El convenio contempla apoyo financiero de Estados Unidos y atención bajo derechos humanos, mientras el país centroamericano mantiene control sobre la aceptación de personas.
El gobierno de Costa Rica anunció un acuerdo migratorio con Estados Unidos mediante el cual podrá recibir hasta 25 migrantes deportados por semana, quienes contarán con estatus legal temporal mientras se resuelve su situación. La medida forma parte de una estrategia de cooperación regional en materia migratoria.
El acuerdo fue concretado durante la visita de la enviada especial estadounidense, Kristi Noem, quien sostuvo un encuentro con el presidente Rodrigo Chaves en San José. También participó la presidenta electa Laura Fernández, reforzando el respaldo institucional al convenio.
De acuerdo con lo informado, el mecanismo es voluntario y no vinculante, lo que permite a Costa Rica aceptar o rechazar los traslados propuestos por Estados Unidos, así como definir nacionalidades o condiciones específicas, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
El gobierno costarricense subrayó que los migrantes serán atendidos bajo su legislación, con protección especial y sin riesgo de ser enviados a países donde enfrenten persecución. Además, se informó que Estados Unidos brindará apoyo financiero, mientras que la atención logística estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.
Este acuerdo se da en un contexto regional de cooperación ante el fenómeno migratorio, donde Costa Rica ya ha participado en esquemas similares. En meses anteriores, el país recibió a cientos de migrantes en centros temporales, experiencia que ahora se busca fortalecer con mayor coordinación internacional y garantías legales.
El gobierno federal mantiene una sólida confianza ciudadana con 69.1% de aprobación, destacando crecimiento anual y liderazgo frente a administraciones anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ratifica su fortaleza política y respaldo social al alcanzar 69.1% de aprobación en febrero de 2026, una cifra que la coloca como una de las mandatarias mejor evaluadas en la historia reciente del país, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky.
Aunque el ajuste mensual fue mínimo, el dato cobra mayor relevancia al observarse un incremento anual, ya que en febrero de 2025 la aprobación se ubicaba en 67.8%. Este crecimiento confirma que la percepción positiva del gobierno sigue en ascenso, impulsada por políticas públicas y acciones enfocadas en el bienestar social.
A nivel estatal, el respaldo a la mandataria es ampliamente favorable en todo el territorio nacional, con la mayoría de las entidades superando el 60% de aprobación. Este panorama evidencia un apoyo generalizado y consistente, consolidando la gobernabilidad y estabilidad del país.
En el comparativo histórico, Sheinbaum lidera con claridad la aprobación presidencial de los últimos cinco sexenios, superando a Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, lo que confirma una sólida legitimidad democrática respaldada por la ciudadanía.
Respecto a las principales preocupaciones sociales, la seguridad, la economía y la salud continúan como temas prioritarios; sin embargo, destaca que más de la mitad de la población percibe mejoras en materia de seguridad, lo que refleja avances en la estrategia del gobierno federal y una tendencia positiva en la percepción pública.
En conjunto, estos resultados posicionan al gobierno de Claudia Sheinbaum como una administración fuerte, respaldada y en consolidación, con una ciudadanía que reconoce los avances y mantiene su confianza en el proyecto de transformación nacional.
México importa el 75% del gas que consume, por lo que el gobierno apuesta por aprovechar recursos propios y frenar el desperdicio energético.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno impulsa una estrategia para incrementar la producción de gas en México, con el objetivo de reducir la alta dependencia del exterior, ya que actualmente se importa el 75% del consumo nacional.
La mandataria destacó que este plan da continuidad a las acciones iniciadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, enfocadas en disminuir la quema de gas y aprovechar mejor los recursos energéticos del país.
En ese sentido, explicó que se están fortaleciendo proyectos para recuperar el gas que actualmente se desperdicia en la atmósfera, así como el desarrollo de técnicas convencionales y no convencionales que permitan aumentar la producción interna.
Sheinbaum subrayó que esta política energética también se apoya en la infraestructura heredada, como la refinería de Dos Bocas, la compra de Deer Park en Texas y la rehabilitación de las seis refinerías existentes, con trabajos aún en curso en Tula y Salina Cruz.
