El gobierno panista de Querétaro presume orden y progreso, pero arrastra una larga lista de decisiones que han beneficiado a unos cuantos mientras socializa los costos entre la ciudadanía.
Si Querétaro se administrara como una empresa privada, Mauricio Kuri sería el ejemplo perfecto del directivo que convierte el poder público en una plataforma de negocios.
Desde la compra irregular de tierras ejidales hasta megaproyectos financiados con deuda pública, la gestión del gobernador panista ha estado marcada por conflictos de interés, privatización encubierta y decisiones opacas.
Uno de los casos más señalados es el del Ejido Bolaños, donde Kuri fue acusado de apropiarse de 18 parcelas, equivalentes a 187 hectáreas, presuntamente aprovechándose del desconocimiento legal de campesinos. Las operaciones fueron avaladas por la Notaría 27, propiedad de su cuñado Humberto Palacios Alcocer, lo que abrió cuestionamientos por nepotismo y tráfico de influencias.
En materia hídrica, el discurso oficial de que “el agua no se privatiza” contrasta con la Ley de Aguas y el proyecto El Batán, que abre la puerta a concesiones privadas. El plan implica un costo estimado de 11 mil millones de pesos, pagaderos durante 30 años, mientras la ciudadanía enfrenta recibos más caros y menor abastecimiento.
La seguridad tampoco ha dado resultados. El gobierno estatal destinó casi 4 mil millones de pesos a la empresa Seguritech, sin que ello se refleje en una reducción de la violencia. Las balaceras y homicidios persisten, mientras el propio gobernador reconoció no saber si el gasto fue “mucho o poco”.
El episodio más grave se registró el 5 de marzo de 2022, durante los hechos de violencia en el Estadio Corregidora. La respuesta del gobierno estatal se enfocó en el control de daños mediáticos, minimizando las fallas en los protocolos de seguridad y la actuación de la seguridad privada, al reducir lo ocurrido a la conducta de “unos inadaptados”, sin asumir responsabilidades institucionales.
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. El Estadio Corregidora volvió a ser escenario del descontento ciudadano hace apenas tres semanas, cuando durante el medio tiempo del partido entre Gallos Blancos y Tijuana se escuchó con fuerza el grito de “¡Fuera Kuri!” desde las gradas.
La manifestación no fue espontánea: el reclamo fue organizado previamente y se repitió en distintos momentos del encuentro, evidenciando que la inconformidad social ya se expresa incluso en espacios que el gobierno presume como símbolos de normalidad y orden.
Mientras tanto, el gobernador Mauricio Kuri ha lamentado que la ley contra el nepotismo electoral entre en vigor hasta 2030. Para muchos, el problema no es que llegue tarde, sino que llega justo cuando deja de ser un obstáculo.
