Autoridades de la CDMX reafirmaron su apoyo para las y los familiares de las víctimas mientras la Fiscalía CDMX continúa con la investigación.
La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo de 25 personas fallecidas, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, 21 personas continúan hospitalizadas y 38 fueron dadas de alta tras el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025.
Entre los fallecidos se encuentran Fernando Soto Munguia, el conductor de la pipa y Alicia Matías Teodoro, abuela que protegió a su nieta con su cuerpo, mientras la menor fue trasladada a un hospital en Estados Unidos para recibir atención especializada.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un apoyo económico para las familias de las víctimas y la creación de un comité de solidaridad encargado de administrar las donaciones destinadas a los afectados por la tragedia.
❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 21 personas hospitalizadas, 38 personas ya fueron dadas de alta y 25 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/9X0IemvKmF
— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025
La Fiscalía de la Ciudad de México sigue con la investigación y entre las primeras hipótesis señalaba que la volcadura de la pipa se debió a exceso de velocidad. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial respecto a esta nueva evidencia.
La pipa transportaba 49 mil litros de gas, y la magnitud de la explosión dejó escenas de destrucción y conmoción en el Puente de la Concordia. Las autoridades continúan con la atención médica de las y los heridos y con los protocolos de investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.
La ciudadanía y familiares de las víctimas mantienen la atención sobre los avances del caso, mientras la CDMX evalúa la respuesta institucional ante esta tragedia de gran impacto en la capital.
Funcionarios alertaron sobre riesgos legales y posibles víctimas estadounidenses mientras la agencia buscaba opciones militares contra los cárteles.
Funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) propusieron a inicios de este año llevar a cabo ataques militares en México contra cárteles de la droga, incluidos el Cártel de Sinaloa y el CJNG, lo que generó alarma entre miembros de la Casa Blanca y el Pentágono, según reporta The Washington Post. La idea incluía asesinatos selectivos de líderes de cárteles y ataques a su infraestructura, aunque las conversaciones carecían de un marco legal sólido.
El debate surgió tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, y algunos funcionarios señalaron que esa etiqueta no otorga autoridad para usar fuerza militar. Las preocupaciones principales incluyeron la legalidad de los ataques y el riesgo de muertes de ciudadanos estadounidenses. Además, se citó el Título 14 de la ley estadounidense, que permite a la Guardia Costera realizar interdicciones y detenciones en aguas internacionales, como alternativa a la intervención militar directa.
La propuesta fue supervisada en reuniones de la Casa Blanca, incluyendo al subjefe de gabinete Stephen Miller, y motivó advertencias de que no existía autorización del Congreso para usar la fuerza letal contra los cárteles. Paralelamente, los republicanos analizan un borrador legislativo que permitiría a Trump usar “toda la fuerza necesaria” contra narcoterroristas, definiendo de manera amplia cualquier actividad vinculada con drogas como amenaza a la seguridad nacional o internacional.
Aunque los planes de ataque directo no se han concretado, recientes operativos estadounidenses contra embarcaciones con droga provenientes de Venezuela reflejan la intención de la administración de usar fuerza letal pese a las advertencias legales internas.
El administrador interino de la DEA, Derek S. Maltz, reconoció la cooperación del gobierno mexicano, pero insistió en que se necesita “hacer mucho más” para desmantelar los cárteles. Por su parte, México ha reiterado la importancia de respetar la soberanía nacional, reforzando la frontera con 10 mil soldados y proponiendo reformas legales que eviten interferencias externas.
El capo mexicano busca modificar sus condiciones de encarcelamiento mientras fiscales avanzan en la preparación del caso que podría llevarlo a cadena perpetua.
Rafael Caro Quintero, conocido narcotraficante mexicano, compareció este jueves en su cuarta audiencia de procedimiento ante el juez federal Frederic Block en Nueva York. Durante la sesión, la defensa solicitó modificar sus condiciones de encarcelamiento, mientras los fiscales continuaron compartiendo pruebas y evidencia en preparación de un eventual juicio.
Entre los elementos presentados destacan grabaciones del interrogatorio y tortura del agente estadunidense Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en Guadalajara en febrero de 1985, caso que se mantiene como el eje central del proceso. Los fiscales subrayaron que este juicio no está relacionado con operaciones de narcotráfico actuales, sino con la justicia por la muerte del agente, y la DEA ha estado presente en cada audiencia para supervisar el caso.
