La Presidenta confirmó una llamada de 40 minutos con el mandatario estadounidense, centrada en comercio, seguridad y cooperación; Trump incluso la invitó a visitar EUA, aunque sin fecha definida.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada telefónica “cordial y productiva” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas clave de la relación bilateral, principalmente en materia comercial y de seguridad.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló que la conversación tuvo una duración aproximada de 40 minutos y fue solicitada por el propio Trump. “Hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Fue una llamada muy cordial”, señaló, al precisar que por el momento no puede dar a conocer más detalles.
Sheinbaum destacó que ambos gobiernos acordaron que sus equipos continuarán trabajando de manera conjunta, especialmente en el fortalecimiento del entendimiento general entre México y Estados Unidos. En ese contexto, subrayó que Trump coincidió en que hay avances en materia de seguridad, tema en el que el subsecretario Roberto Velasco ha sostenido reuniones recientes en Washington con autoridades estadounidenses.
Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.
Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI
En el ámbito comercial, la Presidenta confirmó que se discutió el interés de ampliar las reglas de origen, no solo en el sector automotriz, como parte del acuerdo comercial vigente. “Seguimos avanzando en los temas comerciales”, puntualizó.
Sheinbaum también reveló que durante la llamada tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, a quien dijo haber conocido durante su reciente visita oficial a Washington. En redes sociales, compartió una imagen en la que aparece acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo presente durante la conversación.
Finalmente, la mandataria informó que Trump la invitó a visitar Estados Unidos, aunque aclaró que no se fijó una fecha para dicho encuentro. “Fue una conversación que él quiso tener y hasta aquí puedo informarles”, concluyó.
Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
Las sanciones derivan de denuncias ciudadanas y refuerzan la estrategia estatal contra la corrupción en los cuerpos de seguridad.
El Gobierno de Michoacán separó de sus funciones a nueve elementos de la Guardia Civil que son investigados por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y cohecho contra automovilistas. La medida se tomó tras denuncias ciudadanas que evidenciaron prácticas ilegales, como la amenaza de imponer multas de tránsito a cambio de dinero.
En un comunicado oficial, las autoridades estatales informaron que estas acciones ocurren en un contexto clave: la eliminación reciente de sanciones de tránsito en la entidad, una decisión orientada a cortar de raíz prácticas de intimidación y extorsión por parte de algunos agentes. Con ello, se busca que los cuerpos policiales se enfoquen exclusivamente en la protección ciudadana, y no en tareas recaudatorias.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detalló que los casos se registraron en dos momentos. En diciembre de 2025, cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por conductas irregulares; mientras que en enero de 2026, cinco agentes más enfrentaron investigaciones por presunto abuso de autoridad.
La SSP, encabezada por José Antonio Cruz Medina, actuó de manera inmediata y en coordinación con las autoridades ministeriales, como parte de una política de cero tolerancia a la corrupción. Cruz Medina, integrante del equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo públicas las sanciones a través de sus canales oficiales.
Esta estrategia de transparencia institucional, subrayó el gobierno estatal, tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro de que las quejas contra abusos policiales tienen consecuencias reales e inmediatas.
Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo denuncias contra servidores públicos y reforzarán los mecanismos de supervisión y control interno, para garantizar un desempeño policial ético, legal y cercano a la ciudadanía en Michoacán.
La dependencia federal afirmó que la remoción del exdirector respondió a faltas reiteradas y al descontento público de la comunidad académica.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) justificó la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al señalar incumplimientos administrativos graves durante su gestión, que inició el 29 de noviembre de 2021.
En un comunicado oficial, la dependencia explicó que la decisión se sustenta en la omisión de presentar el informe de autoevaluación durante los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del CIDE, requisito previo a su entrega al órgano de gobierno. Esta falta, precisó, contraviene lo establecido en el artículo 98 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como el artículo 42 del Estatuto General del CIDE.
