La Fiscalía General de la República detecta al menos 555 empresas y ocho puertos usados por redes criminales para importar, transportar y comercializar combustible robado con documentación alterada y protección de autoridades.
La investigación de la FGR revela que al menos ocho puertos en México —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— fueron utilizados por redes de huachicol fiscal para mover hidrocarburos de manera ilegal. Entre los implicados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente en prisión en El Altiplano por presunta delincuencia organizada.
De acuerdo con información de Daniela Wachauf para El Universal, un análisis integral del Centro Federal de Inteligencia Criminal, fechado el 11 de junio, identificó 555 empresas vinculadas al contrabando, incluidas Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta y Era Tech Combustibles, entre otras. El modus operandi incluía la compra de combustible en Estados Unidos, la importación mediante pedimentos falsos y la distribución a empresas comercializadoras y transportistas que vendían a precios menores al mercado.
El transporte se realizaba sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y en muchos casos se utilizaban documentos falsos o alterados. Algunos barcos, como los que arribaban al puerto de Veracruz, descargaban el combustible parcialmente y regresaban repetidamente con documentación falsa hasta completar la operación, o eran dirigidos a puertos como Lázaro Cárdenas pese a no contar con la infraestructura adecuada.
Entre las empresas detectadas se encuentran importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras y factureras, ubicadas en entidades como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. La FGR también identificó 101 números telefónicos vinculados a estas operaciones y más de 13 mil registros de comunicación asociados al vicealmirante Farías Laguna, lo que evidencia la coordinación entre empresas, autoridades y organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a las operaciones de huachicol fiscal.
