Fraude, extorsión y amenazas son los delitos con mayor repunte en 2024, según la Envipe.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, informó que en México se cometieron 33.5 millones de delitos el año pasado, cifra similar a la de 2017. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los delitos crecieron 18.7%, mientras que con Andrés Manuel López Obrador el aumento fue de apenas 1.52%, de acuerdo con un análisis de Clara Zepeda para La Jornada.
Los delitos que más repuntaron en 2024 fueron fraude, extorsión y amenazas. El fraude registró 7,574 casos por cada 100 mil habitantes, la extorsión 5,971 y las amenazas 4,683, consolidándose como los ilícitos más frecuentes en el país.
El #INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Te compartimos algunos resultados 📊:
En 2024, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito; esta cifra equivale a 24,135 víctimas por cada 100… pic.twitter.com/AGtnwvQfPF
El secuestro mostró un repunte con 94,679 víctimas estimadas. Además, el Inegi señaló que la criminalidad ha cambiado: en 2018 los robos y asaltos representaban 45.8% de los delitos, pero en 2024 bajaron a 34%, mientras que los fraudes y amenazas pasaron de 22% a 35%.
Por entidad, las tasas más altas de víctimas se presentaron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que las más bajas se registraron en Chiapas, Tamaulipas y Michoacán. La encuesta también reveló que por cada delito sexual contra hombres, se cometieron ocho contra mujeres.
Aunque la cifra total de delitos se mantiene estable, el reto principal está en la denuncia, pues sólo 9.6% de los delitos se reportaron en 2024. El resto quedó en la llamada cifra negra, lo que refleja la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, México se estremeció con una fuerza descomunal. El reloj marcaba apenas el inicio de la jornada laboral cuando un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en el Océano Pacífico frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, cimbró la capital y buena parte del país durante dos eternos minutos. Dos minutos bastaron para cambiarlo todo.
El centro de la Ciudad de México quedó reducido a polvo. Hospitales colapsados, edificios de oficinas partidos en dos, viviendas convertidas en montones de concreto. La cifra oficial de defunciones fue de 3 mil 192, pero las voces de las calles hablaban de 10 mil o hasta 20 mil fallecidos, una herida que aún hoy no cicatriza del todo. La Cruz Roja Mexicana reconoció que el número de víctimas superó con creces las cifras oficiales.
En medio de la devastación, la ausencia del Estado fue dolorosa. El presidente Miguel de la Madrid tardó tres días en dirigirse a la nación y su primer recorrido por las zonas afectadas ocurrió casi nueve horas después del desastre. La indignación popular marcó una ruptura entre la sociedad y el gobierno. Meses más tarde, durante la inauguración del Mundial de 1986, el mandatario fue recibido con abucheos.
Pero en ese vacío surgió la solidaridad ciudadana. Fueron los vecinos, los estudiantes, los trabajadores, quienes formaron brigadas de rescate improvisadas, quienes se lanzaron con palas y manos desnudas a remover los escombros. Ese espíritu de unidad fue la semilla de algo más grande: México entendió que debía aprender a sobrevivir al poder de la tierra.
De aquella tragedia nació la Protección Civil como eje rector de la prevención y respuesta a emergencias. Dos años después, se publicó el Nuevo Reglamento de Construcción, que endureció las normas para autorizar edificaciones, supervisar materiales y garantizar estructuras resistentes. La práctica de levantar edificios de concreto armado sin supervisión quedó atrás; ahora, torres como la Reforma Latino se erigen con vigas de acero y bloques reforzados.
Los estudios geofísicos también dieron claridad: la Ciudad de México está edificada sobre tres tipos de suelo —lomas rocosas, zonas de transición y antiguos lechos de lago como los de Texcoco, Xochimilco o Tláhuac—, y cada uno responde distinto a un movimiento telúrico. Ese conocimiento, antes ignorado, es hoy un pilar en la planeación urbana.