Aunque el objetivo es alcanzar mayor autosuficiencia, el reto sigue siendo considerable, debido a la fuerte dependencia del gas importado, principalmente de Estados Unidos, lo que mantiene presiones sobre el sistema energético nacional.
El caso ya es considerado delito federal, mientras Pemex realiza labores de limpieza en zonas afectadas de Veracruz y Tabasco.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República ya inició una investigación penal por el derrame de petróleo en el Golfo de México, ocurrido recientemente y que ha afectado costas de Veracruz y Tabasco.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que “ya hay un delito penal en este caso”, al tiempo que aclaró que el incidente no fue provocado por Petróleos Mexicanos, sino por un barco privado, cuya responsabilidad deberá determinarse.
A pesar de no ser el causante, personal de Pemex se encuentra realizando labores de limpieza en playas y zonas marinas afectadas, en tanto se desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos y dimensionar los daños ambientales.
Sheinbaum informó que instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a la zona para supervisar directamente las acciones de contención y evaluar si se requieren más recursos para atender la emergencia.
La presidenta enfatizó que la empresa responsable deberá resarcir los daños ambientales, mientras que instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente participarán en el proceso administrativo, además de la FGR en el ámbito penal.
Organizaciones ambientalistas han alertado que el derrame podría haber impactado más de 630 kilómetros de litoral, lo que evidencia la magnitud del problema y plantea dudas sobre la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias en el país.
La decisión fue oficializada en el Diario Oficial y se relaciona con sanciones de Estados Unidos por un esquema financiero ligado al crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores retiró la autorización a Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara, tras señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida, confirmada en el Diario Oficial de la Federación, fue instruida por el canciller Juan Ramón de la Fuente y entró en vigor desde el pasado 2 de marzo, poniendo fin a más de dos décadas de funciones diplomáticas.
De acuerdo con la información oficial, Camarena de Obeso estaba adscrito a la representación consular con jurisdicción en varios estados del país, incluyendo Jalisco, Sinaloa y Baja California, una región clave por su actividad económica y también por la presencia del crimen organizado.
El ex cónsul está vinculado a la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, recientemente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por formar parte de un esquema financiero presuntamente relacionado con el CJNG.
Aunque la SRE no detalló públicamente el fondo de la investigación, la decisión refleja la coordinación internacional en materia de combate al crimen organizado, especialmente en casos donde se detectan posibles redes económicas que facilitan operaciones ilícitas.
Camarena de Obeso había sido nombrado cónsul honorario desde 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, y ratificado en el cargo recientemente.
Margarita González Saravia asegura que su administración retoma los principios de justicia, austeridad y servicio al pueblo en homenaje a Benito Juárez.
En el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que su administración se guía por los principios juaristas, centrados en la rectitud, el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos.
Durante la ceremonia cívica realizada en Cuernavaca, la mandataria sostuvo que gobernar bajo estos valores implica poner al pueblo en el centro de las decisiones y trabajar por el bienestar de las mayorías, en línea con el legado del Benemérito de las Américas.
“Juárez vive en cada acción que combate la desigualdad”, expresó González Saravia, al destacar que estos principios siguen vigentes en la vida pública y deben traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.
Como parte del acto, se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Benito Juárez”, así como reconocimientos a estudiantes ganadores del concurso estatal de pintura “Juárez Vive en Morelos”, con el objetivo de fomentar valores cívicos y participación social.
La titular de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, explicó que esta convocatoria se realiza conforme al decreto 755, como parte de una estrategia para fortalecer la identidad y formación cívica en distintos niveles educativos.
Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, en una ceremonia que buscó reafirmar el discurso institucional en torno a la justicia, la legalidad y el servicio público.
México refuerza su postura histórica contra el bloqueo y anuncia más ayuda humanitaria para la isla en medio de tensiones internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México se opondrá a cualquier intento de intervención militar de Estados Unidos en Cuba, al advertir que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo, la diplomacia y las vías multilaterales.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue enfática: “No a la invasión, no a una solución violenta”, al subrayar que México defenderá siempre el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación, sin injerencias externas.
