En la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum, se informó sobre los avances del programa “Mi Patria No Se Vende”, enfocado en la recuperación de bienes culturales sustraídos de México. Enrique Álvarez Tostado Rivas, coordinador de Asuntos de lo Consultivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó que se han logrado repatriar más de 14 mil piezas arqueológicas e históricas provenientes de países en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oceanía.
Álvarez Tostado Rivas detalló que el 18 de diciembre tuvo lugar una ceremonia especial en Italia para formalizar la restitución de 101 piezas arqueológicas a México. Este acto se realizó en colaboración con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Los bienes culturales habían sido asegurados previamente por el Arma de Carabineros en diversas localidades italianas, como Roma, Perugia, Udine, Ancona y Consensa.
#MañaneraDelPueblo | Enrique Álvarez Tostado Rivas, coordinador de Asuntos de lo Consultivo del @INAHmx, informó que, a través del programa #MiPatriaNoSeVende se han recuperado 14 mil piezas arqueológicas e históricas de países de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Oceanía pic.twitter.com/b1Ed4PWjre
Además de estas piezas, se recuperaron 594 exvotos religiosos, así como más de 70 objetos arqueológicos de gran valor histórico. Entre ellos se encuentran figurillas humanas y zoomorfas de barro elaboradas por culturas del Altiplano Central, cuya antigüedad oscila entre los 900 años a.C. y el siglo XVI.
#MañaneraDelPueblo | Informe de restitución de piezas arqueológicas y culturales:
➡️El 11 de diciembre se restituyó a México una imagen de la representación de Santa Rosa de Lima que fue robada en 2007
Álvarez Tostado también recordó un caso destacado: el 11 de diciembre se restituyó a México una imagen de Santa Rosa de Lima que había sido robada en 2007. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en México entregó seis piezas arqueológicas adicionales.
Finalmente, se anunció que en los próximos días se espera la repatriación de otro conjunto de 101 piezas arqueológicas, lo que reafirma el compromiso del programa con la preservación y recuperación del patrimonio cultural del país.
En un operativo realizado por agentes estatales en el municipio de San Fernando, se logró la detención de seis presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al robo de vehículos y la extorsión, entre ellos tres policías de investigación. Así lo informó Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante una conferencia de prensa conjunta en Tuxtla Gutiérrez.
En la acción, también se aseguraron cinco vehículos y se llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el centro del estado. Los detenidos fueron identificados como los policías de investigación Carlos N., Julio N. y Carlos N., junto con tres civiles: Alejandro N., Santifi N., y un sexto individuo cuya identidad no ha sido revelada.
El fiscal Llaven Abarca enfatizó que la lucha contra la corrupción y la impunidad es un compromiso prioritario de su administración.
“No vamos a permitir que servidores públicos en el cumplimiento de su deber que actúan de manera ilícita queden impunes. Hoy damos muestras contundentes y firmes de que vamos a combatir la corrupción y la impunidad de cualquier servidor de cualquier institución”, manifestó.”
Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, destacó que en los primeros diez días del gobierno actual han sido detenidas más de 300 personas, incluyendo 92 policías de Comitán.
En la misma conferencia, se dio a conocer que otro operativo realizado el miércoles en el municipio de Villaflores derivó en el cateo de dos inmuebles, un enfrentamiento entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes, y el aseguramiento de varios vehículos, incluido uno conocido como “monstruo”. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre posibles heridos.
Compromiso firme contra la impunidad
Llaven Abarca subrayó la importancia de garantizar que la ley sea respetada. “Que se escuche claro y fuerte, el compromiso que tenemos es con el pueblo de Chiapas y con que la ley se respete. No habrá cabida a la impunidad en esta institución”, indicó.
Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de enviar un mensaje contundente a servidores públicos y delincuentes por igual. “Se los hemos dicho muy claro y de manera específica a los mandos y elementos que encabezamos que no vamos a tolerar ningún acto de esta naturaleza”, puntualizó Aparicio Avendaño.
Las autoridades continúan investigando la red de operaciones de la banda desmantelada en San Fernando, al tiempo que refuerzan las estrategias de seguridad en el estado para frenar la violencia y combatir el crimen organizado.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse información sobre una nueva propiedad vinculada a su nombre. Documentos del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas señalan que en diciembre de 2023 la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, relacionada con García, adquirió un terreno de 700 hectáreas entre los ejidos Mederos y El Peñón, en la zona de Burgos, Tamaulipas.
