El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, aplicó nuevas restricciones a los vuelos desde México y amenazó con cancelar la alianza estratégica entre Delta Air Lines y Aeroméxico. La medida responde a las acciones del gobierno mexicano que, desde 2022, obligaron a trasladar vuelos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez al Aeropuerto Felipe Ángeles, lo que, según EE.UU., viola un acuerdo bilateral y perjudica a las aerolíneas estadounidenses.
El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, acusó que México “perturbó el mercado” al reducir franjas horarias en el AICM y obligar a las aerolíneas a operar en el nuevo aeropuerto, lo que les causó costos adicionales. En represalia, las aerolíneas mexicanas deberán solicitar aprobación para sus vuelos hacia EE.UU. y los vuelos chárter serán revisados, mientras la posible cancelación del acuerdo Delta-Aeroméxico amenaza con afectar cientos de rutas y millones de dólares en turismo y empleo.
Delta advirtió que la ruptura de la alianza impactaría gravemente a pasajeros y economías de ambos países, y Aeroméxico evalúa su respuesta conjunta. La orden entraría en vigor hasta octubre, pero la tensión crece conforme se acerca la temporada alta de vuelos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó las medidas como infundadas y afirmó que México actuó para mejorar la seguridad y eficiencia del sector aéreo. Sin embargo, expertos como Rogelio Rodríguez Garduño, de la UNAM, entrevistado por EL País, consideran que la acción estadounidense es proteccionista y genera incertidumbre para las aerolíneas mexicanas justo cuando se prepara la temporada alta.
La industria aérea mexicana, unida en defensa del gobierno, alerta que estas medidas afectarían la conectividad, el comercio y la competitividad binacional. El conflicto aéreo se suma a otras tensiones con EE.UU. en aranceles, narcotráfico y migración, complicando la relación bilateral.