Sheinbaum también señaló que el endurecimiento del bloqueo económico contra la isla ha agravado la situación, particularmente por las restricciones para el acceso a combustibles, lo que ha generado afectaciones directas a la población.
En ese contexto, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que envíe ayuda humanitaria a Cuba, mientras México mantiene el envío constante de apoyos, incluido un nuevo barco con suministros.
La presidenta destacó que su gobierno mantiene comunicación tanto con autoridades cubanas como estadounidenses, buscando evitar una escalada de tensiones y promover una salida pacífica al conflicto.
Además, abrió la puerta a que empresarios mexicanos exploren oportunidades en la isla, luego de que Cuba anunciara medidas para flexibilizar su economía, en un intento por aliviar la crisis que enfrenta.
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”. Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
El nuevo alcalde capitalino asume con respaldo de una alianza progresista y en medio de una creciente polarización política en Francia.
El socialista Emmanuel Grégoire fue electo como nuevo alcalde de París, consolidando el control de la izquierda en la capital francesa tras obtener más del 53% de los votos, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Respaldado por una coalición de socialistas, ecologistas y comunistas, Grégoire asumió el cargo con un discurso contundente frente al avance de la derecha. “París será el corazón de la resistencia contra la ultraderecha”, afirmó, en un contexto político marcado por la fragmentación y la tensión.
El nuevo edil, de 48 años, sucede a Anne Hidalgo y representa la continuidad de un proyecto progresista que ha mantenido a la izquierda al frente de la capital. Su triunfo se da en medio de una crisis política nacional que dejó tres bloques enfrentados: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Las elecciones municipales confirmaron que, aunque la izquierda conserva bastiones clave como París y Marsella, la ultraderecha y la izquierda radical avanzan en ciudades medias, lo que anticipa un escenario complejo rumbo a las presidenciales de 2027.
Desde México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó al nuevo alcalde y destacó la importancia de proyectos que ponen en el centro a la ciudadanía. “Celebramos las iniciativas que priorizan los derechos y el bienestar de las comunidades”, expresó.
Desde la Ciudad de México felicito a @egregoire por su triunfo como alcalde de París.
Celebramos los proyectos que ponen en el centro a la gente, los derechos y el bienestar de las comunidades.
La victoria de Grégoire no solo reafirma el peso político de la izquierda en la capital francesa, sino que también envía un mensaje en defensa de un modelo incluyente frente al avance de fuerzas conservadoras en Europa.
El acuerdo incluye cooperación en seguridad, ciberseguridad y combate al crimen, pero sin detalles claros ni apertura a cuestionamientos de la prensa.
El gobierno de Honduras, encabezado por Nasry Asfura, acordó reforzar su colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, tras una reunión con la enviada especial de Washington, Kristi Noem, en Tegucigalpa.
El encuentro se enmarca en la estrategia impulsada por Donald Trump, denominada “Escudo de las Américas”, que busca coordinar acciones regionales contra los cárteles. Sin embargo, los alcances concretos del acuerdo no fueron detallados, lo que ha generado cuestionamientos sobre su implementación real.
Durante la reunión se abordaron temas como migración, seguridad y ciberseguridad, además del fortalecimiento de las capacidades policiales y militares hondureñas mediante asistencia técnica de agencias estadounidenses.
A pesar del discurso oficial, el anuncio se dio en un contexto de escasa transparencia, ya que no se permitió a la prensa formular preguntas, mientras que la delegación estadounidense evitó emitir declaraciones públicas.
El acuerdo también llega en un momento crítico para Honduras, uno de los países más violentos de Centroamérica, donde operan grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, vinculados al narcotráfico y la violencia, lo que pone a prueba la efectividad de este tipo de alianzas.
Además, la iniciativa ha generado inquietud por la posible adopción de estrategias de mano dura similares a las de El Salvador, que han sido señaladas por organismos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos, lo que abre un debate sobre el costo de estas políticas en la región.