La operación habría sido formalizada mediante la escritura pública número 7613 del libro 257, aunque hasta el momento no ha sido registrada oficialmente. Esta propiedad se une a otra polémica surgida en mayo pasado, cuando se dio a conocer que el gobernador recibió un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro, Nuevo León, valuado en 700 millones de pesos.
Un rancho de lujo en construcción
Según imágenes compartidas por el medio Reforma, el terreno en Tamaulipas ya cuenta con avances significativos en la construcción de un rancho que incluye dos viviendas, una sala de trofeos con animales exóticos de caza, una alberca y un helipuerto. Además, se reporta la construcción de otras dos estructuras en el predio, que habría pertenecido previamente a la familia Garza Treviño antes de pasar por un fideicomiso administrado por Banca Afirme.
Residentes cercanos al lugar afirman haber visto a Samuel García en la propiedad acompañado por personal de Fuerza Civil. También aseguran que a los trabajadores se les retiran los celulares para evitar filtraciones de imágenes de la obra, aumentando las suspicacias en torno al caso.
Negativa y burlas en redes sociales
Ante las acusaciones, García utilizó su cuenta de X para negar categóricamente ser el dueño del rancho, calificando la información como falsa. En su mensaje, incluso se burló de la situación:
Esta nota debería de ser para el 28 de diciembre, día de los inocentes… La nota es falsa, de verdad me sorprende la capacidad de El Norte para publicar textos de ficción.
“Esta nota debería de ser para el 28 de diciembre, día de los inocentes… La nota es falsa, de verdad me sorprende la capacidad para publicar textos de ficción. P.D: Por cierto, ese día cumplo años. Espero su regalo”.
Sin embargo, esta declaración no convenció a muchos usuarios en redes sociales, quienes le recordaron que documentos de compraventa señalan a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, como representante legal de Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
En un esfuerzo por ordenar el comercio en el Centro Histórico y garantizar el libre tránsito de los peatones, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con personal de Marina y la Guardia Nacional, participaron en un operativo encabezado por las autoridades de la Ciudad de México.
El objetivo es combatir la proliferación de vendedores ambulantes que han desbordado las calles del primer cuadro de la ciudad y reforzar la seguridad, previniendo delitos como la extorsión hacia comerciantes establecidos.
📹 #Vídeo | Con cientos de policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, personal de Marina y la Guardia Nacional, el Gobierno de la Ciudad de México busca poner en orden el comercio del Centro Histórico, así como reforzar la seguridad y prevenir distintos delitos como la… pic.twitter.com/Bq3u12pLBz
Durante un recorrido realizado este miércoles, la Consejera Jurídica Eréndira Cruz Villegas y el Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, acompañados de César Cravioto, instaron a los comerciantes informales a despejar las calles.
Cervantes Godoy enfatizó que, en caso de reincidencia, las autoridades procederán a retirar la mercancía: “Los últimos días se ha desbordado el comercio ambulante, y el día de hoy vamos a empezar a poner orden en todas las calles del centro”, señaló.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | “Los últimos días se ha desbordado el comercio ambulante, el comercio informal, y el día de hoy vamos a empezar a poner orden en todas las calles del centro”, explicó a Los Reporteros MX, Carlos Cervantes Godoy (@carlos_c_godoy), Coordinador General… pic.twitter.com/Pr5KqvWaRd
Además, el operativo incluye la revisión de permisos para mesas colocadas fuera de los establecimientos formales y un llamado a los motociclistas para estacionarse únicamente en lugares habilitados, evitando banquetas y espacios peatonales.
📹 #Vídeo | La Consejera Jurídica, Eréndira Cruz Villegas y la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, revisan los permisos de las mesas que se encuentran fuera de los establecimientos en el Centro Histórico. pic.twitter.com/XvbzU8GMp5
📹 #Vídeo | El Secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, la Consejera Jurídica, Erendira Cruz Villegas y la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, instan a dueños de motocicletas, a estacionarse en los espacios correspondientes. pic.twitter.com/HGwAzju0iY
Denuncias contra extorsión y mediación entre partes
En respuesta a preguntas sobre extorsiones hacia comerciantes formales, realizadas por Los Reporteros MX, Cravioto subrayó la importancia de denunciar estos casos. Aseguró que ya se han entablado diálogos con representantes de ambos sectores –comerciantes establecidos y ambulantes– para buscar soluciones a este problema.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | A pregunta expresa de #LosReporterosMX sobre el tema de la extorsión hacia los comerciantes formales, el Secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto (@craviotocesar) aseguró que se debe denunciar cuando vendedores informales amenazan a… pic.twitter.com/hr0bwNXU3a
Carlos Cervantes Godoy, por su parte, reafirmó el compromiso de la Autoridad del Centro Histórico de recuperar la funcionalidad y seguridad del espacio público, mientras continúan estas acciones coordinadas con distintos niveles de gobierno.
