Entre los detenidos hay cuatro mexicanos y dos guatemaltecos; las autoridades aseguraron armas, miles de cartuchos y equipo táctico en la carretera Tapilula-Rayón.
Chiapas registró un duro golpe contra el Cártel de Sinaloa, luego de que autoridades federales y estatales detuvieran a seis presuntos integrantes del grupo criminal mientras viajaban en una camioneta Nissan Frontier que transportaba un arsenal completo y equipo táctico. La detención se realizó en el tramo carretero entre Tapilula y Rayón, a la altura del hotel Las Cabañitas, tras un intento de fuga de los sospechosos al detectar la presencia de uniformados.
Entre los detenidos se encuentran cuatro mexicanos: Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, así como dos guatemaltecos: Adolfo “N” y Junior “N”. Los sujetos se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas.
Durante el operativo se aseguraron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, más de mil 800 cartuchos de distintos calibres, 36 cargadores de plástico y 20 metálicos, además de chalecos balísticos, cascos, uniformes tácticos, un marro brechador y 220 poncha llantas metálicos.
Los seis presuntos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación legal por los posibles delitos cometidos.
El operativo contó con la participación de la Guardia Estatal Preventiva de la SSP de Chiapas, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN), quienes destacaron que esta acción representa un golpe importante a la logística delictiva del Cártel de Sinaloa en la región.
¡Se acabó el negocio de legislar a espaldas de la población discapacitada!
Por Ricardo Sevilla
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará su primera audiencia pública y consultará a personas con discapacidad, en el marco de la AI 182/2024.
Pero le digo más: esta primera audiencia pública es más que un acto de transparencia: es la culminación de una batalla legal y social por la dignidad y la participación de personas con discapacidad.
Seamos claros en los hechos.
Históricamente, el sistema jurídico mexicano, al igual que en gran parte del mundo, ha operado bajo un modelo médico-rehabilitador o, en el mejor de los casos, paternalista hacia las personas con discapacidad. Esto significa que las leyes y políticas se diseñaban para ellas, pero sin ellas, asumiendo que los expertos o el Estado sabían lo que era mejor.
Durante siglos, la discapacidad fue vista a través del lente del modelo de la caridad o médico, traduciéndose en una política pública y judicial de paternalismo: se les consideraba sujetos de asistencia y no de derechos plenos.
Y eso está por cambiar en México.
La SCJN, al abrir este espacio de diálogo, valida el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Este modelo establece que la discapacidad no es la deficiencia física o mental, sino el resultado de las barreras actitudinales y del entorno (físico, comunicacional, legal) que impiden la participación plena.
Es un logro que la SCJN cumpla su objetivo de tener una Corte de puertas abiertas, como había prometido la ministra Yasmín Esquivel.
El derecho a la consulta es el antídoto al paternalismo, ya que reconoce la capacidad de agencia de las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de actuar y tomar decisiones.
La decisión de la Corte, al abrir sus puertas, no solo impactará una ley local, sino que fijará la regla de oro para la legitimidad democrática de toda norma que afecte a personas con discapacidad. Una ley es legítima no solo por su contenido, sino por el proceso de su creación.
Es crucial que los ministros y ministras entiendan que escuchar no es un favor, sino la base mínima de un Estado de Derecho digno.
El primer apoyo de 20 mil pesos se entregará del 22 de octubre al 5 de noviembre, mientras tanto continúa el censo de viviendas afectadas en cinco estados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México destinará 10 mil millones de pesos para otorgar apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas por las lluvias extraordinarias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, sin incluir los recursos de la aseguradora Agroasemex S.A., que apoyará la reconstrucción de escuelas, clínicas y caminos.
Como parte del Plan Integral de Apoyo, se entregará un primer apoyo de 20 mil pesos a los afectados en Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz del 22 al 29 de octubre, y en Hidalgo del 25 de octubre al 5 de noviembre, una vez que finalice el censo local. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta el 19 de octubre habían sido censadas 70 mil 445 viviendas: 43 mil 578 en Veracruz, 10 mil 811 en Puebla, 5 mil 056 en Hidalgo y 2 mil 062 en Querétaro, con Querétaro, Puebla y San Luis Potosí concluidos.
