A menos de un mes de asumir el poder, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta señalamientos por restringir el acceso a información pública, centralizar la comunicación oficial y mantener una relación hostil con periodistas y medios críticos, un patrón que organizaciones de libertad de prensa consideran preocupante.
A menos de un mes de haber tomado posesión, el gobierno de Abelardo de la Espriella acumula cuestionamientos por lo que organizaciones periodísticas califican como una creciente hostilidad contra la prensa independiente. Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) han advertido sobre decisiones judiciales y administrativas que, desde su perspectiva, pueden terminar intimidando, restringiendo o condicionando el trabajo de los medios.
El antecedente no es menor. La FLIP documentó 109 denuncias por injuria y calumnia presentadas por De la Espriella contra periodistas y medios entre 2008 y 2019, la mayoría archivadas por falta de pruebas. RSF llegó a describirlo como “el tigre del lawfare”, al señalar un patrón de litigios que, según la organización, puede generar presión económica y favorecer la autocensura. Ya como presidente, además, un tribunal de Bogotá le ordenó retractarse públicamente por comentarios de connotación sexual dirigidos contra la periodista Laura Rodríguez, mientras otras comunicadoras, como María Lucía Fernández y Camila Zuluaga, también han sido blanco de sus ataques.
La tensión alcanzó un punto particularmente delicado después del terremoto del 10 de agosto, que dejó 281 muertos, 3 mil 971 heridos y 348 desaparecidos. El gobierno restringió el acceso a la plataforma de evaluación situacional en tiempo real de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, decisión que Síncope calificó como “el primer acto de censura” de la nueva administración. Cabe recalcar que esta restricción ocurrió precisamente durante una emergencia en la que la ciudadanía necesitaba información pública para conocer la situación de sus comunidades y familiares.
El cerco también alcanzó a los medios de comunicación. El 31 de agosto, el programa Mañanas Blu 10:30, conducido por Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo, salió abruptamente del aire. Caracol Televisión atribuyó la decisión a problemas de audiencia y dificultades con anunciantes, mientras que La Silla Vacía publicó versiones de fuentes cercanas a la decisión que apuntaron a señales de incomodidad del gobierno con el contenido del espacio. La coincidencia temporal con un encuentro entre De la Espriella y el empresario Alejandro Santo Domingo, propietario del canal, alimentó todavía más las dudas sobre el contexto de la salida.
A esto se sumó la controversia por las 20 Emisoras de Paz, creadas como parte del Acuerdo Final de Paz. El senador Iván Cepeda anunció una acción de tutela contra el MinTIC e Inravisión por la suspensión de estas estaciones, argumentando que la medida vulneraría los derechos a la información, la libertad de expresión y la paz. Mientras tanto, el 3 de septiembre, la Presidencia oficializó una directiva que obliga a ministros y altos funcionarios a consultar y coordinar con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa antes de conceder entrevistas o emitir declaraciones a medios.
La medida de comunicación, vigente durante los cuatro años del mandato, supone una concentración inédita de la vocería gubernamental: las declaraciones de los funcionarios quedan sujetas a una instancia central antes de llegar a la prensa. Para sus críticos, esto reduce el acceso directo a las fuentes oficiales y facilita que el gobierno controle qué mensaje sale, quién lo transmite y bajo qué condiciones.
El contexto regional tampoco es menor. RSF ya había advertido en mayo sobre un incremento de la hostilidad hacia la prensa entre gobiernos latinoamericanos cercanos a Donald Trump, señalando entre otros casos al gobierno de Javier Milei. Colombia ocupa actualmente el puesto 102 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, por lo que las nuevas restricciones generan preocupación sobre un posible deterioro adicional.
El problema, por tanto, va mucho más allá de las diferencias personales entre De la Espriella y determinados periodistas. Litigios contra comunicadores, restricciones a información pública durante una emergencia, desaparición de espacios críticos y una vocería oficial sometida a control centralizado conforman un conjunto de decisiones que sus críticos consideran incompatible con una prensa verdaderamente libre e independiente.
¿Cuánto espacio quedará para que el periodismo colombiano cuestione al poder sin enfrentar represalias judiciales, económicas o administrativas?