Con este megaoperativo, las autoridades capitalinas buscan no solo liberar las calles del comercio irregular, sino también fortalecer la seguridad en una zona frecuentada por locales y turistas. El gobierno de la CDMX reafirma así su compromiso con el orden y la convivencia pacífica en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.
Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana, lidera en la percepción positiva según una encuesta realizada por Enkoll y publicada por El País y W Radio. Harfuch obtuvo el 77% de opiniones favorables entre quienes lo conocen, lo que lo posiciona como el funcionario con el saldo de opinión más alto (+65) en comparación con otras figuras públicas.
Este reconocimiento coincide con su participación clave en la estrategia de seguridad desplegada en Sinaloa. El miércoles 18 de diciembre, Harfuch, en conjunto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó una reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Durante este encuentro, se evaluaron las acciones implementadas por los tres niveles de gobierno para combatir la violencia generada por el crimen organizado en la región.
Desde la implementación de la estrategia especial de seguridad en Sinaloa, las autoridades han intensificado la presencia de elementos de las fuerzas armadas, logrando importantes decomisos y detenciones. En los últimos 100 días, se han confiscado más de mil armas de fuego, incluidas 765 largas y 140 cortas, además de 249 mil cartuchos, 160 granadas y otros artefactos explosivos. Asimismo, destaca un decomiso histórico de fentanilo, reforzando la lucha contra el narcotráfico en la entidad.
El despliegue de seguridad también ha fortalecido la protección en eventos masivos y durante las celebraciones de fin de año, un periodo marcado históricamente por enfrentamientos entre grupos delictivos.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció su colaboración con el Gobierno federal en el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir la violencia en el país. En un comunicado difundido el 17 de diciembre, el organismo eclesiástico informó que las iglesias católicas abrirán sus puertas para recibir armas de fuego de manera voluntaria y segura.
El programa propone la instalación de módulos en los atrios de las iglesias donde la población podrá entregar armas a cambio de una compensación económica. Este mecanismo garantiza que no se realicen investigaciones previas contra quienes entreguen el armamento, promoviendo la confianza y la participación ciudadana.
“Es momento de transformar el dolor en esperanza y las armas en oportunidades de paz. Como Iglesia, reafirmamos nuestro compromiso con el perdón, la reconciliación y la construcción de un México próspero y en paz”, señaló la CEM en el comunicado, agregando que su compromiso es clave para fortalecer la estrategia de pacificación.
Durante la conferencia mañanera del 17 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de la iniciativa como una vía para atacar las causas de la violencia desde sus raíces.
“Queremos que la gente se acerque de manera voluntaria, sin temor a represalias, y reciba un apoyo económico a cambio del arma que entregue. Lo importante es desarmar, prevenir y construir una cultura de paz”, puntualizó Sheinbaum.
La colaboración entre el Gobierno y la Iglesia católica busca no solo disminuir la cantidad de armas en circulación, sino también fomentar una reflexión profunda en la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para construir un entorno más seguro y armónico.
Este esfuerzo conjunto refuerza el compromiso de instituciones públicas y religiosas para avanzar hacia un México libre de violencia, donde el diálogo y la reconciliación se conviertan en herramientas esenciales para el cambio.
El empresario Ricardo Salinas Pliego se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras anunciar una controvertida medida que prohíbe a los colaboradores y productores de TV Azteca utilizar el “lenguaje woke” en sus programas de noticias. El mensaje, difundido el pasado 17 de diciembre a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), fue calificado por muchos como un acto de censura que refleja una postura autoritaria y contraria a los principios de inclusión y libertad de expresión.
En tono sarcástico, Salinas escribió: “Los televidentes y televidentas, a través del dueño y la dueña de TV Azteca/Azteco, le solicitan a los productores y productoras de noticias que den instrucciones a sus presentadores y presentadoras… QUE DEJEN DE USAR EL ‘LENGUAJE WOKE’.”
A mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser “diferentes” en un mundo lleno de insensatez… es valentía, no caigan en tratar de encajar y ser normales.
Démosle a nuestros televidentes la opción de ver algo distinto, por favor ayúdenme a ayudar!!! pic.twitter.com/2u1aY4A0f4
Este llamado a eliminar el uso de un lenguaje más inclusivo desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios evidenciaron la contradcción del empresario quien, hace unos días, reunido con el presidente Milei, gritaba “¡Viva la libertad!”, y hoy censura a sus empleados.
