A casi dos meses de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo goza de un sólido respaldo ciudadano. Según una encuesta nacional en vivienda realizada por Buendía & Márquez para El Universal, la mandataria tiene una aprobación del 74%, consolidando lo que se considera un evidente apoyo de la ciudadanía en esta etapa inicial de su gobierno.
El apoyo hacia Sheinbaum Pardo es especialmente alto entre los simpatizantes de Morena, donde alcanza el 89%. Sin embargo, su aprobación también se extiende a sectores independientes (61%) e incluso a ciudadanos identificados con partidos de oposición, donde logra un sorprendente 56% de aprobación frente a un 29% de desaprobación. Este respaldo de sectores opositores e independientes destaca como uno de los aspectos más notables de su liderazgo inicial, aunque los expertos advierten que este escenario podría cambiar conforme se acerquen los próximos comicios federales.
Consenso en diferentes grupos sociales
En términos sociodemográficos, Sheinbaum Pardo mantiene niveles de apoyo consistentes en distintos sectores. Entre las personas con menor escolaridad, el respaldo llega al 81%, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 años y las amas de casa registran un 79% de aprobación. Estos datos reflejan que su aceptación trasciende edades, niveles educativos y roles sociales, destacando la percepción generalizada de optimismo hacia su administración.
Los datos reflejan un panorama alentador para la presidenta, reflejando la representación de los mexicanos que acompañan a la 4T.
En la 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, México destacó por su llamado a destinar el 1% del gasto militar mundial a un programa global de reforestación. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el G20, busca recuperar 15 millones de hectáreas de bosques y capturar millones de toneladas de dióxido de carbono como estrategia clave para mitigar el cambio climático.
Un compromiso global liderado por México
Durante el cierre de los trabajos el 23 de noviembre, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, reiteró el compromiso de México con la justicia climática y la transición hacia un futuro sostenible.
En su intervención, el subsecretario reafirmó que México mantiene la meta de alcanzar cero emisiones netas para 2050, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París. También subrayó que el Plan Nacional de Energía contempla que más del 40% de la generación eléctrica provenga de fuentes limpias para 2030, con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Justicia climática y equidad intergeneracional
Ochoa destacó la importancia de integrar la equidad intergeneracional como un pilar fundamental para la justicia climática, instando a que se garanticen recursos adecuados para implementar estrategias de mitigación.
En este sentido, la delegación mexicana, integrada por funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, junto con representantes de la Cámara de Diputados, la sociedad civil y el sector privado, participó activamente en la discusión sobre la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático (NCQG, por sus siglas en inglés).
Financiamiento climático insuficiente
Durante la conferencia, se acordó que los países desarrollados aportarán 300 mil millones de dólares anuales para los países en desarrollo hasta 2035. Sin embargo, esta cifra queda lejos de los 1.3 billones de dólares que, según estimaciones, se necesitan para enfrentar los efectos del cambio climático en estas naciones.
Adicionalmente, se definieron procedimientos relacionados con el mercado de carbono y se tomaron decisiones relevantes en materia de género y cambio climático, reafirmando la necesidad de que las políticas climáticas sean inclusivas y equitativas.
Próximos pasos en la agenda climática
La próxima Conferencia de las Partes (COP30) se llevará a cabo en Belém do Pará, Brasil, en 2025, donde se espera avanzar en las metas de financiamiento climático y en la implementación de los acuerdos alcanzados en Bakú.
Con propuestas como la reforestación financiada por recursos del gasto militar y la transición a energías limpias, México busca posicionarse como un actor clave en los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Patricia Aguayo Bernal, conocida por ser la vocera de los trabajadores que encabezaron el rechazo a la Reforma al Poder Judicial, sorprendió al anunciar su postulación como candidata para una magistratura en la elección del 1 de junio de 2025. La noticia ha generado interrogantes debido a la contradicción que representa su decisión, ya que participará en un sistema que previamente calificó como perjudicial para la independencia judicial.
