La fractura interna derivó en la restauración del fuero legislativo, pese a que el propio movimiento de la 4T lo ha señalado como un privilegio que debe desaparecer.
La bancada de Morena en el Congreso de Campeche se fracturó de manera abierta luego de que 10 de sus 16 diputados rompieron con la gobernadora Layda Sansores, en medio de acusaciones de persecución política, exclusión interna y uso faccioso del poder. La confrontación escaló al punto de que los legisladores avalaron, en sesión reservada, la restauración del fuero constitucional, eliminado en 2016.
El rompimiento se consolidó tras la elección de la mesa directiva, cuando diputados afines a Sansores se aliaron con MC, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer al emecista Paul Arce como presidente del Congreso. El coordinador morenista José Antonio Jiménez y nueve legisladores votaron en contra, confirmando la división.
Horas después, agentes ministeriales cercaron el Palacio Legislativo, hecho que los diputados inconformes interpretaron como una advertencia política. Aunque la Fiscalía General del Estado negó órdenes de aprehensión y el gobierno estatal rechazó cualquier persecución, el ambiente de tensión derivó en que los legisladores sesionaran atrincherados y destituyeran a vicecoordinadores cercanos a la mandataria.
En ese contexto, se aprobó la reinstalación del fuero, una decisión que contradice abiertamente la postura histórica de la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y reafirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han sostenido que nadie debe estar por encima de la ley.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum evitó entrar al fondo del conflicto y se limitó a llamar a la calma: “Serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”, dijo al ser cuestionada sobre el rompimiento y la reactivación del fuero.
El gobierno estatal insistió en que no existen carpetas de investigación contra José Antonio Jiménez y calificó la crisis como un conflicto político interno, mientras que la restitución del fuero fue señalada como un retroceso institucional que revive privilegios legislativos en plena disputa por el control del Congreso.
