El caso de los hermanos Farías Laguna destapó cómo marinos, empresarios y funcionarios montaron una red criminal que movió millones de litros de combustible robado desde Estados Unidos hacia México.
La Secretaría de Marina enfrenta uno de los mayores escándalos en su historia reciente. Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló una red de contrabando de hidrocarburos, integrada por altos mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios, que operaba desde 2024 y que fue expuesta tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, en marzo de 2025.
El entramado criminal habría sido encabezado por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, familiares del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y presuntamente responsables de colocar a marinos de confianza en puestos clave de aduanas para facilitar la entrada ilegal de combustible. La investigación documenta sobornos millonarios, bolsas negras con dinero en efectivo y protección institucional para asegurar el paso de al menos 14 barcos cargados de diésel, de acuerdo con un análisis de Carlos Carabaña para El País.
Entre los involucrados aparecen empresarios de la compañía Mefra Fletes, como Héctor Portales Ávila y Anuar González Hemadi, además de accionistas ligados al crimen organizado. Sus camiones cisterna fueron clave para transportar cerca de 10 millones de litros de combustible. La FGR ha girado nuevas órdenes de captura contra ocho implicados, incluidos accionistas y operadores financieros.
Otro personaje central es Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, señalado por derrochar más de 60 millones de pesos en casinos y repartir sobornos a través de maletines repletos de efectivo. Su conexión con los Farías habría permitido operar la red bajo el nombre en clave de “Los Primos”.
La investigación también expone un rastro de violencia: el asesinato de un exmarino que denunció la red, la muerte de una trabajadora de la Fiscalía y el suicidio de otro militar acusado de recibir sobornos.
