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Entre acusaciones por negocios inmobiliarios, cuestionamientos por seguridad y giras internacionales, el gobernador enfrenta crecientes críticas por su desconexión con la crisis local.

La trayectoria política de Pablo Lemus Navarro, actual gobernador de Jalisco, ha estado acompañada por una constante controversia.

Aunque ha intentado proyectar una imagen de eficiencia empresarial y modernización urbana, su gestión arrastra señalamientos por irregularidades inmobiliarias, cuestionamientos en materia de seguridad y críticas por sus viajes al extranjero en medio de una crisis estatal.

Durante sus periodos como alcalde de Zapopan (2015-2021) y Guadalajara (2021-2024), Lemus fue señalado por presuntamente favorecer a desarrolladoras inmobiliarias vinculadas a socios y donadores de campaña. Casos como la desincorporación de terrenos públicos, entre ellos el de Plaza Arcos, detonaron protestas vecinales por la construcción de torres habitacionales y centros comerciales, acusadas de impulsar la gentrificación y privilegiar intereses privados sobre el derecho a la vivienda.

A estos señalamientos se suma el caso de Accendo Banco, una institución financiera que nunca obtuvo autorización para operar y que, aun así, recibió más de 300 millones de pesos de recursos públicos provenientes del municipio de Zapopan.

De acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dichos recursos habrían sido desviados cuando Lemus era alcalde de Zapopan. Las investigaciones apuntan a presuntas prácticas de lavado de dinero, ya que el banco no tenía sucursales, no otorgó créditos y terminó en quiebra tras negársele el registro oficial, sin que hasta ahora se conozca el destino del dinero invertido.

Además, Lemus ha sido acusado de manipular licitaciones públicas, como el caso de la compra de patrullas para Guadalajara, donde un juez anuló el proceso al detectar un sobreprecio superior a 400 millones de pesos. Aunque la anulación fue revertida posteriormente en medio de presiones políticas, el caso llegó a instancias federales y permanece como uno de los episodios más graves de presunto fraude vinculados a su administración.

Para sus críticos, este cúmulo de acusaciones refleja una ruta política “sinuosa y accidentada”, en la que el hoy gobernador de Jalisco podría enfrentar las consecuencias legales de decisiones tomadas desde el poder, mientras intenta proyectar en el extranjero una imagen de estabilidad que contrasta con los señalamientos que arrastra en casa.

Pero hay más. A finales de 2025, el nombre del mandatario jalisciense apareció en reportes periodísticos internacionales que apuntaban a supuestas investigaciones de agencias de seguridad de Estados Unidos por posibles vínculos con redes criminales. Aunque Lemus ha negado de forma tajante estas versiones y las ha calificado como ataques políticos, el tema se mantiene en el debate público, especialmente ante la persistente violencia y desapariciones en la entidad.

La polémica más reciente se desató en enero de 2026, cuando Lemus emprendió una gira por España y Estados Unidos, con el argumento de promocionar a Jalisco rumbo al Mundial de Futbol 2026. Su presencia en FITUR 2026, en Madrid, fue duramente criticada por la falta de transparencia sobre los gastos de su comitiva y por viajar mientras en el estado se registran protestas sociales, alzas en el transporte público y un promedio de hasta cuatro homicidios diarios.

Pese a los señalamientos, el gobernador sostiene que estas giras son clave para atraer inversión y garantizar obras de movilidad e infraestructura. No obstante, para amplios sectores de la sociedad jalisciense, su discurso contrasta con una realidad marcada por inseguridad, inconformidad social y opacidad.