Con más de mil asuntos pendientes por resolver, nueve nuevos ministros asumirán el control de una Suprema Corte recargada. A partir del 1 de septiembre, el nuevo pleno deberá definir el rumbo de al menos 76 controversias constitucionales y amparos en contra de reformas impulsadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Entre los casos más relevantes destacan las impugnaciones contra la reforma de créditos hipotecarios especiales del ISSSTE, la creación del Sistema de Salud para el Bienestar, la eliminación del Inai, el otorgamiento de facultades extraordinarias a Guadalupe Taddei en el INE, así como la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como telecomunicaciones, control del espacio aéreo y obras públicas.
La elección de los nuevos ministros el pasado 1 de junio estuvo marcada por la distribución de guías de votación promovidas por operadores cercanos a Morena. Los seleccionados, que formarán parte de un pleno sin salas tras la reforma judicial de 2024, incluyen a Hugo Aguilar —quien será presidente de la Corte por ser el más votado—, además de Sara Irene Herrerías, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, y la reelección de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
De acuerdo con un informe de El Universal, los casos acumulados hasta junio suman 1,151, de los cuales 685 se discutirán en el pleno, ahora única instancia operativa tras la eliminación de la Primera y Segunda Sala.
Las controversias por las reformas de la 4T incluyen el Plan B electoral, la declaratoria del litio como bien de utilidad pública, el Banco de ADN forense, y el caso Salinas Pliego-Elektra por un millonario crédito fiscal, entre otros. Aunque la Corte saliente dejó de recibir nuevos asuntos desde abril para cerrar sus pendientes, será la nueva integración, con mayoría afín a la 4T, la que decida el destino de reformas clave en los próximos años.