El recuerdo volvió a estremecer al país el 19 de septiembre de 2017, cuando otro sismo, esta vez de 7.1 grados, golpeó la capital. La diferencia estuvo en que los protocolos de evacuación, los simulacros y las normas de construcción implementadas tras 1985 evitaron una tragedia aún mayor. México había aprendido.
En este proceso también destacan figuras políticas que, desde distintas trincheras, han marcado el rumbo. Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor y más tarde presidente, impulsó la crítica al abandono oficial de 1985 y defendió la organización comunitaria como motor de resiliencia. Ya en el poder, reforzó la visión de que la prevención debía ser parte esencial de la seguridad nacional. Por su parte, la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, científica formada en estudios de energía y medio ambiente, ha colocado la gestión de riesgos y la preparación ante desastres como prioridad en la agenda pública, consolidando a la protección civil como política de Estado.
Hoy, a 40 años de aquel amanecer oscuro, el país recuerda a sus muertos, pero también celebra la vida de quienes resistieron y ayudaron. La lección permanece: los sismos no se pueden predecir, pero sí podemos prepararnos, organizarnos y actuar juntos. Porque México, como en 1985, sabe que aunque la tierra tiemble, la solidaridad no se derrumba.
La diputada federal por Tlaxcala busca alinear su labor legislativa con los principios de MC tras señalar desalineación en el PAN local.
La diputada Mariana Jiménez oficializó su cambio de bancada al pasar del PAN a Movimiento Ciudadano (MC), decisión que atribuye a la búsqueda de un espacio político que refleje su visión de futuro para Tlaxcala y México.
Por medio de un comunicado, la legisladora expresó su gratitud hacia el PAN por los años de aprendizaje y oportunidades: “El que fue mi hogar durante muchos años me deja un aprendizaje que reconozco con gratitud. El que será mi nuevo hogar coincide con los principios y con una visión de futuro para Tlaxcala y México”, afirmó.
Jiménez aclaró que su decisión se fundamenta en un desalineamiento del PAN local con los ideales políticos que considera esenciales y subrayó que no se trata de diferencias personales, sino de visiones distintas, por lo que lamentó el uso indebido de su voz en temas que solo le competen a ella comunicar.
Por su parte, la coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, celebró la adhesión de la legisladora y destacó el crecimiento del partido en el Congreso: “La #BancadaNaranja crece porque representa a millones de mexicanas y mexicanos que saben que construir un México nuevo sí es posible. ¡Bienvenida @marianajimzam a la bancada que defiende las causas que sí le importan a la gente!”, señaló.
Con esta incorporación, el PAN mantiene 70 legisladores en San Lázaro, mientras que Movimiento Ciudadano aumenta a 28 diputados, lo que consolida su presencia como fuerza creciente en la Cámara de Diputados.
La transición de Mariana Jiménez refleja la tendencia de algunos legisladores a buscar plataformas políticas que se alineen más estrechamente con sus principios y visión de gestión, especialmente en un contexto donde las alianzas locales y nacionales marcan diferencias significativas en la agenda legislativa.
Importaciones atípicas de aceites lubricantes, entre 2021 y 2022, evidencian la red de huachicol fiscal que podría afectar a Hacienda hasta por 120 mil millones de pesos.
Una investigación de Carlos Carabaña para El País, basada en datos de la Agencia Nacional de Aduanas, reveló que 21 aduanas de 13 estados están bajo sospecha por contrabando de combustible. Entre 2021 y 2022, las importaciones de aceites lubricantes, usados como disfraz para introducir gasolina y diésel sin pagar impuestos, se dispararon de manera extraordinaria: pasaron de 5 mil 500 y 3 mil millones de litros en 2019 y 2020 a 18 mil 200 y 14 mil 700 millones de litros en los dos años siguientes, un exceso equivalente a 2 mil 700 barcos petroleros y un potencial daño fiscal de 120 mil millones de pesos (6 mil millones de dólares).