La Secihti subrayó que estas irregularidades se suman al descontento expresado de manera reiterada y pública por estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE, quienes cuestionaron la conducción de la anterior dirección general y demandaron cambios en la administración de la institución.
De acuerdo con la dependencia, la remoción del exdirector se realizó en el marco de las responsabilidades administrativas que rigen a los titulares de los centros públicos de investigación, y responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento normativo, la transparencia y la rendición de cuentas dentro del organismo.
Tras la salida de Romero Tellaeche, la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, designó a la doctora Lucero Ibarra como directora interina del CIDE. La secretaría destacó que la académica cuenta con una trayectoria sólida en temas de justicia social, así como una perspectiva intercultural y feminista en su labor de investigación.
Asimismo, resaltó su experiencia administrativa dentro del propio CIDE, lo que permitirá dar continuidad a las labores sustantivas del centro y atender las demandas de la comunidad académica, en un contexto orientado a la reconciliación institucional y el fortalecimiento académico.
La Secihti reiteró que el objetivo central es restablecer la gobernabilidad interna del CIDE y asegurar que la institución cumpla con su misión académica y social, en apego al marco legal vigente.
La fiscal Ernestina Godoy aseguró que el trabajo conjunto entre instituciones no vulnera la autonomía de la FGR, sino que la consolida para combatir la impunidad y mejorar la justicia.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la coordinación interinstitucional no implica interferencia ni subordinación, sino que fortalece la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República (FGR), al enmarcar su actuación en una visión de colaboración profesional orientada a ofrecer mejores resultados a la sociedad.
Al encabezar la Primera Reunión Nacional de Fiscales Federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), Godoy subrayó que las fiscalías en todo el país son piezas clave del sistema de procuración de justicia, el cual debe ser eficaz, transparente y coordinado para reducir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y avanzar en la seguridad pública.
La titular de la FGR explicó que este tipo de encuentros permiten evaluar y mejorar los mecanismos de coordinación, compartir experiencias y buenas prácticas, así como definir compromisos que impacten directamente en la productividad institucional. El objetivo, dijo, es sumar capacidades para construir una procuración de justicia más humana y eficiente.
Godoy destacó que el trabajo de las y los fiscales tiene un impacto directo en la vida de las personas, en especial de las víctimas, familias y comunidades que esperan una actuación del Estado con firmeza, integridad y compromiso.
La FECOR, actualmente encabezada por David Boone de la Garza, es el área responsable de designar, remover y supervisar la actuación de los agentes del Ministerio Público Federal en todas las sedes de la FGR en el país, función clave para garantizar un desempeño profesional y coordinado.
Durante la reunión también participó Esthela Damián, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, quien presentó el programa “Reconecta con la paz”, una estrategia enfocada en prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes mediante la reparación del daño y la reinserción social, como alternativa al castigo y la prisión.
Este programa está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años e incluye talleres psicoeducativos, servicio comunitario y actividades culturales, con el fin de promover su inclusión social y fortalecer la cohesión y la paz social en el país.
La SRE rechazó de forma tajante señalamientos que buscan vincular a los consulados mexicanos con procesos políticos internos de EU y reiteró el apego al principio de no intervención.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó categóricamente que la red consular de México en Estados Unidos haya intentado influir en procesos políticos o electorales de ese país, luego de la difusión de versiones que atribuyen a los consulados actividades de carácter político. En un comunicado oficial, la dependencia calificó estos señalamientos como “falsedades carentes de sustento” y reafirmó que la política exterior mexicana se rige por el respeto a la soberanía y la no intervención.
Sin aludir de manera directa, la SRE respondió a narrativas difundidas recientemente en redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump, en las que se acusa al gobierno de México y a Morena de utilizar la migración como una supuesta “arma política” para incidir en elecciones y afectar la seguridad nacional de EUA. Para la cancillería, cualquier acusación en ese sentido carece de fundamento jurídico y factual.