Durante meses, Aguayo Bernal se posicionó como una de las figuras más visibles en la lucha contra la Reforma Judicial. Encabezó el paro laboral que se mantuvo desde agosto hasta el 11 de noviembre, en protesta por lo que consideraba un ataque a la estabilidad y autonomía del Poder Judicial. La reforma establece un sistema de elección para jueces, magistrados y ministros, el cual fue uno de los principales puntos de oposición de los trabajadores judiciales.
Sin embargo, en una reciente asamblea del Frente Cívico Nacional, Aguayo Bernal declaró su intención de postularse para una magistratura, argumentando que su participación busca evidenciar irregularidades en el proceso: “Es lo que pretendemos demostrar, si no quedamos, si no nos escogen, es evidentemente porque va a haber mano negra de Morena”.
Incongruencias en su postura
La decisión de Aguayo Bernal contradice sus propias declaraciones realizadas durante el paro y en diversos foros, donde cuestionó la legitimidad del nuevo sistema de elección derivado de la reforma. Aunque previamente calificó estas reglas como una amenaza al Estado de derecho, ahora se inscribe como participante activa en el proceso que criticó.
En su discurso, Aguayo Bernal justificó este cambio argumentando que las “reglas del juego han cambiado” y que su postulación es una forma de enfrentar el nuevo sistema desde dentro: “Yo me voy a inscribir para participar en la elección en un cargo de magistratura, es en lo que me voy a inscribir.”
Contexto de la Reforma Judicial
La Reforma al Poder Judicial introdujo un mecanismo de elección popular para jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de democratizar el acceso a los cargos judiciales. Este sistema ha sido objeto de debate debido a las posibles implicaciones que podría tener sobre la independencia del Poder Judicial.
Aguayo Bernal fue una de las principales voces en contra de este modelo, argumentando que se trataba de una estrategia política para someter al Poder Judicial a los intereses del partido en el gobierno. No obstante, su postulación implica aceptar las reglas de un sistema que ella misma describió como ilegítimo. Si bien su derecho a postularse está garantizado, su candidatura representa un giro inesperado para alguien que lideró la resistencia contra la misma reforma que ahora busca aprovechar para su beneficio político.
El exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, ha manifestado su interés en convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el mecanismo de elección popular que introdujo la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, su postulación podría verse truncada debido a una sentencia penal en su contra en Barcelona, España, que pone en entredicho su elegibilidad.
Cambio de postura ante la reforma judicial
A pesar de haber criticado anteriormente la reforma judicial, Gil Zuarth justificó su cambio de opinión durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, argumentando que las “reglas del juego han cambiado”. Según él, participar en este nuevo sistema es necesario para defender la estabilidad y el patrimonio del sistema judicial mexicano.
“Son las reglas del juego. No nos podemos quedar en casa. Los jueces y magistrados tienen su historia y estabilidad pendiendo de un hilo. ¿Cómo lo vamos a defender?”, expresó Gil Zuarth en el programa.
Antecedentes penales en Barcelona
A pesar de su interés en el máximo tribunal, una sentencia penal de 2011 emitida en España podría impedir que el político panista acceda a este cargo. Documentos obtenidos por el medio Sin Embargo Mx revelan que Gil Zuarth fue condenado por los delitos de lesiones contra un ciudadano y agresión a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, así como por daños a una propiedad privada.
El incidente ocurrió el 28 de diciembre de 2006 en la discoteca Sala Luz de Gas, en San Gervasi, Cataluña. Durante el altercado, Gil Zuarth fue sentenciado a pagar una indemnización de 2,900 euros a tres policías y a un vigilante del lugar.
Implicaciones legales para su postulación
Aunque la Constitución mexicana no impide explícitamente que una persona con antecedentes penales en otro país aspire a un cargo en el Poder Judicial, establece que los candidatos deben gozar de “buena reputación” y no haber cometido delitos que “lastimen la buena fama en el concepto público”.