El foco principal de la red de huachicol fiscal se encuentra en la aduana de Tampico, Tamaulipas, pero los incrementos inexplicables también se registraron en Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Yucatán. En todas estas aduanas se multiplicaron las importaciones de lubricantes, de millones a cientos o miles de millones de litros.
La red, desmantelada parcialmente el 7 de septiembre con la detención de 14 personas, incluidos altos mandos de la Marina, operaba bajo la influencia de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Han sido acusados de colocar a personal de confianza en aduanas clave para permitir la entrada de combustible sin tributar el IEPS.
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks indican que estas operaciones se remontan a 2020. El SAT reportó que “los aceites lubricantes no están sujetos al pago de IEPS, por lo que se usan como medio de evasión; se introducen principalmente por aduanas terrestres y marítimas”. Entre las aduanas más relevantes para la recaudación del IEPS destacan Tuxpan, Nuevo Laredo, Veracruz, Coatzacoalcos, Ciudad Juárez, Ensenada, Piedras Negras, Mazatlán, Manzanillo y Ciudad Reynosa, donde los incrementos en su ingreso fueron desproporcionados.
Por ejemplo, Ciudad Reynosa pasó de 81 millones a 1,885 millones de litros, Coatzacoalcos de 8 millones a 2 mil 267 y 1,911 millones, Tuxpan de 8 a 1,900 millones, y Veracruz puerto de 652 mil a 2 mil 500 y 2 mil 200 millones. Ensenada pasó de casi nada a 768 y 926 millones, mientras que Dos Bocas, Tabasco, saltó de 14 mil litros a 191 millones.
La logística del contrabando, según los documentos filtrados, se originaba en Houston y se trasladaba principalmente por Nuevo Laredo y Tamaulipas, combinando métodos de contrabando terrestre y marítimo. El fenómeno evidencia un huachicol fiscal masivo que involucra fuerzas armadas, funcionarios públicos y empresarios, que pone en riesgo miles de millones de pesos para la Hacienda mexicana.
La pluma de sus reporteros es un arma, no una herramienta para el periodismo.
Carlos Loret de Mola no escribe ni redacta, ni investiga. El conductor estelar de LatinUs, el negocio priísta de Roberto Madrazo, no es periodista. Desde hace años, el presentador yucateco decidió contratar a un grupo de personajes que hacen las “investigaciones” por él.
Loret de Mola es incapaz de sumergirse en una investigación periodística. El exconductor de Televisa no tiene tiempo para eso. El hijo de Rafael Loret de Mola se dedica a hacer relaciones públicas.
Loret, nos revela una fuente que trabaja con el empleado de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola (hijo y yerno de Roberto Madrazo, respectivamente) “nunca se ha preocupado por arrastrar la pluma ni hacer reportajes”.
Detrás de las “develaciones” que ha hecho Loret en LatinUs se encuentra un equipo de reporteros, donde sobresale el nombre de Raúl Olmos, un veterano emanado de las filas de la revista Proceso. Sin embargo, hay un par de reporteros más jóvenes que, con una fidelidad y una lealtad que roza el fanatismo, se dedican a golpear los blancos que Loret y sus empleadores les indican. Los nombres de estos reporteros que alquilan su pluma son: Mario Gutiérrez Vega y Claudio Ochoa Huerta.
El primero es un productor y guionista cinematográfico, oriundo de Irapuato, Guanajuato. Durante un par de décadas fue el ghostwriter de cabecera de Loret de Mola.
No obstante, luego de que se dio a conocer que Gutiérrez Vega era quien preparaba los dardos pestíferos contra los enemigos de Loret, el columnista de El Universal decidió “congelarlo” y pasarle la batuta a Claudio Ochoa Huerta, un joven michoacano que egresó de la Universidad Anáhuac, una escuela fundada por Los Legionarios de Cristo, un grupo católico que, durante décadas, protagonizó múltiples casos de abuso sexual contra niños.
