El Instituto Nacional Electoral (INE) se colocó bajo el escrutinio público tras adjudicar directamente un contrato por 1 millón 157 mil pesos para la producción de una miniserie documental sobre la elección del Poder Judicial de la Federación de 2025, que fue entregado al productor externo Gilberto Solís Mendívil, quién tiene antecedentes por fraude. La decisión ha provocado deslindes institucionales, críticas por vulnerar principios de transparencia y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en contenidos audiovisuales.
Las consejeras del INE Carla Humphrey y Dania Ravel se distanciaron del procedimiento de contratación, señalando que la producción pudo haberse realizado con los recursos internos de la institución y que, de acuerdo con el reglamento, las adjudicaciones corresponden a áreas administrativas como la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración y el Comité de Adquisiciones. Humphrey subrayó en redes sociales que no formó parte de la decisión y cuestionó la necesidad de outsourcing para una miniserie cuyas gráficas, en gran medida, corresponden a material propio del INE.
El productor elegido para dirigir la miniserie, Gilberto Solís Mendívil, es un comunicador y realizador audiovisual, desempeñando cargos como director de producción en medios como Canal 360 TV y ha trabajado en agencias y empresas privadas vinculadas a publicidad y producción audiovisual.
No obstante, su designación para un contrato público de más de un millón de pesos ha reavivado señalamientos que lo vinculan con esquemas de contratación irregular en el estado de Hidalgo. Durante la gestión de Sergio Islas al frente del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTVH), las autoridades detectaron pagos a empresas fachada por más de 242 millones de pesos, en un caso que terminó con la condena de Islas por peculado en 2024. En las indagatorias del caso, Solís habría figurado como uno de los receptores de pagos por servicios que nunca se realizaron, aunque él no fue detenido ni procesado penalmente
La polémica no se limita a las relaciones con ejecutores de campaña o agencias de publicidad, sino que toca fibras sensibles de la transparencia institucional: críticos del contrato señalan que Solís mantiene vínculos pendientes de clarificación con operadores de agencia que han recibido recursos públicos, además de que existen dudas sobre la pertinencia y alcance editorial del proyecto, considerando que el INE cuenta con áreas técnicas y recursos para producir contenidos con base en su propio material documental y gráfico.
El caso también ha puesto en el centro del debate la separación de funciones dentro del órgano electoral: mientras las consejeras electorales han insistido en no haber participado en la adjudicación, la administración central del INE ha tenido que hacer públicos los procedimientos internos, defensas y justificaciones técnicas para explicar por qué se recurrió a un proveedor externo para un proyecto de comunicación que algunos consideran no esencial para las funciones básicas de la autoridad electoral.
La legitimidad de los procesos de contratación, la credibilidad del INE como garante de transparencia y la figura de Gilberto Solís Mendívil como productor con antecedentes de fraude colocan al organismo electoral bajo un escrutinio público que difícilmente puede evadir. Más allá de deslindes individuales, el caso expone fallas estructurales en los mecanismos de control interno y en la supervisión del uso de recursos públicos.