Caro Quintero, vestido con uniforme de reo café claro, escuchó atentamente sin mostrar reacción alguna. Su sobrino, Ismael Quintero Arellano, también enfrenta cargos dentro del mismo proceso. La siguiente audiencia fue programada para el 16 de octubre.
El capo mexicano enfrenta múltiples cargos criminales, y de ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua. Su primer encuentro con este tribunal fue el 28 de febrero, un día después de que él y otros 28 mexicanos fueran entregados por México a Estados Unidos en un proceso calificado oficialmente como “expulsión”, y no extradición.
El caso se tramita en el mismo tribunal donde fueron juzgados Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, mientras Ismael “El Mayo” Zambada permanece en espera de juicio. Por ahora, Caro Quintero seguirá recluido en el centro de detención en Brooklyn, donde también se encuentran otros reos de alto perfil y figuras del narcotráfico mexicano.
El exfuncionario, acusado de liderar La Barredora, enfrentará cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro.
Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “El Comandante”, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ingresó este jueves por la noche al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, tras ser expulsado de Paraguay, donde estuvo detenido la semana pasada. Bermúdez Requena es señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, vinculado al tráfico de drogas y personas, extorsión y secuestro en Tabasco y Chiapas.
Su arribo al penal de máxima seguridad se registró a las 23:07 horas, bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes resguardaron todo el perímetro. Desde ayer, las autoridades ya se encontraban listas para su traslado, que sufrió retrasos debido a una escala inesperada en Bogotá, Colombia.
La aeronave que transportaba a Bermúdez Requena despegó por la mañana con destino a México y aterrizó en el aeropuerto de Tapachula a las 11:12 horas, donde permaneció seis horas y media antes de continuar hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, llegando a las 18:58 horas. Allí, personal de la Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un juez de Tabasco por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
Tras permanecer aproximadamente dos horas en el hangar de la FGR, el exfuncionario fue trasladado en un camión blindado tipo Rhino al penal de Santa Juana, en Almoloya de Juárez, escoltado por doce unidades del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Al ingresar, se realizaron los trámites de ficha penitenciaria y Bermúdez Requena fue enviado al Centro de Observación y Clasificación, donde permanecerá mientras se resuelve su situación jurídica.
A las 23:50 horas, quedó a disposición de un juez de distrito, y se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las audiencias correspondientes para que Bermúdez Requena conozca las imputaciones que le hacen tanto la Fiscalía de Tabasco como la General de la República.
Fraude, extorsión y amenazas son los delitos con mayor repunte en 2024, según la Envipe.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, informó que en México se cometieron 33.5 millones de delitos el año pasado, cifra similar a la de 2017. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los delitos crecieron 18.7%, mientras que con Andrés Manuel López Obrador el aumento fue de apenas 1.52%, de acuerdo con un análisis de Clara Zepeda para La Jornada.
Los delitos que más repuntaron en 2024 fueron fraude, extorsión y amenazas. El fraude registró 7,574 casos por cada 100 mil habitantes, la extorsión 5,971 y las amenazas 4,683, consolidándose como los ilícitos más frecuentes en el país.
El #INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Te compartimos algunos resultados 📊:
En 2024, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito; esta cifra equivale a 24,135 víctimas por cada 100… pic.twitter.com/AGtnwvQfPF
El secuestro mostró un repunte con 94,679 víctimas estimadas. Además, el Inegi señaló que la criminalidad ha cambiado: en 2018 los robos y asaltos representaban 45.8% de los delitos, pero en 2024 bajaron a 34%, mientras que los fraudes y amenazas pasaron de 22% a 35%.
Por entidad, las tasas más altas de víctimas se presentaron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que las más bajas se registraron en Chiapas, Tamaulipas y Michoacán. La encuesta también reveló que por cada delito sexual contra hombres, se cometieron ocho contra mujeres.
Aunque la cifra total de delitos se mantiene estable, el reto principal está en la denuncia, pues sólo 9.6% de los delitos se reportaron en 2024. El resto quedó en la llamada cifra negra, lo que refleja la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, México se estremeció con una fuerza descomunal. El reloj marcaba apenas el inicio de la jornada laboral cuando un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en el Océano Pacífico frente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, cimbró la capital y buena parte del país durante dos eternos minutos. Dos minutos bastaron para cambiarlo todo.
