revisión de “chelerías” y otros puntos de venta de alcohol, y se mejorará la cobertura de videovigilancia tras la identificación de zonas sin cámaras de seguridad en el Centro. Vázquez indicó que el C5 ya está trabajando en un diagnóstico para eliminar esas “lagunas de videovigilancia”.

    Nuevas autoridades para el Centro Histórico

    Durante la misma conferencia, Clara Brugada presentó a Carlos Cervantes Godoy como el nuevo encargado del Centro Histórico para el periodo 2024-2030. Entre sus responsabilidades estará coordinar acciones de seguridad junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad, así como trabajar en el reordenamiento del comercio en la zona.

    Además, se le encomendó la tarea de preservar los monumentos históricos y atender a los habitantes y transeúntes del área, buscando mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del patrimonio cultual.

    Finalmente, a pregunta expresa de Los Reporteros Mx, Pablo Vázquez señaló que, aunque el ataque contra Sánchez Barrios fue un hecho lamentable, se trata de un caso aislado que no refleja la tendencia general en la capital.

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  • Senado publica la lista de 48 candidatos para dirigir la CNDH en el periodo 2024-2029

    Senado publica la lista de 48 candidatos para dirigir la CNDH en el periodo 2024-2029

    El Senado de la República ha dado a conocer los 48 finalistas que competirán por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Entre los aspirantes más destacados figuran Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta que busca su reelección por un segundo periodo, y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

    El proceso de selección también incluye a Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y Jesús González Schmal, exdiputado y excandidato a alcalde por Morena. Estas personas se enfrentarán a un riguroso examen ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado a partir del 24 de octubre, con el objetivo de demostrar su idoneidad para el cargo.

    Durante la sesión de las comisiones, se destacó que 18 de los 66 aspirantes originales fueron eliminados por no cumplir con los requisitos establecidos, principalmente por no certificar la documentación presentada. A pesar de ello, los 48 finalistas que avanzaron en el proceso han sido considerados como aptos y cumplirán con su comparecencia en los días programados. Los aspirantes defenderán su candidatura en sesiones que se llevarán a cabo hasta el 26 de octubre.

    El Senado tiene en sus manos la importante tarea de elegir a quien estará al frente de la CNDH durante los próximos cinco años, un puesto clave para la defensa de los derechos humanos en México.

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  • Departamento de Justicia de EE. UU emite comunicado en el que reafima que, con la sentencia de García Luna, se demuestra que nadie está por encima de la ley

    Departamento de Justicia de EE. UU emite comunicado en el que reafima que, con la sentencia de García Luna, se demuestra que nadie está por encima de la ley

    El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a más de 38 años de prisión por un tribunal de Nueva York. La sentencia fue emitida por el juez Brian M. Cogan, quien determinó que García Luna recibió sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Durante su mandato entre 2006 y 2012, García Luna ocupó el cargo más alto en materia de seguridad en México, controlando a la Policía Federal.

    De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE.UU., García Luna permitió que el cártel operara con impunidad, desviando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad mexicanas que debían combatir al narcotráfico. Además de los sobornos, se demostró que el exfuncionario proporcionaba uniformes y credenciales de la Policía Federal a los miembros del cártel, lo que les permitió transportar grandes cantidades de droga por el país y hacia Estados Unidos sin ser detectados. Esta corrupción dentro de las instituciones mexicanas fue clave para el éxito del Cártel de Sinaloa.

    Anne Milgram, administradora de la DEA, destacó que esta sentencia envía un mensaje contundente: “Ningún funcionario está por encima de la ley”. Por su parte, Katrina W. Berger, directora de HSI, resaltó el compromiso de las agencias estadounidenses para desmantelar las redes de narcotráfico que afectan a ambas naciones. El caso de García Luna es considerado uno de los ejemplos más significativos de colusión entre altos funcionarios y organizaciones criminales.

    La sentencia también contempló las acciones que García Luna tomó durante el juicio para obstruir la justicia. Según el tribunal, intentó sobornar a otros reclusos para que testificaran a su favor y así influir en el veredicto final. Estas acciones fueron consideradas como un agravante en la condena final. La colaboración entre el Departamento de Justicia de EE.UU., la DEA y otras agencias fue crucial para llevar a cabo la investigación y lograr esta condena histórica.

    Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México, particularmente en las instituciones de seguridad. La sentencia de más de 38 años de prisión de García Luna es vista como un paso decisivo en el esfuerzo por erradicar la influencia del crimen organizado en las estructuras del Estado.

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  • INAI entrega a SEGOB informe detallado de los contratos que sostiene con Xóchitl Gálvez

    INAI entrega a SEGOB informe detallado de los contratos que sostiene con Xóchitl Gálvez

    El futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en el aire, luego de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planteara su eliminación como parte de una iniciativa de reforma constitucional. La propuesta, que busca simplificar la administración pública, también contempla la desaparición de otros seis organismos supuestamente autónomos, cuyas funciones serían absorbidas por dependencias federales.

    Sheinbaum ha asegurado que la desaparición del INAI no significará el fin de la transparencia en el gobierno. De hecho, enfatizó que su administración será “más estricta en la transparencia”, señalando que este cambio permitiría agilizar procesos y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

    El anuncio produjo una serie de reuniones entre la Secretaría de Gobernación, liderada por Rosa Icela Rodríguez, y los integrantes del INAI. Durante el encuentro, que duró casi dos horas y tuvo lugar en la sede de la Secretaría en avenida Bucareli, ambas partes discutieron la reforma y sus implicaciones. Rodríguez destacó que el gobierno federal está abierto al diálogo y comprometido con mantener la transparencia como una de sus prioridades.

    A su salida, los miembros del INAI valoraron la apertura de la secretaria Rodríguez y mencionaron que ya se han programado futuras reuniones para seguir trabajando en la propuesta legislativa que se discute actualmente en el Congreso. Esta iniciativa no solo plantea la desaparición del INAI, sino también una reorganización profunda de otros organismos autónomos para optimizar la estructura gubernamental.

    Paralelamente, el INAI presentó informes sobre varios de sus contratos, entre ellos aquellos firmados con la empresa de Xóchitl Gálvez, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI). Uno de los más destacados fue el acuerdo firmado en enero de 2019, cuando Gálvez ya era senadora, por el cual su empresa se encargaba del mantenimiento integral de las instalaciones del instituto. OMEI ha obtenido varios contratos con el INAI a lo largo de los años, que suman millones de pesos, generando debate en torno a posibles conflictos de interés.

    No es nueva la denuncia de corrupción

    El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había señalado en su momento los vínculos de Gálvez con contratos millonarios tanto con el INAI como con otras dependencias federales. Según datos presentados por el expresidente, OMEI y otra de sus empresas, High Tech Services, acumularon más de 1,400 millones de pesos en contratos gubernamentales.

    Con la propuesta de Sheinbaum, el debate sobre la función y viabilidad de organismos autónomos como el INAI se intensifica, mientras el gobierno se compromete a reforzar la transparencia bajo una nueva estructura. La decisión final sobre la eliminación del INAI se espera para antes de diciembre de 2024.

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  • EE.UU. podría buscar la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa

    EE.UU. podría buscar la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa

    La Fiscalía de Estados Unidos está evaluando la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, durante su proceso judicial ante el juez Brian Cogan. Los fiscales buscan justificar esta medida debido a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, entre los que se incluyen el tráfico de drogas, asesinato y la distribución masiva de fentanilo, un opioide extremadamente letal.

    Durante la primera audiencia en el Tribunal Federal del Este de Brooklyn, Zambada, quien fue detenido en julio de 2023, se declaró no culpable de los 17 cargos que enfrenta, muchos de los cuales están relacionados con la operación continua de su organización criminal. El caso tiene paralelismos con el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del mismo cártel, quien fue condenado a cadena perpetua por el mismo juez. Sin embargo, en el caso de Zambada, las acusaciones incluyen dos agravantes adicionales: su participación en el tráfico de fentanilo y la continuidad de sus actividades delictivas hasta 2024.

    El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, será quien tome la decisión final sobre si procede o no solicitar la pena capital. A pesar de la moratoria que Garland impuso a las ejecuciones federales en 2021, la gravedad de los crímenes de Zambada podría llevar a una excepción. Recientemente, Garland permitió una excepción similar en el caso de un supremacista blanco que mató a diez personas en un supermercado en Búfalo en 2022.

