Sandra, una de las propietarias de la Guardería ABC, fue detenida en un centro migratorio de Eloy, Arizona, tras emitirse una ficha roja de Interpol vinculada al incendio que cobró la vida de 49 niñas y niños en 2009. El colectivo Manos Unidas por la Justicia, integrado por madres y padres de las víctimas, exige a las autoridades mexicanas actuar de inmediato y solicitar su extradición.
El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo, confirmó que la captura se realizó por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que no hay justificación para que la Fiscalía General de la República (FGR) no se haya pronunciado oficialmente ni haya informado a las víctimas. “No puede haber silencio ni inacción ante una detención directamente relacionada con el caso ABC”, enfatizó.
El colectivo alertó que una firma legal en Estados Unidos busca que Sandra obtenga asilo político, alegando persecución. “No es persecución, es cumplimiento de una sentencia por la muerte de 49 menores y lesiones a más de 100”, sostuvo el abogado. También pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum sensibilidad ante la exigencia de justicia.
Alvarado recordó que México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente y funcional, por lo que, con voluntad política, la FGR podría gestionar la entrega de la detenida sin necesidad de juicios largos, bastando una solicitud formal al Departamento de Justicia estadounidense.
De ser extraditada, Sandra deberá ser ingresada a un centro de internamiento en Hermosillo, Sonora, para cumplir con la sentencia pendiente. A 15 años de la tragedia, las familias insisten: la justicia no puede seguir esperando.
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