El wey que andaba gritando en Argentina que viva la libertad está prohibiendo. 😳
Uno de los puntos más señalados por los críticos es que TV Azteca opera bajo una concesión estatal, lo que implica que, aunque sea una empresa privada, debe cumplir con ciertas obligaciones relacionadas con la pluralidad y el respeto a los derechos de las audiencias.
Un usuario recordó este aspecto en su comentario: “Su empresa utiliza una concesión proporcionada por el Estado mexicano (sujeta a reglas) y, para adquirirla, recibió un préstamo del hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, préstamo que nunca pagó.” (@CarlosDPicos).
Otro usuario agregó: “Sí es su empresa, sí es su dinero, pero la señal que utiliza es concesionada por el Estado. Los contenidos deben cumplir con requisitos mínimos.” (@HERRTOT).
Un discurso que busca dividir
El rechazo hacia la postura de Ricardo Salinas Pliego no solo se centra en el contenido de sus mensajes, sino también en el tono despectivo y autoritario con el que se dirige a quienes no comparten su visión. Su declaración, “mi empresa, mi dinero, mis reglas”, fue interpretada como una forma de imponer su voluntad y censurar ideas que no se alinean con su perspectiva personal.
En este contexto, usuarios de redes sociales criticaron la desconexión de Salinas con las audiencias modernas: “Lo ideal es no consumir TV Azteca. Ahí veremos qué lenguaje utiliza, porque de por sí su contenido es bastante pobre.” (@Caborkian).
El impacto de la censura en los medios de comunicación
La decisión de Salinas Pliego de vetar el “lenguaje woke” en TV Azteca no solo genera preguntas sobre la pluralidad en los contenidos que produce la televisora, sino que también subraya el impacto de las decisiones empresariales en una industria que debería garantizar espacios diversos y respetuosos para todas las audiencias.
Para muchos, este tipo de medidas envía un mensaje negativo, especialmente en un contexto donde el lenguaje inclusivo es una herramienta para reconocer la diversidad y construir sociedades más equitativas.
Nicolás Magdaleno Pantaleón, coordinador del Mando Único en Córdoba, fue separado de su cargo tras la celebración de una posada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que desató la polémica. Durante el evento, llevado a cabo en las instalaciones policiales, una bailarina exótica vestida como Santa Claus realizó un espectáculo, generando indignación y cuestionamientos hacia la corporación.
La posada, organizada el pasado fin de semana, reunió a jefes operativos, personal administrativo, mujeres policías y autoridades del Ayuntamiento de Córdoba, aunque la policía municipal se deslindó de cualquier relación con el festejo.
Tras la difusión de un video del espectáculo, las oficinas centrales de la SSP, ubicadas en Xalapa, enviaron a personal de Asuntos Internos a las instalaciones del Mando Único para investigar tanto la contratación de la bailarina como el origen de la filtración del material audiovisual.
El deslinde de responsabilidades y el impacto interno
Pantaleón negó haber contratado a la bailarina y atribuyó el incidente a “la tropa”. Sin embargo, elementos de la corporación declararon que no cuentan con los recursos para costear servicios de este tipo. Este conflicto terminó con la remoción del funcionario, quien fue reasignado al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata.
El puesto dejado por Magdaleno Pantaleón será ocupado de forma interina por Juan Hernández Rivera, conocido como “Furia”, mientras el titular de la SSP, Alfonso Reyes Garcés, designa a un nuevo delegado para la región.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanzan en una polémica reforma que busca suprimir las Direcciones Sectoriales de Trabajadores y Empresarial. Estas entidades, calificadas como carentes de funciones sustantivas pero con elevados ingresos, han sido señaladas por ser fuente de enriquecimiento para algunos de sus directivos.
Actualmente, los titulares de estas direcciones perciben ingresos muy superiores al salario de la presidenta de México. Un ejemplo de ello, de acurdo a una investigación de Sin Línea MX, es Carlos Gutiérrez Ruiz, responsable de la Dirección Sectorial Empresarial, que recibe un salario mensual de 262 mil pesos, cifra que casi duplica el sueldo de Claudia Sheinbaum, quien gana 140 mil pesos mensuales. Además, se reporta que los integrantes de estas direcciones reciben un bono adicional de 60 mil pesos por asistir a sesiones del Consejo General del Infonavit, sin que estas posiciones impliquen responsabilidades significativas.