El artículo establece: “No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.
Este criterio podría ser utilizado como un precedente para inhabilitar la postulación de Gil Zuarth a la SCJN o cualquier otro cargo en el PJF.
La Presidencia de la República ha emitido una convocatoria oficial dirigida a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para un encuentro que se realizará el próximo miércoles 4 de diciembre en Palacio Nacional. De llevarse a cabo, este será el primer diálogo formal entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los familiares de los estudiantes, en un esfuerzo por avanzar en el esclarecimiento del caso que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en México.
En el oficio entregado a los convocados, la mandataria expresa su disposición para mantener el diálogo, reforzar el compromiso de conocer la verdad y garantizar que se haga justicia en este caso emblemático. Además, la Presidencia sugiere que los interesados se pongan en contacto con el Centro de Atención Integral del estado de Guerrero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a más tardar el 27 de noviembre, con el fin de gestionar cualquier apoyo necesario para su asistencia y el registro en el evento.
Los familiares de los estudiantes recibieron el documento y Felipe de la Cruz, vocero de uno de los grupos de padres, aseguró a medios que están dispuestos a asistir siempre y cuando existan garantías de que el diálogo será fructífero.
Una reunión de alta relevancia
El caso Ayotzinapa ha sido uno de los más controvertidos y dolorosos de las últimas décadas en México. Las familias de los jóvenes han mantenido una lucha constante por la verdad, enfrentando obstáculos legales y sociales.
Este primer acercamiento con Claudia Sheinbaum representa una oportunidad clave para dar continuidad a los esfuerzos en la búsqueda de justicia y para fortalecer el compromiso del gobierno federal con la resolución del caso.
La reunión, programada para las 13:00 horas en Palacio Nacional, se presenta como un espacio crucial para la comunicación directa entre la presidenta y los familiares, quienes esperan avances significativos en las investigaciones y en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en años recientes.
Después de que se llevará el Operación Enjambre, un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales que busca desarticular redes de apoyo a grupos criminales dentro de los gobiernos municipales en el Estado de México, en el que se detuvo a una alcaldesa y otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, este domingo se llevarán a cabo las audiencias iniciales para la formulación de imputación, entre los detenidos se encuentra un presidente honorífico del Sistema DIF.
Los detenidos enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones delictivas como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y grupos delictivos de Tepito.
Despliegue masivo de fuerzas de seguridad
El operativo movilizó a 1,500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre los detenidos el pasado viernes se encuentran:
Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de la policía de Amanalco.
Eraclio Campuzano, director de Seguridad y Tránsito de Tejupilco.
María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco.
Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan.
Ellery Guadalupe Figueroa, presidente honorífico del DIF de Tonatico.
El director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, se suicidó al momento de ser detenido. Según las autoridades, el funcionario se disparó en la cabeza mientras agentes cumplían con la orden de aprehensión en su contra.
Un operativo en desarrollo
De las 14 órdenes de aprehensión libradas, hasta el sábado faltaban por ejecutarse siete. Entre los funcionarios aún no localizados figuran Rosario Matías Esquivel, presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos (PRD), un comandante de Jilotzingo y dos funcionarios de Coacalco.
La FGJEM informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio, cometidos mientras facilitaban operaciones de grupos criminales.
Red de apoyo criminal en municipios mexiquenses
El despliegue de las fuerzas de seguridad se concentró en municipios estratégicos como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Tejupilco, Naucalpan y Texcaltitlán. Las autoridades buscan desmantelar estructuras municipales que habrían brindado apoyo logístico y operativo a organizaciones como La Familia Michoacana, el CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
Procedimientos legales en curso
Tras su detención, los implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ahora, será responsabilidad de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) determinar su situación legal en las próximas audiencias, mientras la FGJEM avanza en las investigaciones para fortalecer las pruebas presentadas.
