La reforma a la Ley General de Salud reclasifica este popular analgésico como medicamento controlado; su compra estará sujeta a estrictas medidas de vigilancia sanitaria.
A partir del próximo 14 de julio de 2026, el Tramadol, uno de los analgésicos más utilizados para tratar dolores moderados e intensos en México, dejará de venderse libremente y sólo podrá adquirirse con prescripción médica. La medida responde a una reforma de la Ley General de Salud que lo incorpora a la lista de sustancias con valor terapéutico, pero que también representan un riesgo para la salud pública debido a su potencial de generar dependencia.
El Tramadol pertenece al grupo de los opioides, medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central para aliviar el dolor. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), incluso cuando se consume bajo supervisión médica y en dosis recomendadas, existe la posibilidad de desarrollar adicción, motivo por el que ese país lo clasificó como sustancia controlada desde 2014.
Con la entrada en vigor de la nueva regulación, los laboratorios farmacéuticos deberán actualizar los registros sanitarios de los productos que contengan Tramadol para reflejar su nueva clasificación. Además, su comercialización quedará limitada a farmacias autorizadas para el manejo de medicamentos controlados, reforzando los mecanismos de supervisión y trazabilidad.
La reforma ubica al Tramadol dentro de la fracción III del artículo 226 de la Ley General de Salud, categoría que establece que estos medicamentos únicamente podrán adquirirse mediante receta médica. Dicho documento podrá surtirse hasta tres ocasiones, siempre bajo control y seguimiento de las autoridades sanitarias y del médico tratante.
Asimismo, las farmacias estarán obligadas a sellar y registrar cada surtido en sus libros de control, mientras que la receta deberá ser retenida cuando sea utilizada por tercera vez. La cantidad y duración del tratamiento dependerán exclusivamente de la valoración médica, con el objetivo de evitar el uso indebido de un fármaco que, aunque efectivo para controlar el dolor, también puede derivar en problemas de dependencia.
La decisión busca fortalecer la protección de la salud pública y reducir los riesgos asociados al consumo indiscriminado de opioides, una problemática que ha generado preocupación en distintos países debido al aumento de casos relacionados con la adicción a este tipo de sustancias.
