Desde el Antiguo palacio del Ayuntamiento, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el envío de cinco iniciativas de ley al Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de reducir la incidencia delictiva, fortalecer la procuración de justicia, homologar leyes locales con las federales y garantizar la implementación del Sistema Público de Cuidados en la capital.
“El objetivo de estas iniciativas es construir una Ciudad de México más segura, más justa y más igualitaria; tienen que ver con cerrar vacíos legales, proteger a las víctimas, homologar con leyes federales y también con una nueva ley que sirva para cuidar en la Ciudad de México”, explicó Brugada Molina.
Entre las propuestas destaca la Ley del Sistema Público de Cuidados, la cual busca hacer justicia a las mujeres y consolidar a la capital como la primera entidad del país con una legislación integral en la materia. La mandataria señaló que esta iniciativa cumple con el artículo 9 de la Constitución local y con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce tres dimensiones del cuidado: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
El sistema estará enfocado en ofrecer servicios universales, accesibles y de calidad, y en promover la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros, instituciones y sectores sociales. Además, se contempla también una reforma para sancionar las lesiones por razones de género, con la finalidad de prevenir la violencia antes de que escale y se convierta en feminicidios.“No vamos a esperar al feminicidio para actuar; hay distintos tipos de violencia de género que deben clasificarse y sancionarse”, subrayó la Jefa de Gobierno.
Brugada Molina informó también sobre reformas orientadas a fortalecer la protección de las víctimas del delito de despojo, agravar sanciones por amenazas y homologar artículos del Código Penal local con la legislación federal, con el propósito de mejorar la coordinación frente a estructuras delictivas.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, destacó que la Ley del Sistema Público de Cuidados representa un paso fundamental hacia una política social moderna que reconoce el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
La funcionaria explicó que de igual manera se prevé la creación de una Junta de Gobierno, encabezada por la Jefa de Gobierno e integrada por dependencias del Ejecutivo y organismos descentralizados como el DIF, encargada de delinear un plan sexenal de acción. La iniciativa prioriza la atención a primeras infancias menores de tres años, adultos mayores, personas con discapacidad, en situación de calle y sectores históricamente relegados. Además, establece que el presupuesto del sistema no podrá ser menor al del año anterior y fija como meta la cobertura universal en 2050.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que el paquete penal busca fortalecer la protección a las víctimas y sancionar con mayor severidad delitos como la suplantación de identidad y el despojo, en especial cuando afecten a adultos mayores, mujeres solteras, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas.
También se plantean reformas al Código Civil, la Ley Registral y la Ley de Notarías para sancionar la simulación de actos de buena fe y el uso irregular de registros y documentos notariales.
A su vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que se busca armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con las recientes reformas federales a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer la coordinación institucional, la profesionalización policial y el régimen disciplinario. La propuesta también da validez jurídica al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz, y homologa el delito de asociación delictuosa con su equivalente federal.
A pregunta expresa por Los Reporteros MX sobre la propuesta de la tipificacion del delito de agresiones por razones de género, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las reformas contemplan incrementar las penas por lesiones cometidas por razones de género o prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.
Entre los casos considerados se incluyen relaciones afectivas previas, antecedentes de acoso o violencia, expresiones de odio o desprecio, así como agresiones frente a menores o en contextos laborales y de trabajo sexual. También se propone reformar el delito de amenazas para distinguir entre las comunes y aquellas que representen un riesgo real, con agravantes cuando se usen armas, existan vínculos con la delincuencia organizada o sean amenazas de muerte o contra testigos.
