En Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado impulsa el programa “Salud Sin Tanto Choro”, una iniciativa que lleva servicios médicos directamente a colonias y comunidades. Gracias a este esquema, más de 16 mil personas ya han recibido atención gratuita y sin trámites.
Playa del Carmen alcanzó un nuevo hito en materia de salud pública luego de que la presidenta municipal, Estefanía Mercado, anunciara que más de 16 mil personas han sido beneficiadas por el programa “Salud Sin Tanto Choro”, una estrategia que lleva servicios médicos gratuitos y sin trámites innecesarios directamente a colonias y comunidades. Se resaltó que esta política nació con un objetivo puntual: acercar la atención de calidad a quienes antes no podían acceder a ella.
La iniciativa ha tenido un impacto profundo en el municipio al ofrecer consultas generales, medición de signos vitales, detección de enfermedades crónicas, atención psicológica, entrega de medicamentos y acompañamiento especializado a miles de familias que habían permanecido desatendidas. Mercado sostuvo que este programa marca un antes y un después, pues ahora es el gobierno quien llega al territorio para garantizar el derecho a la salud sin barreras.
Durante su mensaje, la presidenta reconoció el esfuerzo colectivo detrás del proyecto, destacando la labor del personal médico, voluntariado y servidores públicos que han logrado que “Salud Sin Tanto Choro” llegue a lugares donde nunca antes se había brindado atención directa. Afirmó que la salud es uno de los ejes prioritarios de su administración y que esta visión humanista continuará guiando las acciones del gobierno municipal.
El avance del programa refleja, además, un compromiso permanente con el bienestar de los habitantes de Playa del Carmen. La alcaldesa reiteró que la meta es ampliar la cobertura y llegar a más personas cada día, fortaleciendo una política pública que ha transformado la forma en que se brinda atención en el municipio.
Con este logro, el Ayuntamiento reafirma su propósito de construir un Playa del Carmen más justo, más sano y con oportunidades reales para todos sus habitantes, impulsando una estrategia que ya se posiciona como una de las más relevantes en materia social.
El crimen organizado es, ante todo, un negocio ilegal que busca ganancias económicas y opera como una empresa. El terrorismo, en cambio, es la generación de violencia con fines políticos, diseñada para causar miedo e influir en gobiernos o poblaciones. Aunque a veces se cruzan, sus motivaciones, métodos y objetivos son distintos.
El reciente ataque con explosivos frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, es un ejemplo concreto de cómo la violencia en ciertas regiones puede manifestarse de manera extrema. Este hecho ilustra la distinción entre crimen organizado y terrorismo, ya que la utilización de un explosivo recuerda tácticas propias de la violencia terrorista. Sin embargo, como explica la literatura sobre el tema, la motivación y el objetivo de la acción determinan su naturaleza, diferenciando si se trata de un ataque para obtener ganancias económicas o de un acto con fines políticos.
¿Qué es el crimen organizado?
Hablar de crimen organizado no es tan simple como parece, ya que el sociólogo Juan Gabriel Tokatlián advierte que no existe una definición única ni universal: el concepto es amplio, cambiante y, a veces, hasta escurridizo. Por ello es que propone tratarlo con una mirada “fenomenológica”, es decir, observar cómo funcionan realmente estas organizaciones para entender sus rasgos básicos.
En términos sencillos, el crimen organizado es un negocio ilegal que opera como una empresa:
Tiene un grupo de personas, valga la redundancia, bien organizado
Opera de manera estable en el tiempo
Se dedican a actividades delictivas con un objetivo claro: ganar dinero o beneficios materiales
Ejemplos: un cártel que trafica drogas, una red dedicada al robo de autos, o una grupo que cobra piso a comerciantes. En todos los casos el objetivo es lucrar por medio de una actividad ilícita. Sus decisiones, estructura y acciones giran alrededor de proteger el negocio y sus ganancias.
No confundir crimen organizado con terrorismo
En años recientes, especialmente en América Latina, algunas agencias de seguridad de EUA han empujado la idea de que el crimen organizado —sobre todo el narcotráfico— y el terrorismo son prácticamente lo mismo. Esta visión errónea mezcla dos fenómenos que, aunque a veces se rozan, no tienen el mismo objetivo ni operan igual.
Esta confusión ignora que cada uno tiene dinámicas propias y que no todos los países enfrentan estos problemas de la misma manera.
¿Qué es entonces el terrorismo?
El terrorismo es, ante todo, una acción o varias acciones violentas con fines políticos. Su objetivo no es ganar dinero, sino transmitir un mensaje político utilizando el miedo como principal herramienta.