El centro de la Ciudad de México quedó reducido a polvo. Hospitales colapsados, edificios de oficinas partidos en dos, viviendas convertidas en montones de concreto. La cifra oficial de defunciones fue de 3 mil 192, pero las voces de las calles hablaban de 10 mil o hasta 20 mil fallecidos, una herida que aún hoy no cicatriza del todo. La Cruz Roja Mexicana reconoció que el número de víctimas superó con creces las cifras oficiales.
En medio de la devastación, la ausencia del Estado fue dolorosa. El presidente Miguel de la Madrid tardó tres días en dirigirse a la nación y su primer recorrido por las zonas afectadas ocurrió casi nueve horas después del desastre. La indignación popular marcó una ruptura entre la sociedad y el gobierno. Meses más tarde, durante la inauguración del Mundial de 1986, el mandatario fue recibido con abucheos.
Pero en ese vacío surgió la solidaridad ciudadana. Fueron los vecinos, los estudiantes, los trabajadores, quienes formaron brigadas de rescate improvisadas, quienes se lanzaron con palas y manos desnudas a remover los escombros. Ese espíritu de unidad fue la semilla de algo más grande: México entendió que debía aprender a sobrevivir al poder de la tierra.
De aquella tragedia nació la Protección Civil como eje rector de la prevención y respuesta a emergencias. Dos años después, se publicó el Nuevo Reglamento de Construcción, que endureció las normas para autorizar edificaciones, supervisar materiales y garantizar estructuras resistentes. La práctica de levantar edificios de concreto armado sin supervisión quedó atrás; ahora, torres como la Reforma Latino se erigen con vigas de acero y bloques reforzados.
Los estudios geofísicos también dieron claridad: la Ciudad de México está edificada sobre tres tipos de suelo —lomas rocosas, zonas de transición y antiguos lechos de lago como los de Texcoco, Xochimilco o Tláhuac—, y cada uno responde distinto a un movimiento telúrico. Ese conocimiento, antes ignorado, es hoy un pilar en la planeación urbana.
El recuerdo volvió a estremecer al país el 19 de septiembre de 2017, cuando otro sismo, esta vez de 7.1 grados, golpeó la capital. La diferencia estuvo en que los protocolos de evacuación, los simulacros y las normas de construcción implementadas tras 1985 evitaron una tragedia aún mayor. México había aprendido.
En este proceso también destacan figuras políticas que, desde distintas trincheras, han marcado el rumbo. Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor y más tarde presidente, impulsó la crítica al abandono oficial de 1985 y defendió la organización comunitaria como motor de resiliencia. Ya en el poder, reforzó la visión de que la prevención debía ser parte esencial de la seguridad nacional. Por su parte, la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, científica formada en estudios de energía y medio ambiente, ha colocado la gestión de riesgos y la preparación ante desastres como prioridad en la agenda pública, consolidando a la protección civil como política de Estado.
Hoy, a 40 años de aquel amanecer oscuro, el país recuerda a sus muertos, pero también celebra la vida de quienes resistieron y ayudaron. La lección permanece: los sismos no se pueden predecir, pero sí podemos prepararnos, organizarnos y actuar juntos. Porque México, como en 1985, sabe que aunque la tierra tiemble, la solidaridad no se derrumba.
La diputada federal por Tlaxcala busca alinear su labor legislativa con los principios de MC tras señalar desalineación en el PAN local.
La diputada Mariana Jiménez oficializó su cambio de bancada al pasar del PAN a Movimiento Ciudadano (MC), decisión que atribuye a la búsqueda de un espacio político que refleje su visión de futuro para Tlaxcala y México.
Por medio de un comunicado, la legisladora expresó su gratitud hacia el PAN por los años de aprendizaje y oportunidades: “El que fue mi hogar durante muchos años me deja un aprendizaje que reconozco con gratitud. El que será mi nuevo hogar coincide con los principios y con una visión de futuro para Tlaxcala y México”, afirmó.
Jiménez aclaró que su decisión se fundamenta en un desalineamiento del PAN local con los ideales políticos que considera esenciales y subrayó que no se trata de diferencias personales, sino de visiones distintas, por lo que lamentó el uso indebido de su voz en temas que solo le competen a ella comunicar.
Por su parte, la coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, celebró la adhesión de la legisladora y destacó el crecimiento del partido en el Congreso: “La #BancadaNaranja crece porque representa a millones de mexicanas y mexicanos que saben que construir un México nuevo sí es posible. ¡Bienvenida @marianajimzam a la bancada que defiende las causas que sí le importan a la gente!”, señaló.