El caso resalta la preocupación por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales municipales y pone en el centro del debate la necesidad de medidas contundentes para combatir esta problemática.
En una decisión trascendental, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desestimaron al menos 275 impugnaciones promovidas contra la Reforma Judicial. Los recursos, presentados por jueces y ciudadanos, buscaban cuestionar la legalidad de los procesos establecidos por el Senado para los comicios del Poder Judicial de 2025.
Además, el Tepjf ratificó la convocatoria para integrar los listados de 5,410 aspirantes a cargos de ministros, magistrados y jueces. Esta convocatoria, que cerrará el próximo 24 de noviembre, es un paso clave en la preparación de las elecciones judiciales.
Decisión dividida en el pleno
La resolución fue adoptada por mayoría, con tres votos a favor de las magistraturas Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Por otro lado, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra, argumentando irregularidades en el proceso.
Otálora y Rodríguez cuestionaron aspectos como la falta de paridad de género, la carencia de criterios uniformes para la evaluación de los candidatos y problemas en el proceso de insaculación, comúnmente conocido como “tómbola judicial”. Rodríguez Mondragón enfatizó que el procedimiento violó la Constitución al no considerar criterios específicos, como las vacantes por distrito judicial y la especialización por materia.
Convocatoria y evaluación bajo escrutinio
Según el Tepjf, los procesos de convocatoria, insaculación y la conformación de los comités de evaluación se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, los magistrados disidentes señalaron que los requisitos establecidos por los comités varían significativamente, lo que podría generar desigualdad entre los aspirantes.
En un punto de consenso, el pleno acordó por unanimidad vincular al Senado para que emita una regulación específica sobre la adscripción de personas juzgadoras ya seleccionadas pero aún sin asignación a un circuito judicial.
El Tribunal Electoral concluyó que no se aplicarán objeciones a los acuerdos del Senado en relación con el proceso de los comicios. Este respaldo valida las reglas establecidas y permite que el proceso continúe conforme a los plazos previstos.
En un preocupante episodio que pone en entredicho el respeto a la libertad de prensa, cinco repartidores del periódico ON Noticias fueron detenidos sin causa aparente por la Policía Municipal de Rioverde, San Luis Potosí. Este acto ha sido señalado como un atentado a la libertad de expresión y ha generado un amplio repudio hacia el alcalde Arnulfo Urbiola Román, quien enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El equipo de ON Noticias responsabilizó al alcalde de cualquier consecuencia que puedan sufrir las personas detenidas, calificando la acción como un acto arbitrario que refleja una estrategia para silenciar voces críticas. Organismos como la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección a Periodistas y diversas asociaciones defensoras de la libertad de expresión ya tienen conocimiento de lo sucedido y se espera que intervengan para garantizar la seguridad de los afectados.
Un patrón de represalias políticas
No es la primera vez que el alcalde Arnulfo Urbiola Román es acusado de tomar medidas en contra de sus críticos. En un caso reciente, el Ayuntamiento de Rioverde clausuró el negocio de Ramón Torres García, diputado local con licencia, bajo el argumento de irregularidades en el uso de suelo.
La clausura ocurrió este miércoles alrededor de las 15:00 horas en un establecimiento especializado en la venta de alimento para animales, ubicado en la calle Madero Sur. Empleados del negocio mostraron todos los documentos que acreditaban el cumplimiento de las normativas, pero los funcionarios municipales insistieron en que el permiso de uso de suelo no era adecuado. “Tiene que acudir al municipio a ver el tema, nosotros no podemos hacer nada”, fue la justificación antes de proceder con la colocación de sellos.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del Nuevo Puerto Manzanillo Cuyutlán, un ambicioso proyecto de infraestructura marítima que busca consolidar al puerto de Manzanillo como el más importante de México. El proyecto contará con una inversión conjunta público-privada de 63 mil millones de pesos, destinada a fortalecer la capacidad operativa y la competitividad del puerto, al tiempo que se busca mitigar los impactos ambientales y sociales de su funcionamiento.