    A pesar de los intentos de la defensa de vincular al abogado Frank Pérez con un conflicto de interés debido a su representación del hijo de “El Mayo”, Vicente Zambada, el juez Cogan determinó que no había tal conflicto. La próxima audiencia está programada para el 15 de enero de 2025, en la que se espera que la Fiscalía continúe buscando la máxima pena contra Zambada.

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  • Claudia Sheinbaum responde a la suspensión incostitucional de la jueza Nancy Juárez y afirma que, le guste o no, la Reforma Judicial va

    Claudia Sheinbaum responde a la suspensión incostitucional de la jueza Nancy Juárez y afirma que, le guste o no, la Reforma Judicial va

    La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza ante la orden de una juez que le otorgó 24 horas para eliminar la publicación de la Reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Desde su espacio en la conferencia matutina, Sheinbaum dejó claro que no cumpliría con dicha orden, argumentando que carece de sustento jurídico y está fuera de las atribuciones de la juez. Además, la mandataria anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la juez Nancy Juárez, quien emitió la resolución desde su sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

    Sheinbaum lamentó que un miembro del Poder Judicial intente detener el proceso de transformación que representa la reforma, señalando que esta responde a la voluntad del pueblo mexicano y ha sido impulsada a través de los cauces legales establecidos. La presidenta recalcó que el artículo 135 de la Constitución permite que ésta sea reformada por el Congreso de la Unión con el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes, lo que convierte a la acción judicial en un intento sin fundamento para frenar el avance del país hacia una mayor democratización.

    No detendrán la democratización

    Sheinbaum recalcó que la juez “no tiene ninguna atribución para solicitar que se elimine la publicación” y criticó que se intente usar un amparo para frenar una reforma que ya ha sido aprobada por los legisladores. La presidenta insistió en que la reforma judicial es parte de un proceso más amplio de transformación del sistema de justicia, que incluye no solo a jueces federales, sino también a magistrados y jueces locales, quienes deberán ser elegidos por el pueblo en un plazo de 180 días.

    Además, Sheinbaum dejó en claro que “ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros” detendrán la reforma, reafirmando su compromiso con el proceso de democratización que pretende hacer más transparente y accesible el Poder Judicial en todo el país. En palabras de la presidenta, esta reforma no solo afectará a los jueces federales, sino también a los locales y estatales, que deberán ser elegidos de manera democrática, conforme a las nuevas disposiciones.

    Finalmente, Sheinbaum adelantó que, aunque el Consejo de la Judicatura Federal “no necesariamente está haciendo su trabajo”, no dejarán que este intento quede en la impunidad, por lo que procederán con la denuncia contra la juez ante dicha instancia. La presidenta concluyó con un mensaje categórico: “La reforma al Poder Judicial va, ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar”.

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  • Ernestina Godoy y Artura Zaldívar anuncian que se buscarán sanciones para los fallos improcedentes e irregulares contra la Reforma Judicial

    Ernestina Godoy y Artura Zaldívar anuncian que se buscarán sanciones para los fallos improcedentes e irregulares contra la Reforma Judicial

    Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, explicaron los fundamentos legales que sostienen la improcedencia de los amparos interpuestos contra la reciente reforma al Poder Judicial. Ambos señalaron que los jueces que han otorgado suspensiones en contra de la reforma están excediendo sus competencias y actuando al margen de la Constitución.

    Godoy subrayó que la reforma constitucional es una facultad exclusiva del Constituyente Permanente, como lo establece el artículo 135 de la Constitución, y que esta función es soberana, no sujeta a revisión judicial. Según la consejera, no hay ninguna disposición en el sistema jurídico mexicano que permita al Poder Judicial revisar o anular las decisiones del Órgano Revisor de la Constitución, por lo que los jueces no pueden autofacultarse para invalidar las reformas. Agregó que la actuación de estos jueces implica una “usurpación de atribuciones” que corresponde al poder legislativo.

    Asimismo, Godoy anunció que presentarán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que se revise el actuar de los jueces de distrito que han otorgado amparos, ya que, según su postura, están contraviniendo la Constitución y sus propios criterios. Señaló que dichos jueces están desafiando la soberanía del pueblo de México y del Congreso, que es el legítimo representante del Poder Reformador.