Además del apoyo económico, se entregarán vales de enseres y canasta alimentaria, y para reconstrucción de viviendas se otorgarán 25 mil pesos por daños medios, 40 mil por daños mayores y 70 mil por pérdida total, mientras que Sedatu reubicará viviendas en zonas de riesgo. Los locales comerciales recibirán 50 mil pesos y el sector agropecuario apoyos de 50 a 100 mil pesos según hectáreas.
En educación, se entregarán 350 pesos para útiles escolares a 190 mil estudiantes y se intervendrán 750 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra, con una inversión adicional de 200 mil pesos. Asimismo, 282 clínicas serán reconstruidas con 500 mil pesos adicionales a los seguros existentes.
Para la reconstrucción se emplearán 50 mil personas de noviembre a febrero con un salario de 8 mil 500 pesos, y 5 mil jóvenes de 18 a 29 años participarán en brigadas de limpieza a través de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El organismo sustituye al IFT y busca garantizar conectividad, democratizar el espectro y supervisar servicios de internet, televisión y radio.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició funciones el 17 de octubre, tras la entrada en vigor del nuevo marco legal en telecomunicaciones, que derogó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cerró operaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez, se convirtió en la primera mujer al frente de un regulador del sector desde la creación de la Cofetel en 1996. Con más de 20 años de experiencia en gobierno digital, política de conectividad e infraestructura tecnológica, Solano ha trabajado en normatividad tecnológica, simplificación administrativa y transformación digital; en 2019 fue directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del C5 CDMX.
Según el Decreto publicado en el DOF el 16 de julio de 2025, la CRT funcionará como un organismo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), tomando las funciones del IFT: regular, supervisar y promover el uso del espectro radioeléctrico, recursos orbitales, servicios satelitales y telecomunicaciones, así como fomentar la inversión en el sector.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) entró en funciones este 17 de octubre, luego de que la Presidenta @Claudiashein nombró el día de ayer a Norma Solano Rodríguez como Comisionada Presidenta y que el Senado ratificó a las 5 personas comisionadas de la CRT.
La ley busca llevar conectividad a comunidades rurales, que han permanecido incomunicadas o con acceso limitado a internet. La CRT estará integrada por cinco comisionados, ratificados por el Senado, que forman un órgano multidisciplinario con experiencia en derecho de telecomunicaciones, servicios satelitales y regulación audiovisual.
Entre ellos destacan Ledénika Mackensie Méndez González, encargada de inclusión digital, y María de las Mercedes Olivares Tresgallo, responsable de libertad de expresión y derecho a la información. Adán Salazar Garibay y Tania Villa Trápala supervisarán el uso del recurso orbital y la democratización del espectro, promoviendo la participación de pequeños operadores y la eficiencia tecnológica.
Con este cambio, la CRT se consolida como la autoridad nacional para concesiones de espectro y regulación de internet, radio, televisión y sistemas satelitales, marcando un nuevo rumbo en la transformación digital y el acceso universal a las telecomunicaciones en México.
Con información de Jessika Becerra para La Jornada
El exfuncionario podrá seguir su proceso migratorio en libertad tras pagar fianza; no hay procedimiento de extradición vigente.
El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, señalado en México por presuntos sobornos en el caso Odebrecht, fue liberado en Estados Unidos sin ser entregado al país ni enfrentar un proceso de extradición.
Tras permanecer diez días detenido por autoridades migratorias estadounidenses, Treviño compareció ante un juez de la Corte de Migración el 26 de agosto, quien determinó otorgarle la libertad bajo fianza mientras continúa la revisión de su estatus migratorio y su solicitud de asilo. Actualmente, no existe ninguna solicitud de extradición en curso, y desde marzo de 2023, Interpol desactivó su ficha roja.
