El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra cuatro elementos activos de la Policía de Investigación de la propia Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como contra un integrante de la Policía Municipal de Uruapan.
Los cuatro agentes de investigación detenidos fueron identificados como Luis Manuel “N”, Priscila “N”, J. Carmen “N” y Alejandra “N”, señalados por su probable participación en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y evasión de preso.
Los cuatro agentes quedaron a disposición de la autoridad judicial para que se resuelva su situación jurídica.
En el segundo asunto, se ejecutó la orden de aprehensión contra Sebastián “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Uruapan, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con las investigaciones, el 3 de enero de 2026 la víctima comenzó a recibir mensajes por los cuales se le exigía el pago de 150 mil pesos, acompañados de amenazas contra su persona, su familia y sus bienes.
Esa misma tarde, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra el domicilio de la víctima, y las amenazas continuaron posteriormente desde otro número telefónico.
El 29 de enero fue detenida una persona que presuntamente acudió a recoger el dinero producto de la extorsión, momento en el que también se aseguró un teléfono celular.
El análisis de la información extraída de ese dispositivo móvil permitió identificar una conversación de WhatsApp que llevó a vincular el número telefónico del presunto organizador con el policía municipal ahora detenido.
El fiscal Carlos Torres Piña subrayó que la extracción, el procesamiento de información de telefonía son procedimientos técnicos que pueden tomar meses, pero que resultan fundamentales para fortalecer las investigaciones y sustentar jurídicamente las acciones de la Fiscalía.
Asimismo, reiteró que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que traicione la confianza ciudadana o vulnere el cumplimiento de la ley, independientemente de quién se trate, que todos los procesos se desarrollan con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