La dependencia subrayó que la actuación de los consulados mexicanos está plenamente regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención Consular México-Estados Unidos de 1943, marcos legales que delimitan claramente sus funciones. Todas las acciones, precisó, se realizan en coordinación con autoridades locales, estatales y federales estadounidenses, con estricto respeto a su legislación interna.
La SRE explicó que la labor consular se centra en la asistencia y protección de la comunidad mexicana, mediante la expedición de documentos oficiales, atención a personas detenidas, repatriación de restos y otros apoyos, además de la promoción de vínculos económicos, culturales y de intercambio bilateral, funciones equivalentes a las que desempeña la red consular de EUA en México.
El comunicado enfatizó que el trabajo consular trasciende gobiernos y coyunturas políticas. Aunque se han reforzado las tareas de protección, es “absolutamente falso” que exista intención alguna de influir o incentivar la participación en procesos políticos internos de Estados Unidos.
Como dato ilustrativo, la SRE informó que tan sólo en 2025 los consulados mexicanos emitieron 1 millón 295 mil 181 pasaportes, documentos indispensables para identificaciones oficiales y el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que también refleja la contribución económica de la comunidad mexicana al país anfitrión.
El extremo mexicano Uriel Antuna llega a Ciudad Universitaria tras un discreto paso por Tigres y luego de mostrar su mejor versión con Cruz Azul, donde incluso fue campeón de goleo.
Cuando todo parecía indicar que Pumas había cerrado su mercado de invierno, Los Deporteros MX pueden confirmar que Uriel Antuna se convertirá en nuevo jugador del conjunto universitario. El atacante arriba a los felinos después de una etapa sin brillo en Tigres, pero con el respaldo de haber vivido su mejor momento futbolístico con Cruz Azul.
De acuerdo con diversos reportes, Efraín Juárez fue una pieza clave en la negociación para concretar la llegada del “Brujo” Antuna a El Pedregal. Desde el torneo pasado, la directiva universitaria había mostrado interés en el jugador, aunque en ese momento no se logró cerrar el acuerdo. Finalmente, la insistencia dio resultados y Antuna se sumará a su tercer club considerado “grande” en la Liga MX, tras su paso por Chivas y Cruz Azul.
La operación tomó fuerza luego de que se informara que el canterano auriazul Jorge Ruvalcaba tendría su futuro en la MLS con el New York Red Bulls, situación que abrió un espacio en el ataque de Pumas y facilitó la llegada del extremo mexicano.
Se estima que Antuna firmará contrato por un año, con un salario inferior al que percibía en Tigres, una política habitual en el club, como ocurrió recientemente con José Juan Macías. El objetivo del futbolista sería recuperar protagonismo, continuidad y mantenerse en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.
Uriel Antuna conoce la presión de vestir camisetas mediáticas. En 2020, Chivas lo repatrió desde la MLS, donde disputó cerca de 60 partidos. Aunque mostró desequilibrio, la irregularidad y episodios de indisciplina limitaron su impacto. Posteriormente, llegó a Cruz Azul, club donde logró consolidarse y alcanzar su mejor nivel, coronándose campeón de goleo en 2024.
Ahora, Antuna llega a Pumas con sed de revancha y la intención de ganarse un lugar en el proyecto de Efraín Juárez. El club universitario competirá en Liga MX y Concachampions, y el “Brujo” se integra a una lista de refuerzos que incluye a Juninho Vieira, Robert Morales, César Garza, Antonio Leone y Jordan Carrillo.
El hecho activó un fuerte operativo de seguridad en una de las áreas más transitadas de la capital sinaloense.
La tarde de este miércoles 28 de enero, se reportó un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, presuntamente dirigido contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya. De acuerdo con reportes preliminares, un grupo armado realizó detonaciones de arma de fuego en la zona del Malecón Viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí, lo que generó alarma entre la población.