    Por su parte, Zaldívar recordó que la Constitución también obliga al Poder Judicial a actuar dentro del ámbito de sus competencias. Según el exministro, las suspensiones que se han concedido son “abiertamente contrarias a derecho”, ya que el amparo no procede contra reformas constitucionales ni contra procesos legislativos. De igual manera, explicó que la suspensión no puede tener un efecto restitutivo, es decir, no puede invalidar o retirar una publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Zaldívar fue enfático al señalar que exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar en contra de lo publicado en el Diario Oficial es “jurídicamente imposible”, y sostuvo que los jueces que han otorgado estos amparos están actuando con un claro conflicto de interés, desafiando el orden constitucional al intentar frenar la reforma.

    Ambos funcionarios defendieron que la reforma al Poder Judicial es un acto soberano del Congreso, y que cualquier intento por detenerla vulnera el Pacto Federal y trastoca el equilibrio de poderes en el país.

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  • Pablo Gómez expone la trama corrupta de García Luna; destaca que México recuperará más de 2 MDD

    Pablo Gómez expone la trama corrupta de García Luna; destaca que México recuperará más de 2 MDD

    La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló los avances sobre la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna y sus socios. Gómez explicó que entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y otras dependencias otorgaron 30 contratos al Grupo Weinberg, liderado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Estos contratos ascendieron a más de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos.

    Empresas como Nunca Inc y Nunca Technologies Inc, vinculadas al Grupo Weinberg, recibieron sumas millonarias. Nunca Inc obtuvo 67 millones de pesos, mientras que Nunca Technologies Inc recibió más de 208 millones de dólares. Además, Nice Systems Ltd y Glac, entre otras compañías, se vieron beneficiadas con contratos multimillonarios.

    Entre 2009 y 2018, diversas instituciones federales y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pagaron más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg. Estos pagos fueron transferidos a cuentas bancarias en México, Barbados e Israel. Pablo Gómez también detalló que, de 2013 a 2020, Nunvac Inc envió recursos hacia Estados Unidos y otros países por un total de más de 538 millones de pesos y 218 millones de dólares.

    El Grupo Weinberg también retornó al país más de 189 millones de dólares desde cuentas en Barbados, distribuyéndolos entre 109 beneficiarios en México, en un esquema de lavado de dinero que abarcó varios años.

    En cuanto al proceso penal contra García Luna y sus socios, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 ya han sido cumplidas, 36 siguen vigentes y ocho personas han sido vinculadas a proceso. Entre los detenidos destaca Jonathan Alexis Weinberg Pinto, responsable del manejo empresarial del grupo, arrestado en Madrid a finales de diciembre de 2023. Actualmente, el Estado Mexicano está a la espera de su proceso de extradición.

    Además, Pablo Gómez mencionó que, antes del juicio que enfrentará García Luna en Florida, el juzgado ordenó la entrega al Gobierno de México de 2.4 millones de dólares obtenidos de la venta de inmuebles y acuerdos preparatorios. También se ha asegurado un departamento valuado en 555 mil dólares que pertenecía al exfuncionario, así como 15 propiedades más en Estados Unidos, vinculadas a García Luna y sus cómplices.

    Este golpe a la estructura financiera de García Luna representa un paso más en la lucha del gobierno de la Cuarta Transformación para combatir la corrupción a gran escala, desmantelando redes que operaron impunemente durante años.

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  • Desarticulan grupo criminal liderado por Zacarías “N”, alias “Skiny”, responsable de homicidios y extorsión en Quintana Roo

    Desarticulan grupo criminal liderado por Zacarías “N”, alias “Skiny”, responsable de homicidios y extorsión en Quintana Roo

    En un importante operativo conjunto, fuerzas de seguridad federales y estatales lograron la captura de Zacarías “N”, alias “Skiny”, líder de un grupo criminal vinculado a homicidios, extorsión y narcomenudeo en el municipio de Benito Juárez. En la operación, realizada en la ciudad de Mérida, también fueron detenidas dos mujeres, Brenda Estefanía “N” y Mariana Guadalupe “N”, quienes presuntamente colaboraban en las actividades ilícitas del grupo.

    La captura fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la FGE de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo. El grupo delictivo, encabezado por Zacarías “N”, operaba en diversas zonas del municipio, cometiendo delitos como extorsiones a comerciantes, vendedores ambulantes y arrendadores de motos acuáticas.