Un atentado con bomba en un aeropuerto, un ataque armado contra civiles o la amenaza de destruir infraestructura: en todos estos casos, la violencia —o la amenaza de ella— busca atemorizar a una población o presionar a un gobierno para que haga o deje de hacer algo.
Ejemplos: ungrupo extremista que detona explosivos en edificios gubernamentales para exigir cambios políticos. Aunque financie parte de sus actividades robando bancos o mediante secuestros, su meta sigue siendo política, no económica.
Diferencia clave
De acuerdo con el jurista Howard Abadinsky, el crimen organizado es una “empresa no ideológica”: no quiere imponer creencias ni cambiar gobiernos, solo proteger y expandir su negocio. Puede involucrarse en política pero solo para comprar protección, evadir controles o corromper autoridades que le faciliten operar.
En cambio, el terrorismo sí tiene metas políticas, ideológicas o religiosas. La violencia no es un medio para ganar dinero, sino para cambiar el panorama político de un país o una región.
A veces se cruzan, pero no son lo mismo
A veces un cártel puede usar tácticas terroristas —por ejemplo, colocar coches bomba o exhibir violencia extrema—, pero como herramienta, no como identidad. Busca intimidar a rivales o autoridades para proteger sus operaciones, no para transformar un sistema político.
También ocurre lo contrario: algunas organizaciones terroristas recurren a actividades criminales para financiarse, aunque su objetivo final sigue siendo político.
¿Por qué importa diferenciarlos?
Porque sus estrategias, sus motivaciones y su impacto son distintos:
El crimen organizado necesita un ambiente relativamente estable para realizar sus negocios; por eso tiende a corromper, infiltrar y controlar sectores económicos y gubernamentales, evitando llamar demasiado la atención.
El terrorismo, en cambio, busca generar inestabilidad y miedo, porque eso le da fuerza política.
Un cártel preferirá sobornar a un policía para que le permita operar o lo deje en libertad; un grupo terrorista preferirá atacar una estación de policías para enviar un mensaje.
Fuente: Qué es el crimen organizado. Marcelo Fabián Sain. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2017
Morelos con el gobierno de acelera Margarita González Saravia ha rehabilitado 88 kilómetros de rutas de evacuación del Popocatépetl con una inversión de 147 millones de pesos, devolviendo seguridad vial a miles de habitantes que por años esperaron mantenimiento en estas carreteras clave.
En una gira de trabajo por Ocuituco, la gobernadora Margarita González Saravia anunció un avance significativo en la rehabilitación de las cinco Rutas de Evacuación del volcán Popocatépetl, un proyecto estratégico que forma parte del Circuito Tierra y Libertad. Tras años de abandono en estas vías, la intervención busca garantizar que las comunidades de Los Altos y el oriente de Morelos cuenten con caminos seguros y funcionales ante cualquier eventualidad volcánica.
Los trabajos, ejecutados por la Secretaría de Infraestructura estatal en coordinación con la SICT federal, abarcan 88 kilómetros que conectan a diez municipios clave, con una inversión superior a 147 millones de pesos y un avance físico del 47%, las obras proyectan alcanzar el 60% de la red total intervenida, beneficiando a más de 187 mil habitantes y generando 386 empleos directos. La mandataria subrayó que estas carreteras no habían recibido mantenimiento durante varios años y que la prioridad es avanzar lo máximo posible para fortalecer la seguridad regional.
Las labores incluyen bacheo profundo y superficial, renivelación, sobrecarpetas de concreto asfáltico, limpieza de cunetas, desyerbe y colocación de señalamientos, acciones indispensables para garantizar vialidades transitables durante una emergencia. En la Ruta de Evacuación número dos, el tramo Metepec–Tetela del Volcán registra un 70% de progreso, mientras continúa la tercera etapa del corredor Yecapixtla–Ocuituco, convirtiéndose en la ruta con mayor avance.
La gobernadora destacó que el esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y federal ha permitido mantener obras activas en las cinco rutas de evacuación, reforzando la infraestructura preventiva de la región. A su vez, autoridades municipales reconocieron la relevancia del proyecto, entre ellos el alcalde de Ocuituco, René Jacobo Ortuño, quien resaltó que estas vialidades habían permanecido sin intervención durante años.
Al encuentro asistieron representantes de Protección Civil estatal, autoridades municipales de Yecapixtla, Tetela del Volcán y Hueyapan, así como personal técnico de la SICT, quienes reafirmaron su compromiso de acompañar el proceso de modernización vial que permitirá a Morelos contar con rutas seguras y confiables ante el comportamiento del volcán.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes.