Con esta incorporación, el PAN mantiene 70 legisladores en San Lázaro, mientras que Movimiento Ciudadano aumenta a 28 diputados, lo que consolida su presencia como fuerza creciente en la Cámara de Diputados.
La transición de Mariana Jiménez refleja la tendencia de algunos legisladores a buscar plataformas políticas que se alineen más estrechamente con sus principios y visión de gestión, especialmente en un contexto donde las alianzas locales y nacionales marcan diferencias significativas en la agenda legislativa.
Importaciones atípicas de aceites lubricantes, entre 2021 y 2022, evidencian la red de huachicol fiscal que podría afectar a Hacienda hasta por 120 mil millones de pesos.
Una investigación de Carlos Carabaña para El País, basada en datos de la Agencia Nacional de Aduanas, reveló que 21 aduanas de 13 estados están bajo sospecha por contrabando de combustible. Entre 2021 y 2022, las importaciones de aceites lubricantes, usados como disfraz para introducir gasolina y diésel sin pagar impuestos, se dispararon de manera extraordinaria: pasaron de 5 mil 500 y 3 mil millones de litros en 2019 y 2020 a 18 mil 200 y 14 mil 700 millones de litros en los dos años siguientes, un exceso equivalente a 2 mil 700 barcos petroleros y un potencial daño fiscal de 120 mil millones de pesos (6 mil millones de dólares).
El foco principal de la red de huachicol fiscal se encuentra en la aduana de Tampico, Tamaulipas, pero los incrementos inexplicables también se registraron en Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Sinaloa, Coahuila y Yucatán. En todas estas aduanas se multiplicaron las importaciones de lubricantes, de millones a cientos o miles de millones de litros.
La red, desmantelada parcialmente el 7 de septiembre con la detención de 14 personas, incluidos altos mandos de la Marina, operaba bajo la influencia de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Han sido acusados de colocar a personal de confianza en aduanas clave para permitir la entrada de combustible sin tributar el IEPS.
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks indican que estas operaciones se remontan a 2020. El SAT reportó que “los aceites lubricantes no están sujetos al pago de IEPS, por lo que se usan como medio de evasión; se introducen principalmente por aduanas terrestres y marítimas”. Entre las aduanas más relevantes para la recaudación del IEPS destacan Tuxpan, Nuevo Laredo, Veracruz, Coatzacoalcos, Ciudad Juárez, Ensenada, Piedras Negras, Mazatlán, Manzanillo y Ciudad Reynosa, donde los incrementos en su ingreso fueron desproporcionados.
Por ejemplo, Ciudad Reynosa pasó de 81 millones a 1,885 millones de litros, Coatzacoalcos de 8 millones a 2 mil 267 y 1,911 millones, Tuxpan de 8 a 1,900 millones, y Veracruz puerto de 652 mil a 2 mil 500 y 2 mil 200 millones. Ensenada pasó de casi nada a 768 y 926 millones, mientras que Dos Bocas, Tabasco, saltó de 14 mil litros a 191 millones.
La logística del contrabando, según los documentos filtrados, se originaba en Houston y se trasladaba principalmente por Nuevo Laredo y Tamaulipas, combinando métodos de contrabando terrestre y marítimo. El fenómeno evidencia un huachicol fiscal masivo que involucra fuerzas armadas, funcionarios públicos y empresarios, que pone en riesgo miles de millones de pesos para la Hacienda mexicana.
La pluma de sus reporteros es un arma, no una herramienta para el periodismo.
Carlos Loret de Mola no escribe ni redacta, ni investiga. El conductor estelar de LatinUs, el negocio priísta de Roberto Madrazo, no es periodista. Desde hace años, el presentador yucateco decidió contratar a un grupo de personajes que hacen las “investigaciones” por él.
Loret de Mola es incapaz de sumergirse en una investigación periodística. El exconductor de Televisa no tiene tiempo para eso. El hijo de Rafael Loret de Mola se dedica a hacer relaciones públicas.
Loret, nos revela una fuente que trabaja con el empleado de Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola (hijo y yerno de Roberto Madrazo, respectivamente) “nunca se ha preocupado por arrastrar la pluma ni hacer reportajes”.
Detrás de las “develaciones” que ha hecho Loret en LatinUs se encuentra un equipo de reporteros, donde sobresale el nombre de Raúl Olmos, un veterano emanado de las filas de la revista Proceso. Sin embargo, hay un par de reporteros más jóvenes que, con una fidelidad y una lealtad que roza el fanatismo, se dedican a golpear los blancos que Loret y sus empleadores les indican. Los nombres de estos reporteros que alquilan su pluma son: Mario Gutiérrez Vega y Claudio Ochoa Huerta.