Treviño Medina fue director de Pemex entre noviembre de 2017 y 2018, designado por Enrique Peña Nieto, y desde 2018 trabajaba como Senior Management Consultant. La orden de aprehensión en México se basa en denuncias de Emilio Lozoya, aunque hasta la fecha no han prosperado por falta de pruebas. La Fiscalía General de la República mantiene los cargos por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recientemente, una jueza federal negó la solicitud de amparo presentada por Treviño contra la orden de aprehensión, decisión que su defensa calificó como “sorpresiva, apresurada y sin sustento”. La revisión de este caso ahora pasará a un tribunal colegiado.
El abogado de Treviño, Oscar Zamudio, aseguró que la negativa refuerza la necesidad de asilo político, argumentando que no existe un poder judicial independiente, y señaló irregularidades en la documentación presentada en la orden de aprehensión.
Mientras tanto, Treviño podrá permanecer en Estados Unidos durante el desarrollo completo de su proceso migratorio, sin riesgo de ser entregado a México hasta nuevo aviso.
El aseguramiento histórico, valorado en 30 millones de pesos, golpea directamente a las redes de huachicol en el estado y refuerza la coordinación de autoridades federales y estatales.
En un operativo conjunto, autoridades federales y estatales aseguraron 1.6 millones de litros de combustible robado en un inmueble ubicado junto a la carretera Silao-San Felipe, en lo que representa el mayor decomiso de hidrocarburos en la historia de Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) detalló que el combustible está valuado en 30 millones de pesos y se desglosa en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo, almacenados en nueve cisternas verticales.
En #Silao realizamos el mayor aseguramiento de hidrocarburos ilegales registrado en el estado; +1.6 millones de litros de combustibles, almacenados ilegalmente en tanques y vehículos. 🧵 pic.twitter.com/H1SEa9BHx1
Además del hidrocarburo, se aseguró una flotilla de distribución conformada por cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte, así como maquinaria y equipo: diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión.
El operativo fue resultado de denuncias ciudadanas e inteligencia policial, coordinado con la FGR, la Sedena, Guardia Nacional, SSPC federal y Seguridad Física de Pemex, subrayó la SSyP.
“Este decomiso representa un golpe histórico a las economías criminales dedicadas al huachicol, y evidencia el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia policial en Guanajuato”, destacó la Secretaría.El aseguramiento no solo evita que el combustible robado llegue al mercado ilegal, sino que también refuerza la estrategia de seguridad y combate al robo de hidrocarburos, consolidando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar esta práctica delictiva.
La Presidenta destacó atención inmediata, apoyo a familias, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento en cinco estados afectados.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes de trabajo del Gobierno de México para enfrentar la emergencia provocada por las lluvias extraordinarias en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí:
1. Atención a la emergencia
2. Apoyo a familias afectadas
3. Reconstrucción
4. Fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento de riesgos.
Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 20 de octubre, Sheinbaum puntualizó: “Se trata de la atención a la emergencia que aún no termina, el apoyo a la población, la reconstrucción y el fortalecimiento del Atlas de Riesgo y alertamiento a la población”.
El primer eje, Atención a la emergencia, incluye apertura de caminos, limpieza de calles, atención médica, limpieza de viviendas y aseguramiento del suministro de agua potable. Estas acciones son realizadas por más de 52 mil servidores públicos y voluntarios, en coordinación con autoridades estatales y municipales.
En cuanto al Apoyo a familias damnificadas, la Secretaría de Bienestar y los servidores de la nación realizan un censo de viviendas afectadas para entregar apoyos directos y oportunos a los hogares impactados por las lluvias.
El eje de Reconstrucción se enfoca en la reparación de caminos, puentes, ríos, plantas de tratamiento, viviendas, escuelas, clínicas e infraestructura productiva, asegurando que la actividad económica y la vida comunitaria se restablezcan lo antes posible.
Finalmente, en el Fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento, se robustecen los Comités Científicos de Riesgo, se actualizan los Atlas de Riesgo por estado y municipio, y se implementa un alertamiento digital directo a comunidades, mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
La mandataria recordó que el Gobierno de México trabaja en todas las zonas afectadas y continuará informando sobre los avances en la atención a la población afectada por las lluvias.