A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio.
El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.
Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados
El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación.
Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores.
Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.
Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía.
Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad
Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia.
Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación.
Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad
La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos.
Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal.
En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales.
Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco.
Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.
Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.
Autoridades confirman que la explosión en Michoacán responde a pugnas entre grupos criminales y no a un ataque con fines políticos o ideológicos.
La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, se atribuye a a delincuencia organizada y no a terrorismo, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Son actos criminales de células afines al Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos, con el objetivo de ampliar actividades como tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal y narcomenudeo”, explicó Harfuch durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
El secretario aclaró que, de acuerdo a la ley mexicana e internacional, el terrorismo implica imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, mientras que este caso se centra en conflictos por control delictivo entre grupos criminales. La camioneta, procedente de Colima, contaba con un conductor y un acompañante al momento de la explosión.
Sobre el carro bomba en Michoacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch), aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación, principalmente porque hubo dos víctimas; es decir, no se trató únicamente de un vehículo abandonado para la explosión, sino… pic.twitter.com/w6UPP7SPRG
Harfuch precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrae la investigación y se realizan peritajes adicionales para determinar responsabilidades. También destacó que recientemente se aseguraron artefactos explosivos improvisados en Michoacán y Sinaloa, y que no es la primera vez que estos grupos utilizan explosivos en vehículos o drones caseros.
El funcionario reafirmó que no se trató de un ataque directo a policías comunitarios, aunque no se descartan nuevas líneas de investigación. Asimismo, señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia seguirá fortaleciéndose para reducir homicidios y hechos violentos en la región.
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, indicó que la Guardia Nacional brinda 75 servicios de seguridad a funcionarios de los tres niveles de gobierno, desplegando efectivos y vehículos según análisis de riesgo, reforzando la protección tras eventos recientes como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Más de 500 mil títulos de concesión fueron revisados; varios se destinan a proyectos privados, incluido el polémico campo de golf de Ricardo Salinas Pliego en Huatulco.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que en la revisión de 536 mil títulos de concesión se identificaron usos ilegales, principalmente en campos de golf y otros proyectos privados. Entre ellos podría estar Las Parotas, en Huatulco, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, donde 85 hectáreas fueron tratadas como propiedad privada frente al mar.
Cuando la zona fue declarada Área Natural Protegida por el gobierno de AMLO, Salinas Pliego denunció “hostigamiento a la inversión”, omitiendo que había desviado agua para uso privado.
Sobre el acaparamiento de agua por Salinas Pliego, Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) cuestionó al director de Conagua, Efraín Morales (@Efrainmoralesl), quien recordó que, durante el sexenio de Vicente Fox, algunos funcionarios de Conagua se otorgaron a sí mismos o a familiares 150… pic.twitter.com/ir5u2mhHB9
Morales también detalló que esta irregularidad afecta a comunidades de todo el país. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, algunos funcionarios en Chihuahua se adjudicaron 150 títulos de concesión, equivalentes a 47 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que podría haber abastecido a cientos de localidades.
Los casos detectados están actualmente bajo investigación, y los resultados se darán a conocer próximamente. Morales destacó que la nueva Ley de Aguas Nacionales busca prevenir el acaparamiento del recurso, regularizar las concesiones y garantizar que las comunidades tengan acceso al agua que les corresponde.
El funcionario enfatizó que el uso indebido de concesiones no solo limita la distribución del agua, sino que genera beneficios privados a costa de la población, mientras que el ordenamiento actual promueve transparencia y regulación de este recurso estratégico.
Aguedo Juan Cortez Melgar, de origen salvadoreño, fue extraditado a México por su presunta participación en tráfico de personas y secuestro agravado, operando entre varios estados del país.
La Fiscalía General de la República recibió en extradición a Aguedo Juan Cortez Melgar, requerido por un juez federal en Nuevo León por su probable responsabilidad en delitos de trata y secuestro agravado. De acuerdo con la información difundida por la autoridad mexicana, el hombre habría trasladado a víctimas desde distintos puntos de Centroamérica hacia ciudades como Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León, donde eran privadas de la libertad mientras sus familias pagaban rescates.
El Gobierno de El Salvador autorizó la entrega del detenido, quien fue trasladado por agentes federales al Aeropuerto Internacional de ese país para ser puesto a disposición de la justicia mexicana. Su llegada abre la puerta a un proceso penal que podría revelar el alcance de una red transnacional dedicada al tráfico de personas.