Pero Ochoa Huerta tiene como peor atributo que miente con todos los dientes.
Ayer, por ejemplo, él fue quien difundió la tendenciosa nota del supuesto amparo que, al final, resultó otro montaje de Loret de Mola y su alumno Claudio Ochoa Huerta.
La falta de rigor periodístico de este esquema quedó al descubierto desde el momento en que presentaron un documento sin firma ni validez jurídica.
Tanto Olmos, como Gutiérrez Vega y Ochoa Huerta saben muy bien que Loret de Mola no es periodista, sino, en el peor de los casos, un administrador de reportajes maniqueos y de guerras de odio que alquila sus servicios al mejor postor. Y todo mundo sabe que los mejores postores, los que compran plumas y conciencias, suelen ser los más corruptos.
Blackfire Exploration Ltd., Goldcorp (Newmont) y First Majestic Silver son mineras que aparecen de manera recurrente en informes y denuncias por estar vinculadas a prácticas corruptas, conflictos socioambientales, violencia y disputas fiscales.
La corrupción y los conflictos generados por las mineras canadienses en México es complejo y ha sido documentado por diversas organizaciones y medios.
Las empresas canadienses son responsables de una gran parte de los conflictos mineros en el país.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México encabeza la lista de países con más conflictos mineros en la región. Un 50% de estos conflictos, es decir, 29 de 58 casos, están relacionados con proyectos de minas canadienses.
A través de distintas investigaciones periodísticas, se ha documentado que algunas empresas mineras canadienses han recurrido al soborno de autoridades locales y ejidales para obtener acceso a terrenos y operar sus concesiones.
Un caso tristemente emblemático es el de la minera Blackfire Exploration Ltd. en Chicomuselo, Chiapas.
Diferentes reportajes difundieron documentos que demostraban pagos mensuales a la cuenta personal del presidente municipal para evitar la oposición a la mina.
La operación de estas mineras ha estado ligada a la violencia. En el caso de Blackfire, el activista Mariano Abarca Roblero fue asesinado en 2009 después de denunciar los impactos sociales y ambientales de la mina y de ser amenazado por empleados de la empresa.
Pero eso no es todo.
También se han señalado prácticas de apropiación de territorios ejidales y comunales. Por ejemplo, la minera Goldcorp (ahora parte de Newmont) fue acusada de convencer a ejidatarios de rentar sus tierras por bajos precios con la promesa de beneficios que no siempre se cumplían. En el caso de la mina El Peñasquito en Zacatecas, propiedad de Goldcorp, se mencionan conflictos por el uso de la tierra y del agua.
Por otro lado, se ha denunciado que algunas mineras canadienses se han beneficiado de un marco legal que les permite evadir impuestos y disfrutar de exenciones fiscales.
Un ejemplo es el caso de First Majestic Silver, a la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reclamó adeudos fiscales y detectó supuestas manipulaciones en el precio del metal y transferencias ilegales de ganancias.
Las tres mineras más señaladas en México:
Blackfire Exploration Ltd.: Con sede en Canadá, operó en Chiapas y fue vinculada al asesinato del activista Mariano Abarca. Ha sido señalada por corrupción de autoridades locales y graves impactos ambientales.
Goldcorp (Newmont): Una de las compañías mineras más grandes del mundo. Su proyecto El Peñasquito, en Zacatecas, ha estado en el centro de conflictos sociales por uso de tierras, agua y promesas incumplidas a las comunidades.
First Majestic Silver: Con operaciones en distintos estados del país, ha enfrentado reclamos del SAT por adeudos fiscales millonarios. Se le acusa de manipular precios y transferir utilidades fuera de México.
El primer ministro de Canadá se reunirá con Claudia Sheinbaum para abordar T-MEC, inversiones y cooperación bilateral.
La mañana de este jueves, Mark Carney, primer ministro de Canadá, aterrizó en México a bordo de un avión oficial canadiense en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que marca el inicio de su agenda oficial en el país. El motivo de su visita es reforzar la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de inversión.