Tras los reportes ciudadanos, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en el área para resguardar la zona y recabar información. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si los legisladores resultaron heridos, ni se han dado a conocer detenciones relacionadas con el ataque.
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que instruyó al secretario de Seguridad Pública para desplegar de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Además, señaló que ya se estableció comunicación con la Fiscalía General del Estado para garantizar una investigación rápida y eficaz.
He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los…
Asimismo, ordenó al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, acudir a los hospitales donde fueron trasladados los legisladores y supervisar personalmente la atención médica, así como la brindada al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, quien también resultó lesionado en los hechos.
La FGR confirmó que el siniestro que dejó 14 personas muertas fue provocado por exceso de velocidad; el nuevo detenido carecía de licencia para desempeñar sus funciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ricardo Mendoza Cerón, señalado como el segundo implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca el pasado mes de diciembre, tragedia que dejó 14 personas fallecidas y varios lesionados.
De acuerdo con las autoridades, Mendoza Cerón fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en la colonia Centro de Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Tras su captura, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, donde quedó a disposición del juez que lleva el caso.
Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), el operativo se realizó a las 8:27 horas del 27 de enero. Las primeras investigaciones indican que el detenido se desempeñaba como despachador del tren, pese a que no contaba con la licencia oficial para ejercer dicha función, lo que habría influido en la cadena de decisiones que derivaron en el accidente.
La FGR recordó que el primer detenido fue Felipe de Jesús “N”, presunto maquinista principal del Tren Interoceánico, capturado el 26 de enero en Chiapas.
Sobre las causas del siniestro, la fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que las investigaciones apuntan a un exceso de velocidad. Detalló que, de acuerdo con la información recuperada de la caja negra, la unidad circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite máximo permitido era de 50 kilómetros por hora.
Godoy Ramos precisó que los frenos y sistemas del tren funcionaban correctamente, descartando una falla mecánica, y confirmó que los 14 cuerpos ya fueron recuperados e identificados, siendo entregados a sus familiares.
Los detenidos estarían ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima; el ataque ocurrió durante un torneo comunitario y volvió a exhibir la violencia que azota a Guanajuato.
Las autoridades de Guanajuato confirmaron la detención de dos personas presuntamente involucradas en la masacre ocurrida en un campo de futbol en Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas y al menos 10 más resultaron heridas por disparos de arma de fuego. Las capturas se lograron tras operativos simultáneos realizados en distintos puntos del estado, principalmente en zonas de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima.
De acuerdo con información oficial, uno de los operativos clave se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas, colindante con Salamanca. En ese punto fue detenida una mujer y se aseguraron tres vehículos, los cuales ya son analizados por la Fiscalía estatal como parte de las investigaciones relacionadas con el ataque armado.
Las personas detenidas serán puestas a disposición de un juez en las próximas horas y, según las primeras indagatorias, pertenecerían al Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal encabezada por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, originario precisamente de San Antonio de los Morales, donde aún residen varios de sus familiares.
El ataque ocurrió el pasado domingo en la comunidad Loma de Flores, al término del primer partido de la final de la Liga Llanera, un torneo comunitario que se disputaba en una localidad de apenas dos mil habitantes. Entre las víctimas se encuentran una mujer y un menor de edad, lo que incrementó la indignación social.
Sobre el caso, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que existen avances claros en las líneas de investigación y adelantó que en breve la Fiscalía dará a conocer públicamente las motivaciones del crimen. La mandataria afirmó que se reforzará la estrategia de seguridad Confía, con el objetivo de avanzar en la pacificación del estado.
Las pesquisas apuntan a que el ataque estaría vinculado a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Al menos cinco de las víctimas presuntamente formaban parte de una empresa de seguridad privada relacionada con el CJNG. En este contexto, Guanajuato cerró 2025 como el estado con más homicidios del país, con más de 2 mil 500 asesinatos, reflejo de una violencia que sigue sin dar tregua.