El ex mandatario hondureño enfrenta acusaciones de lavado de activos y fraude tras ser liberado en EUA.
La Suprema Corte de Honduras emitió este lunes una orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso conocido como Pandora II.
El ex mandatario, de 57 años, fue liberado el pasado 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump.
El fiscal general hondureño, Johel Zelaya, informó a través de su cuenta de X que la orden de captura fue firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio y enviada al jefe de Interpol en Honduras.
“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el ex presidente Juan Orlando Hernández. Nuestra lucha es frontal”, declaró Zelaya, quien fue promovido por el partido Libertad y Refundación (Libre).
La medida se ha tomado mientras Hernández enfrenta procesos judiciales en su país natal por irregularidades financieras vinculadas a su administración y que se investigan desde hace varios años. La orden internacional busca garantizar que pueda ser detenido fuera del territorio hondureño en caso de viajar al extranjero.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, ha sido señalado repetidamente por su vinculación con el narcotráfico, además de investigaciones sobre corrupción y desvío de fondos públicos. La acción de la Suprema Corte marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades hondureñas por llevar ante la justicia a exfuncionarios involucrados en delitos económicos y financieros.
La ONU advirtió una indiferencia global en aumento que amenaza su plan humanitario para 2026, debilitado por la caída severa en donaciones, especialmente desde EUA.
La ONU emitió una advertencia severa al presentar su campaña humanitaria 2026, al subrayar que el mundo atraviesa un periodo marcado por “brutalidad, impunidad e indiferencia”, mientras la ayuda internacional se desploma a su nivel más bajo en una década. Este año el organismo recaudó solo 12 mil millones de los 45 mil millones solicitados, dejando a 25 millones de personas sin asistencia respecto al año anterior.
El plan para 2026 incluye un objetivo mínimo de 23 mil millones de dólares para asistir a 87 millones de personas en regiones críticas como Gaza, Sudán, Haití, Ucrania y Myanmar. La caída más drástica provino de EUA, cuyo aporte se redujo de 11 mil millones en 2024 a 2 mil 700 millones en 2025. Aun así, Washington sigue siendo el principal donante mundial.
Las prioridades para el próximo año incluyen 4 mil 100 millones para atender a tres millones de personas en los territorios palestinos y 2 mil 900 millones para apoyar a 20 millones en Sudán, donde la guerra civil continúa desplazando comunidades enteras. La ONU insiste en que pide “un poco más del 1%” de lo que el mundo gasta en defensa, ante un escenario global donde el financiamiento civil parece retroceder frente al militar.
Para subrayar la urgencia, funcionarios de la ONU relataron encuentros recientes con víctimas en zonas de conflicto, como una joven sudanesa que perdió a su marido e hijo en ataques recientes y llegó a Tawila recorriendo lo que describen como “la carretera más peligrosa del mundo”. El organismo sostiene que historias como esa deberían bastar para despertar la empatía internacional, pero teme que la apatía colectiva siga creciendo si los gobiernos no revierten sus recortes.
Bruna Ferreira, inmigrante brasileña con vínculos familiares con la vocera de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue liberada bajo fianza mientras continúa un proceso que podría llevarla a la deportación. El caso desató tensiones después de que el gobierno la etiquetara como “criminal”, algo que su defensa calificó de falso.
Bruna Ferreira, inmigrante brasileña de 33 años y residente desde hace años en Massachusetts, obtuvo su liberación bajo una fianza de 1,500 dólares, de acuerdo con su abogado Todd Pomerleau. La decisión fue tomada por un juez de inmigración en Louisiana, luego de que agentes del ICE la detuvieran en noviembre mientras llevaba a su hijo a la escuela.
El caso adquirió un matiz político por sus lazos familiares con Karoline Leavitt, actual vocera de prensa de la Casa Blanca. Ferreira estuvo comprometida con Michael Leavitt, hermano de la portavoz, y aseguró que llegó a quererla como madrina de su hijo. La detención desató controversia cuando el Departamento de Seguridad Nacional la llamó “inmigrante ilegal criminal”, acusación que su abogado negó tajantemente.
Ferreira llegó a EUA cuando era niña y estaba inscrita en DACA, además de encontrarse en proceso para obtener la residencia permanente. Desde su liberación, criticó las declaraciones oficiales que la describen como madre “ausente”, calificándolas de “repugnantes” y “falsas”. También reconoció que confiar en la familia Leavitt “fue un error” dado que, a su juicio, la narrativa del gobierno ha superado cualquier expectativa negativa.