Se tiene previsto que a las 13:00 horas la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece la ceremonia de bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde recibirá al diplomático canadiense y dará inicio a un diálogo estratégico sobre temas clave como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cooperación económica y proyectos de inversión conjunta.
📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en el AIFA al primer ministro de Canadá (@CanadianPM), @MarkJCarney, y a su comitiva, quien realiza una visita oficial a México para sostener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum esta tarde, en… pic.twitter.com/ux6iPEWauf
Posteriormente, Carney y Sheinbaum sostendrán una reunión privada, en la que se abordarán asuntos prioritarios de comercio, finanzas y desarrollo sostenible, lo que consolidará los lazos económicos y diplomáticos entre ambos países. La visita también busca fortalecer la cooperación en innovación y tecnología, áreas en las que Canadá y México han mostrado interés en impulsar alianzas estratégicas.
La agenda oficial culminará con una conferencia de prensa conjunta a las 17:00 horas en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, donde ambos funcionarios informarán sobre los avances y acuerdos alcanzados durante la jornada. Se espera que este encuentro genere anuncios importantes sobre futuras inversiones y proyectos bilaterales.
La llegada de Carney coincide con un momento clave para México, ya que la administración busca atraer capital extranjero y consolidar su posición dentro del T-MEC, lo que fortalecerá la economía nacional. Su visita también representa una oportunidad para reforzar la imagen de México como un país confiable para la inversión internacional.
Profesora, ADULTA MAYOR, denuncia a la UATx, que se niega a pagar una indemnización millonaria ordenada por un laudo laboral emitido hace casi ocho años.
El drama de Rocío Alcalá Esqueda, maestra en Ciencias del Lenguaje, comenzó en 2006, cuando autoridades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) decidieron reducirle el sueldo y bajarla de categoría.
Después de enfrentar aquel desalentador panorama laboral, Rocío emprendió un juicio que muchos años después, en 2017, le dio la razón.
La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala ordenó a la universidad pagarle 1 millón 059 mil 182 pesos en cuotas bimestrales de 211,831, libres de impuestos, y con el primer pago programado antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, la UATx ha utilizado una serie de recursos legales y tácticas dilatorias, a las que la profesora califica como “dolosas”, para evitar el pago.
La universidad, asegura la profesora de 66 años, ha interpuesto múltiples amparos y recursos de revisión que, a su juicio, son “improcedentes y solo buscan alargar el proceso”.
Cabe destacar que esta estrategia, conocida como “litigio malicioso”, es una táctica común entre grandes instituciones para desgastar económica y emocionalmente a sus contrapartes, obligándolas a desistir.
Tratando de evitar engorros y controversias, la profesora les hizo una propuesta conciliatoria, pero la UATx se ha alzado de hombros ante su drama.
Hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Infelizmente, el caso de Rocío Alcalá no es único. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) reportó que, en 2023, se iniciaron más de 12,000 juicios por despidos injustificados en el sector público a nivel nacional. De estos, más del 40% involucran a personas mayores de 50 años, muchos de los cuales enfrentan situaciones similares de retraso en la ejecución de laudos.
La profesora Alcalá ha llevado su denuncia a otro nivel y ha decidido compartirnos un video donde relata su caso.
En este video, que envía en exclusiva a Los Reporteros MX, la profesora sostiene que esta dilación es una forma de violencia institucional y de género, al argumentar que el trato que recibe es, en parte, debido a su edad y género.
Esta afirmación, es importante decirlo, tiene sustento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumentos legales que prohíben explícitamente la discriminación en estas categorías.
La profesora Rocío Alcalá ha señalado la intersección de la discriminación por edad y género.
Y tiene razón.
Sociológicamente, las personas mayores, especialmente las mujeres, a menudo son percibidas como menos productivas o prescindibles en el ámbito laboral.