    Líder delictivo con múltiples órdenes de aprehensión

    Zacarías “N” tiene tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. El primero de ellos fue perpetrado el 31 de mayo, cuando ordenó la ejecución de un hombre. Posteriormente, el 6 de agosto, estuvo involucrado en el asesinato de un menor, y el 2 de octubre, en otro homicidio en agravio de un masculino. Todos estos crímenes ocurrieron en distintos puntos del bulevar Kukulcán, en Benito Juárez.

    Brenda Estefanía “N”, pareja sentimental de “Skiny”, y Mariana Guadalupe “N” también están implicadas en la operación financiera del grupo, ya que ambas recibían en sus cuentas bancarias el dinero producto de las extorsiones.

    Relación con el narcomenudeo y otros delitos

    Además de los homicidios, las autoridades vinculan a Zacarías “N” y su grupo con la venta de estupefacientes en varias zonas del municipio. La banda también extorsionaba a comerciantes locales y propietarios de negocios turísticos.

    En acciones previas, las autoridades ya habían detenido a otros tres integrantes del grupo criminal: Daniel “N”, Pablo Fernando “N” y Adriana María “N”, todos ellos procesados por homicidio calificado.

    Tras la captura en Mérida, los tres detenidos fueron trasladados a Quintana Roo y puestos a disposición de las autoridades competentes en el Centro de Reinserción Social. En los próximos días se determinará su situación jurídica.

    Este golpe a la estructura criminal liderada por alias “Skiny” representa un paso significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en la región y refuerza el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Quintana Roo.

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  • La pobreza infantil se reduce en 6.8%, destaca CONEVAL y UNICEF

    La pobreza infantil se reduce en 6.8%, destaca CONEVAL y UNICEF

    El reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha revelado una disminución significativa en la pobreza infantil y adolescente en México entre 2020 y 2022. Durante este periodo, el porcentaje de niños y adolescentes de entre cero y 17 años que viven en condiciones de pobreza se redujo de 52.6% a 45.8%, una caída de 6.8 puntos porcentuales.

    Este logro representa un avance notable en las políticas sociales impulsadas por la Cuarta Transformación (4T), cuyo enfoque humanista ha priorizado el bienestar de la población más vulnerable. A nivel general, la pobreza en México también experimentó una disminución, pasando del 41.9% al 36.3%, es decir, 5.6 puntos porcentuales menos.

    El documento, titulado ‘Pobreza infantil y adolescente en México, 2022’, destaca que, aunque persisten retos importantes, los avances reflejan un compromiso decidido para mejorar las condiciones de vida de la población infantil y adolescente. De los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de pobreza, cerca del 40% viven en pobreza moderada, mientras que el 10% enfrenta pobreza extrema.

    Desafíos para la población indígena y con discapacidad

    No obstante, los datos revelan disparidades significativas en ciertos grupos. Por ejemplo, el 82.3% de los niños y adolescentes que hablan una lengua indígena viven en condiciones de pobreza, siendo el 50.2% de ellos quienes enfrentan pobreza extrema. Además, el 79.1% de los NNA hablantes de lenguas indígenas presentan al menos tres carencias sociales, siendo la falta de acceso a la seguridad social la más común, afectando al 93.9% de este grupo.

    La situación también es crítica para los NNA con alguna discapacidad, quienes presentan una incidencia de pobreza del 51.4%, comparado con el 45% en aquellos sin discapacidad. Del mismo modo, el 54.6% de los NNA que viven en hogares con presencia de personas con discapacidad están en pobreza.

    Factores que reducen la pobreza

    El estudio subraya que la pobreza en hogares con NNA disminuye cuando hay más personas ocupadas, o cuando la jefatura del hogar tiene entre 40 y 64 años, o cuenta con educación secundaria completa. Sin embargo, la incidencia de pobreza sigue siendo más alta en las regiones del sureste del país y en localidades rurales.

    Por otro lado, la población de niños de cero a cinco años muestra los niveles más altos de carencias sociales, especialmente en acceso a seguridad social (59.3%) y servicios de salud (45.9%). Los adolescentes de 12 a 17 años, en cambio, tienen la menor incidencia de pobreza, con un 42.9%, aunque el 16.1% de ellos sufre rezago educativo por diversos factores, como la falta de interés o requisitos académicos.

    El informe concluye que, para continuar reduciendo la pobreza infantil y adolescente, es vital seguir ampliando los programas de protección social, generar más empleos formales y mejorar los servicios de salud y educación.

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