El primero es un productor y guionista cinematográfico, oriundo de Irapuato, Guanajuato. Durante un par de décadas fue el ghostwriter de cabecera de Loret de Mola.
No obstante, luego de que se dio a conocer que Gutiérrez Vega era quien preparaba los dardos pestíferos contra los enemigos de Loret, el columnista de El Universal decidió “congelarlo” y pasarle la batuta a Claudio Ochoa Huerta, un joven michoacano que egresó de la Universidad Anáhuac, una escuela fundada por Los Legionarios de Cristo, un grupo católico que, durante décadas, protagonizó múltiples casos de abuso sexual contra niños.
Pero Ochoa Huerta tiene como peor atributo que miente con todos los dientes.
Ayer, por ejemplo, él fue quien difundió la tendenciosa nota del supuesto amparo que, al final, resultó otro montaje de Loret de Mola y su alumno Claudio Ochoa Huerta.
La falta de rigor periodístico de este esquema quedó al descubierto desde el momento en que presentaron un documento sin firma ni validez jurídica.
Tanto Olmos, como Gutiérrez Vega y Ochoa Huerta saben muy bien que Loret de Mola no es periodista, sino, en el peor de los casos, un administrador de reportajes maniqueos y de guerras de odio que alquila sus servicios al mejor postor. Y todo mundo sabe que los mejores postores, los que compran plumas y conciencias, suelen ser los más corruptos.
Blackfire Exploration Ltd., Goldcorp (Newmont) y First Majestic Silver son mineras que aparecen de manera recurrente en informes y denuncias por estar vinculadas a prácticas corruptas, conflictos socioambientales, violencia y disputas fiscales.
La corrupción y los conflictos generados por las mineras canadienses en México es complejo y ha sido documentado por diversas organizaciones y medios.
Las empresas canadienses son responsables de una gran parte de los conflictos mineros en el país.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), México encabeza la lista de países con más conflictos mineros en la región. Un 50% de estos conflictos, es decir, 29 de 58 casos, están relacionados con proyectos de minas canadienses.
A través de distintas investigaciones periodísticas, se ha documentado que algunas empresas mineras canadienses han recurrido al soborno de autoridades locales y ejidales para obtener acceso a terrenos y operar sus concesiones.
Un caso tristemente emblemático es el de la minera Blackfire Exploration Ltd. en Chicomuselo, Chiapas.
Diferentes reportajes difundieron documentos que demostraban pagos mensuales a la cuenta personal del presidente municipal para evitar la oposición a la mina.
La operación de estas mineras ha estado ligada a la violencia. En el caso de Blackfire, el activista Mariano Abarca Roblero fue asesinado en 2009 después de denunciar los impactos sociales y ambientales de la mina y de ser amenazado por empleados de la empresa.
Pero eso no es todo.
También se han señalado prácticas de apropiación de territorios ejidales y comunales. Por ejemplo, la minera Goldcorp (ahora parte de Newmont) fue acusada de convencer a ejidatarios de rentar sus tierras por bajos precios con la promesa de beneficios que no siempre se cumplían. En el caso de la mina El Peñasquito en Zacatecas, propiedad de Goldcorp, se mencionan conflictos por el uso de la tierra y del agua.
Por otro lado, se ha denunciado que algunas mineras canadienses se han beneficiado de un marco legal que les permite evadir impuestos y disfrutar de exenciones fiscales.
Un ejemplo es el caso de First Majestic Silver, a la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reclamó adeudos fiscales y detectó supuestas manipulaciones en el precio del metal y transferencias ilegales de ganancias.
Las tres mineras más señaladas en México:
Blackfire Exploration Ltd.: Con sede en Canadá, operó en Chiapas y fue vinculada al asesinato del activista Mariano Abarca. Ha sido señalada por corrupción de autoridades locales y graves impactos ambientales.
Goldcorp (Newmont): Una de las compañías mineras más grandes del mundo. Su proyecto El Peñasquito, en Zacatecas, ha estado en el centro de conflictos sociales por uso de tierras, agua y promesas incumplidas a las comunidades.
First Majestic Silver: Con operaciones en distintos estados del país, ha enfrentado reclamos del SAT por adeudos fiscales millonarios. Se le acusa de manipular precios y transferir utilidades fuera de México.