El caso de la maestra Rocío evidencia una terrible falla en el acceso a la justicia.
Y lo es porque, mientras que para un individuo el costo económico de un litigio prolongado es enorme, para una institución como la UATx es una fracción de su presupuesto.
A eso hay que agregar el desgaste físico y emocional que, en el caso de una mujer adulta mayor, resulta brutal.
Este desequilibrio de poder económico y legal crea una barrera de facto para la justicia. Y eso es lo que ha provocado que la profesora haga un llamado (desesperado) a la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum.
El fundador del Cártel de Guadalajara comparecerá en Nueva York mientras su defensa insiste en considerar su edad, salud y supuesta falta de actividades delictivas recientes.
Rafael Caro Quintero, alias el “Narco de Narcos”, regresará este 18 de septiembre ante el juez Frederic Brock en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en lo que será su cuarta audiencia penal en Estados Unidos. La comparecencia está programada para las 11:00 horas (local), y se centrará en los términos pendientes del proceso judicial que busca evitar la cadena perpetua y las medidas de aislamiento extremo que enfrenta.
La defensa del capo mexicano prepara argumentos basados en su edad avanzada, problemas de salud y presunta desconexión de crímenes recientes, con el objetivo de reducir su condena y modificar las restricciones de comunicación casi total que mantiene la DEA y el FBI, que alegan coordinación de asesinatos, tráfico de drogas y operaciones financieras desde prisión a través de familiares, como su hermano Miguel Ángel Caro Quintero.
Por su parte, la fiscalía podría presentar nuevas pruebas, incluidas comunicaciones interceptadas que lo vinculan con operaciones delictivas posteriores a 2013. Sin embargo, en esta audiencia no se espera un fallo sobre su culpabilidad, sino avances procesales en la preparación del juicio.
Caro Quintero es señalado por su papel en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, así como por liderar décadas de tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, manteniendo una empresa criminal continua y ejecutando asesinatos de rivales.
El capo fue arrestado por primera vez en 1985, cumplió 28 años de condena en México y fue liberado en 2013. Tras su recaptura en julio de 2022 en Sinaloa, México lo extraditó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto a otros 28 líderes de cárteles. En audiencias anteriores se declaró no culpable y solicitó atención médica, mientras su defensa argumenta que las estrictas medidas de aislamiento violan sus derechos y que no dirige operaciones desde prisión.
El nuevo tren conectará a más de 30 mil personas diariamente y generará más de 9 mil empleos entre directos e indirectos.
El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició la construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, un proyecto estratégico que promete transformar la movilidad en el Bajío. La ruta cubrirá 33 kilómetros de doble vía, alcanzará velocidades de 160 a 200 km/h, y contará con cuatro estaciones y dos terminales, lo que beneficiará a más de 10 mil personas diariamente.
El banderazo de inicio se realizó en Apaseo el Grande, Guanajuato, durante la Conferencia Mañanera, con la participación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y del titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza. Todos destacaron la importancia de este proyecto para mejorar la conectividad regional y el desarrollo económico del Bajío.
El proyecto generará 1,518 empleos directos y 8,255 indirectos, lo que lo consolida como un motor económico para las comunidades que atraviesa. La presidenta Sheinbaum subrayó que esta obra forma parte del renacer ferroviario de la Cuarta Transformación, después de décadas de olvido y privatización, pues recordó que el expresidente Ernesto Zedillo desmanteló los trenes de pasajeros y de carga, mientras que su administración actual impulsa la modernización del transporte ferroviario en todo el país.
Además, la mandataria anunció que estos proyectos son solo el inicio, puesto que está planeada la construcción de las rutas México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Pachuca, México-AIFA, y la inauguración del tramo Pachuca-Querétaro en 2027, con un presupuesto significativo destinado para 2026. El objetivo es consolidar un sistema ferroviario moderno y eficiente, que impulse el desarrollo económico y la movilidad sustentable en todo México.