Cuestionamientos por privilegios y opacidad
Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, ha sido uno de los principales promotores de esta reforma. En una conferencia de prensa, calificó a estas direcciones como un obstáculo para la transparencia. “No tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la presidenta de la República”, enfatizó.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, estas direcciones también acumulan gastos excesivos en viajes y viáticos, además de resistirse a la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Carlos Martínez, exdirector del Infonavit, denunció previamente que algunos representantes sectoriales incluso buscaron ampararse para evitar auditorías.
Antecedentes: vínculos con constructoras cuestionadas
Carlos Gutiérrez Ruiz, un personaje clave en esta polémica, ha ocupado cargos de relevancia durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, entre ellos el de director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Durante su gestión, fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, que más tarde se declararon en quiebra, dejando miles de viviendas abandonadas y a trabajadores con deudas imposibles de pagar.
El caso de Casas Geo, una de las empresas más favorecidas en la administración de Fox, es representativo de los abusos cometidos. Promesas de vivienda digna terminaron en desarrollos habitacionales abandonados que afectaron el patrimonio de miles de mexicanos. Este patrón se replicó en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dejando un grave rezago habitacional.
Oposición empresarial y sindical
Sectores como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han manifestado su rechazo a esta reforma. Argumentan que la desaparición de las Direcciones Sectoriales afecta sus intereses y reduce su capacidad de representación en el Infonavit.
Sin embargo, el gobierno defiende que la medida busca redirigir los recursos hacia los trabajadores, eliminando intermediarios que solo representan costos innecesarios. Según Octavio Romero, la reforma permitirá una gestión más eficiente y transparente, enfocada en resolver las necesidades reales de vivienda.
Un sistema en transición
Mientras el debate continúa, la reforma al Infonavit pone de manifiesto la urgencia de un cambio en el manejo de los recursos públicos y el combate a los privilegios. Aunque los sectores afectados han levantado su voz en contra, la propuesta avanza con la promesa de beneficiar directamente a los trabajadores, cerrando una etapa de opacidad y excesos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno federal continuará presentando denuncias administrativas y penales contra los actos de corrupción detectados en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Rechazó que este tema tenga un trasfondo político y subrayó que las reformas al instituto buscan proteger el ahorro de los trabajadores, fomentar la construcción de vivienda social y garantizar la transparencia en las operaciones del organismo.
Sheinbaum negó las acusaciones de la oposición sobre una supuesta intención de apropiarse de los fondos del instituto. “Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición. Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función, que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein reiteró que con la reforma al @Infonavit se protegerá el ahorro de los trabajadores y se construirá vivienda social. “Contrario a lo que está diciendo la oposición, de que quiere haber una apropiación de los fondos, todo lo… pic.twitter.com/YKuChoWUFC
La mandataria indicó que el instituto procederá con las denuncias correspondientes por los casos de corrupción que se han detectado, muchos de los cuales, afirmó, se originaron en administraciones anteriores. Sin embargo, descartó que el asunto sea de naturaleza política, a pesar de los cuestionamientos en torno a posibles responsabilidades de ex directores generales.
“Lo quieren hacer político, pero no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores”, sostuvo. También señaló que la corrupción más significativa ocurrió durante el último periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque reconoció que estas prácticas tienen raíces en administraciones anteriores.
Asimismo, Sheinbaum propuso reformar la ley para devolver la rectoría del instituto al director general, ya que actualmente no cuenta con esta facultad. También planteó la eliminación de dos direcciones sectoriales, la empresarial y la sindical, al considerarlas innecesarias, aunque insistió en que el Infonavit seguirá siendo un organismo tripartito con participación de trabajadores, empresarios y gobierno.
Oposición y Transparencia
La presidenta señaló que, en el pasado, las representaciones empresariales y sindicales, junto con algunas instancias gubernamentales, obstaculizaron auditorías al instituto bajo el argumento de que los fondos de los trabajadores eran privados. “Esta investigación, y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero —actual director general— va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”, explicó.
Sheinbaum resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca estas irregularidades, ya que, según afirmó, representaron un negocio privado en el que participaron representaciones empresariales y laborales. También cuestionó por qué el INAI no intervino en el tema y criticó la postura de los sectores opositores que ahora señalan a su gobierno.
“¿Por qué el INAI, que tanto defendían, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿Por qué no permitieron que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? No hay argumentos sólidos”, subrayó.
Finalmente, reafirmó que el objetivo de su gobierno es garantizar la transparencia en el manejo del Infonavit y proteger los derechos de los trabajadores.