La empresa estatal reportó un avance del 98.72% en la reconexión del servicio en cinco estados, con más de 260 mil usuarios beneficiados y un despliegue operativo sin precedentes.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Emilia Esther Calleja Alor, informó que ha restablecido el suministro eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados por las fuertes lluvias en Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro y Puebla, beneficiando a 260 mil 80 hogares.
El organismo precisó que solo 3 mil 382 usuarios permanecen sin servicio, pero que el personal trabaja sin pausa para atender fallas puntuales casa por casa. En Puebla, el avance es de 98.56%, con 381 usuarios pendientes; mientras que en Hidalgo, el restablecimiento alcanza el 95.41%, con 3 mil 1 usuarios aún por reconectar. En Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, el servicio ha sido restablecido en su totalidad.
Desde el inicio de las afectaciones, la CFE desplegó de inmediato brigadas para iniciar las labores de recuperación, destacando la construcción de 16 estructuras en solo cinco días para librar la creciente del Río Vizcaíno, un trabajo que normalmente tomaría dos semanas.
El operativo nacional incluyó 968 trabajadores electricistas, 98 grúas articuladas, 279 vehículos pick up, 105 plantas de emergencia, cinco drones y cinco helicópteros, además de cuatrimotos y retroexcavadoras para acceder a zonas con caminos dañados en Hidalgo.
En paralelo, CFE Telecomunicaciones ha desplegado 10 cuadrillas y siete generadores eléctricos, logrando la recuperación de 120 torres de telefonía celular, equivalente a un 62% de avance, así como 419 puntos de acceso a internet gratuito, que representan un 42% de recuperación.
La empresa también instaló puntos de internet en dos clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz, y entregó 2 mil 569 chips CFE con servicio gratuito de voz y datos en las zonas afectadas, como parte de su compromiso con la reconexión digital y social.
Finalmente, la CFE subrayó que mantiene coordinación permanente con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Sedena, la Semar, Conagua, Secretaría de Salud, así como gobiernos estatales y municipales, para garantizar la atención integral a la contingencia y fortalecer la infraestructura ante futuros fenómenos naturales.
Los Reporteros MX- Las cosas buenas se quedan en familia. O eso es lo que practica el senador de la República y ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, que presentó su declaración patrimonial 2025 sin mencionar las cuatro empresas de su esposa, Carolina Martínez Franco.
Una investigación de Los ReporterosMX revela que el legislador, quien ha estado dando declaraciones en contra de lo que considera privilegios del oficialismo, “olvidó” presentar las cuatro empresas con sede en Querétaro, uno de los bastiones más conocidos de Acción Nacional:
🔴 CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA ORIBA S. DE R.L. DE C.V. 🔴 DESARROLLO COMERCIAL ACUEDUCTO, S.A. DE C.V. 🔴 INMOBILIARIA REAL JACAL, S.A. DE C.V. 🔴 JUNI SERRA S. DE R.L. DE C.V.
Esta información está disponible en el Registro de Comercio Público Federal. Destaca especialmente que los giros de las empresas están relacionados con el sector inmobiliario y la construcción, un ámbito con antecedentes de corrupción por parte de gobiernos panistas, vinculados al Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México.
Una de estas empresas, Juni Serra, es actualmente investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) por haber sido beneficiada de forma ilegal por una ex empleada del SAT, hoy vinculada a proceso. La empresa está acusada de ser una “facturera”, es decir, de simular operaciones comerciales.
Juni Serra incluso cita a Ricardo Anaya en uno de sus documentos, donde se le otorga poder para “pleitos y cobranzas” de la empresa.
Los negocios de la esposa de Ricardo Anaya no están inactivos: tienen operaciones recientes. Por ejemplo, Inmobiliaria Real Jacal aparece en la página México Pymes, donde se describe como “una empresa especializada en bufetes jurídicos”. Afirma haber iniciado operaciones en noviembre de 2024 y estar legalmente constituida bajo el régimen de sociedades mercantiles y comerciales del país, con una actualización hace 10 meses.
