Se sancionó a funcionarios de cinco dependencias por omitir declaraciones patrimoniales y, en un caso, por presentar una cédula profesional irregular.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla impuso siete sanciones administrativas que derivaron en destituciones e inhabilitaciones temporales contra servidores públicos de distintas dependencias estatales, como parte de su estrategia para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La dependencia informó que la mayoría de las sanciones obedecen a la omisión en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mientras que uno de los casos estuvo relacionado con la violación de los principios de lealtad en el servicio público. Las resoluciones fueron emitidas con apego al debido proceso y garantizando el derecho de audiencia y defensa de los involucrados.
Entre los casos sancionados destaca el de Ana María N., exservidora pública del ISSSTEP, quien fue destituida e inhabilitada por cinco meses y 12 días tras presentar una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido durante un procedimiento escalafonario. Asimismo, Carlos N., de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, fue destituido e inhabilitado por seis meses por no presentar su declaración patrimonial de conclusión; mientras que Cristian N., de la Secretaría de Seguridad Pública, recibió destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días por la misma omisión.
En la Secretaría de Bienestar, Erika N. fue destituida por no presentar su declaración patrimonial de inicio, en tanto que José Edmundo N. fue destituido e inhabilitado por cinco meses y 12 días por incumplir con la declaración de conclusión. A estas sanciones se suman las de José Ismael N. y Julián Manuel N., del organismo público descentralizado Convenciones y Parques, quienes fueron destituidos e inhabilitados por cinco meses y 12 días, y cinco meses y 19 días, respectivamente, también por omitir su declaración patrimonial de conclusión.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado a cargo de Alejandro Armenta, señaló que estas acciones forman parte de la política estatal para combatir la corrupción, fortalecer la legalidad y garantizar una administración pública transparente. Agregó que las personas sancionadas podrán impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes.