Durante el evento, Sheinbaum también inauguró el segundo acceso a la zona norte del puerto, una obra clave para mejorar la conectividad terrestre de esta infraestructura estratégica.}
El acto protocolario contó con la presencia de los secretarios de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, así como de integrantes del gabinete federal. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, fue la única oradora del evento. En su discurso, destacó el respaldo del gobierno federal para el desarrollo del puerto, asegurando que esta inversión traerá beneficios directos a la población y fortalecerá el bienestar de las comunidades cercanas.
Detalles de la inversión
El proyecto se llevará a cabo en dos etapas, con una combinación de recursos públicos y privados:
Primera etapa:
Inversión pública: 9 mil millones de pesos.
Inversión de la Secretaría de Marina: 1,631 millones de pesos.
Inversión privada: 20,885 millones de pesos.
Segunda etapa:
Inversión pública: 4,425 millones de pesos.
Inversión privada: 27,582 millones de pesos.
Obras proyectadas
La inversión pública está destinada a una serie de obras de gran alcance, entre las que destacan:
Construcción de una nueva terminal de almacenamiento y distribución de Pemex.
Desarrollo de una nueva terminal marítima de Pemex.
Dragado de construcción Fase 1.
Preparación de terminales de contenedores 03 y 04.
Acondicionamiento de áreas de reserva para el desarrollo del puerto.
Creación de terminales especializadas en contenedores 05 y 06.
Conectividad terrestre y recinto de hidrocarburos Fase 1.
Por su parte, la inversión privada estará destinada a la construcción de terminales especializadas de contenedores 03, 04 y 05, que incrementarán la capacidad operativa del puerto y facilitarán el comercio internacional.
Desarrollo económico y social
La ampliación del puerto no solo tiene implicaciones económicas; también se han diseñado estrategias para garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades locales. Según Vizcaíno, este proyecto refleja el compromiso del gobierno con un desarrollo sostenible que equilibre el crecimiento económico con la mejora del bienestar social y la protección del medio ambiente.
El puerto de Manzanillo es clave para el comercio exterior de México, al manejar un alto volumen de importaciones y exportaciones, principalmente desde Asia. La ampliación busca posicionarlo como líder en América Latina, impulsando la economía nacional y fortaleciendo la infraestructura portuaria.
En un caso que ha generado gran interés público, Marilyn Cote, acusada de hacerse pasar por psiquiatra, fue vinculada a proceso tras ser detenida el pasado 21 de noviembre en Tlaxcala. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la mujer enfrenta los cargos de usurpación de funciones y falsificación de documentos, presuntos delitos que la mantienen bajo prisión preventiva justificada.
Un juez de Control determinó que permanecerá detenida al menos dos meses mientras las autoridades ministeriales realizan la investigación complementaria. Este plazo servirá para reunir elementos que esclarezcan las imputaciones en su contra. Cabe destacar que su vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino el inicio formal del juicio que determinará su responsabilidad legal.
Clausura de consultorio y denuncias
La detención de Marilyn Cote se produjo tras una serie de denuncias ciudadanas y una investigación de la FGE que reveló irregularidades en su práctica profesional. Su consultorio, ubicado en Torres Médicas 2 del Hospital Mac, en Puebla, fue clausurado por la Secretaría de Salud y Asistencia debido a las actividades ilegales que ahí se realizaban.
La mujer fue señalada en redes sociales por ofrecer consultas y medicamentos psiquiátricos sin contar con los permisos ni la formación necesaria para ejercer como profesional de la salud. Hasta el momento, enfrenta al menos nueve denuncias penales relacionadas con diferentes presuntos delitos.
La prisión preventiva justificada otorgada por el juez tiene como objetivo garantizar la continuidad de las indagatorias y evitar que la acusada interfiera en el proceso judicial. Mientras tanto, las autoridades trabajan en reunir pruebas que fortalezcan el caso.