Otra empresa con operaciones recientes es Desarrollo Comercial Acueducto, S.A. de C.V., que obtuvo una autorización jurídica denominada “Autosoportado Denominativo”, según el gobierno de Querétaro, durante el primer trimestre de 2025.
De hecho, la declaración patrimonial de Ricardo Anaya es un desfile de opacidad, ya que omitió informar bienes, inmuebles, cuentas bancarias u otro tipo de activos. Como si viviera en austeridad extrema, pese a que su cónyuge podría estar recibiendo miles de pesos por la venta o construcción de inmuebles.
Lo único que sí aparece en la declaración de Anaya es su función como senador de la República, donde tampoco detalla mucho sobre sus ingresos: solo se menciona el número “625793”, que se interpreta como 625,793 pesos al año, dejando en blanco cualquier actividad empresarial o de servicios externos.
Los ReporterosMX consultó a Comunicación Social de los senadores del PAN para conocer si Anaya tenía alguna declaración sobre esta controversia, pero no hubo respuesta al cierre de este reportaje.
Los discursos de Ricardo Anaya sobre la transparencia son abundantes; por ejemplo, el 20 de agosto, luego de la controversia sobre los bienes del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo:
“Mi llamado es a la transparencia, que se conozca con absoluta claridad quién labora en el Senado de la República, y cuánto gana cualquier persona que trabaje en el Senado de la República, esa es la responsabilidad que tenemos las senadoras y senadores”.
Sin embargo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Anaya tiene un largo historial de manejos opacos en la compra-venta de inmuebles —tan solo hay que recordar el escándalo de su nave industrial—. Hoy está lejos de ser la figura de moral política que pretende: tiene al frente del partido a Jorge Romero, pilar del Cártel Inmobiliario, y no parece querer alejarse del negocio que ha dado una fama cuestionable a Acción Nacional.
¿Qué más tendrá que ocultar el senador Ricardo Anaya?
Con el 54.5% de los votos, el senador y exalcalde de Tarija se impuso en segunda vuelta frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Promete un modelo de “capitalismo para todos” y reconciliación nacional ante la peor crisis económica en 40 años.
El senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se convirtió en el nuevo presidente de Bolivia tras ganar la segunda vuelta electoral con el 54.5% de los votos, frente al 45% obtenido por el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, según resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con más del 97% de las actas procesadas.
A sus 58 años, el exalcalde de Tarija e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), logró captar el voto moderado y desencantado con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó durante casi 20 años bajo los liderazgos de Evo Morales y Luis Arce. El triunfo marca el fin del ciclo político del socialismo boliviano y abre paso a una etapa de “centroderecha pro empresarial”.
Paz asumirá el cargo el 8 de noviembre, con la promesa de impulsar un modelo de “capitalismo para todos”, basado en la descentralización, impuestos bajos y disciplina fiscal, pero con continuidad en el gasto social. Su compañero de fórmula, Edman Lara, llamó a la unidad y reconciliación nacional, destacando que “es tiempo de hermanarnos, se acabaron los colores políticos”.
El nuevo gobierno enfrenta un panorama complejo: inflación superior al 20%, escasez de combustible y fuga de divisas que han deteriorado el poder adquisitivo. Paz aseguró que sus primeras acciones estarán enfocadas en garantizar el abasto de gasolina y diésel, estabilizar los precios básicos y combatir la corrupción.
Pese a la ventaja clara, el expresidente Quiroga reconoció su derrota y felicitó a Paz, aunque algunos de sus seguidores denunciaron presuntas irregularidades. El Tribunal Electoral advirtió que los resultados son preliminares, pero “irreversibles”.
Líderes internacionales, entre ellos Javier Milei, José Raúl Mulino y la OEA, felicitaron al nuevo mandatario. Paz llega al poder con el reto de recuperar la estabilidad económica y reconstruir los puentes políticos y sociales de una Bolivia profundamente dividida.
