Acreedores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego cuestionan un crédito obtenido de AlterBank, una pequeña entidad de Santa Lucía vinculada a empresarios venezolanos, entre ellos un asesor del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, enfrenta una nueva controversia financiera por un préstamo de hasta 290 millones de dólares contratado con AlterBank, un banco con sede en Santa Lucía. The Bank of New York Mellon, que representa a tenedores de deuda de la televisora, sostiene ante tribunales de Estados Unidos que la operación pudo haberse utilizado para dar prioridad a ese crédito frente a otros acreedores.
El señalamiento cobra relevancia por las características de AlterBank. De acuerdo con la demanda y la investigación de El Faro y Armando.info, la entidad tenía un capital de apenas 4 millones de dólares y una estructura mínima, mientras el financiamiento otorgado a la empresa de Salinas Pliego alcanzó hasta 290 millones. Los acreedores cuestionan cómo una institución de esas dimensiones pudo concretar una operación de tal magnitud.
La investigación también documentó que Tomás Hernández, empresario venezolano identificado como asesor y cercano al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece vinculado a AlterBank. Registros de Santa Lucía lo ubican como director de la institución. Hernández habría adquirido el banco junto con Augusto César Castillo Chávez en diciembre de 2024, meses antes del préstamo a TV Azteca.
El caso se inserta en la crisis financiera de la empresa de Salinas Pliego, que dejó de pagar deuda a bonistas y en 2026 entró en concurso mercantil. Los acreedores han acusado a la televisora de realizar movimientos que podrían afectar sus posibilidades de cobro, entre ellos la contratación del crédito con AlterBank. TV Azteca sostiene que el financiamiento fue legal y legítimo y que los recursos fueron utilizados para cubrir obligaciones fiscales ante el SAT.
La relación entre Salinas Pliego, TV Azteca, AlterBank y el entorno de Bukele quedó así incorporada a un litigio que continúa en Estados Unidos. La demanda busca obtener documentación sobre el origen y estructura del crédito; serán los tribunales los que determinen si la operación constituyó alguna irregularidad.
Con información de El Faro.
