En un contundente mensaje dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante dicho organismo, reveló una serie de declaraciones que, según él, demuestran las intenciones del Partido Acción Nacional (PAN) de silenciar el debate sobre los programas sociales durante la campaña electoral.
”Porque dicen ahora en campaña que está de acuerdo con los programas sociales. Eso es falso.”
Durante su intervención, Gutiérrez Luna expuso testimonios de diversos representantes del PAN que expresaban su rechazo y condena hacia la implementación de los programas sociales. En estas declaraciones, se evidenciaba una postura crítica y poco comprometida, en la cual los panistas responsabilizaban a los usuarios de los programas por no trabajar, en lugar de asumir la responsabilidad de generar condiciones dignas de empleo para el pueblo mexicano.
📹 #Vídeo | Desenmascaran a la oposición: El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna (@Sergeluna_S), demuestra que el #PAN pretende que no se hable de los programas sociales en campaña debido a que ellos han votado siempre en contra. pic.twitter.com/Gl4vRHofYH
“Algo que aprendí de mi abuelo es a ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales.”, se leía en el cometario de Xóchitl Gálvez
El representante de Morena destacó la hipocresía de estas declaraciones, señalando que ahora, durante la campaña electoral, el PAN pretende prohibir a Claudia Sheinbaum hablar sobre los logros y continuidad de los programas sociales impulsados por la Cuarta Transformación (4T), como el acompañamiento constante al pueblo.
En este contexto, Gutiérrez Luna hizo un llamado al INE para que no permita que el PAN se deslinde de las consecuencias de sus políticas, sino que se abran espacios de debate y diálogo para que la ciudadanía pueda conocer y evaluar todas las propuestas en igualdad de condiciones.
“Esa es la realidad, esos son los hechos del Partido Acción Nacional. Vienen ahora en campaña a querer engañar a la población, a pretender engañar a la ciudadanía y a que el INE les lave la cara de esto, del abandono del pueblo.” Destacó Luna
Las revelaciones del representante de Morena ponen de manifiesto las estrategias políticas en juego durante el proceso electoral y la importancia de garantizar un debate transparente y democrático que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas en las próximas elecciones.
El diputado federal Fernández Noroña ha levantado la voz nuevamente, esta vez para advertir sobre las maniobras que, según él, la derecha está realizando para desestabilizar el proceso electoral. En una serie de declaraciones, Noroña aseguró que la derecha se encuentra aprovechando el tema de seguridad como pretexto para pedir la anulación de la elección.
Comentó que el INE ha identificado 50 ciudades como focos rojos de violencia pero que se está trabajando activamente para tomar precauciones y garantizar comicios pacíficos y seguros. Destacó que es necesario fortalecer la seguridad a candidatas y candidatos y advirtió que se están evaluando los posibles escenarios que pueden afectar las contiendas: sea la cooptación por parte de grupos criminales, sea la organización de operativos criminales para crear disturbios o sea la campaña de “narcocandidatos”.
📹 #Vídeo | El diputado @fernandeznorona asegura que la derecha se frota las manos con el tema de seguridad para pedir anular la elección, además acusó a Coparmex del uso indebido de logos institucionales del #INE, como lo hizo @XochitlGalvez. pic.twitter.com/hiEVcTohQh
Además, el legislador no dudó en señalar a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por el presunto uso indebido de logos institucionales del Instituto Nacional Electoral (INE), en una práctica que equiparó a la realizada por la senadora Xóchitl Gálvez. Esta última habría utilizado el logo del INE para promover su imagen política, aprovechando los programas sociales y los avances de la Cuarta Transformación (4T) para impulsar su campaña electoral, la cual Noroña calificó como carente de propuestas sustanciales.
El diputado llamó la atención sobre la falta de medidas de sanción para Xóchitl Gálvez, puesto que todo ha quedado en un “enérgico” llamado de atención.
Las declaraciones de Fernández Noroña reflejan una creciente preocupación dentro del espectro político mexicano sobre posibles intentos de manipulación y desestabilización del proceso electoral, en un contexto marcado por tensiones y disputas entre diferentes fuerzas políticas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que la próxima ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará el 15 de septiembre en el Zócalo, contará con la participación de la reconocida Banda MS. Esta decisión forma parte de un conjunto de festejos que buscan celebrar la diversidad musical de México.
López Obrador destacó la importancia de las bandas musicales regionales, haciendo especial mención a la tradición que representan en lugares como Mazatlán. En sus palabras, “Van a ser bandas de Oaxaca primero, son de lo mejor, mariachi, quiero a una familia que canta bien, y una banda de Sinaloa, la Banda MS, nada más no se vayan a pasar, a querer rayarse, los invitamos porque se han portado muy solidarios, fraternos”.
La elección de la Banda MS destaca, especialmente después de una reciente controversia en Mazatlán, donde algunos empresarios hoteleros expresaron su deseo de retirar a las bandas sinaloenses de las playas debido a quejas de turistas extranjeros por el “ruido”.
En respuesta a estas críticas, el mandatario señaló que la mayoría de los empresarios turísticos no se oponen a la presencia de estas bandas, reconociendo el papel que desempeñan en la vida cultural y económica de la región. Enfatizó que la música regional es una parte fundamental de la identidad de México y que los festejos del Grito de Independencia reflejarán esta riqueza musical.
La decisión de incluir a la Banda MS en el evento ha reavivado el debate sobre el lugar de las bandas regionales en espacios públicos, subrayando la diversidad de opiniones en torno a este tema y la importancia de preservar las tradiciones musicales del país.
Mientras tanto, en Mazatlán ganó la cultura sinaloense
Tras semanas de tensiones entre músicos y empresarios hoteleros en Mazatlán, el conflicto ha llegado a un acuerdo durante las vacaciones de Semana Santa. Los músicos, en respuesta a la solicitud de prohibir las bandas, optaron por hacer sonar sus tamboras y trompetas en las calles, generando un ambiente de celebración en la ciudad costera.
El líder sindical de músicos de Mazatlán, Marco Antonio Gordoa, informó que se llegó a un entendimiento entre ambas partes. Se establecieron horarios específicos para la presencia de bandas sinaloenses en las playas durante el periodo vacacional. Según Gordoa, las bandas podrán trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en la playa, tras lo cual podrán trasladarse a una plaza pública para continuar con su presentación.
Este acuerdo ha sido recibido con alivio por parte de la comunidad, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su agradecimiento al apoyo de la población de Mazatlán. Además, ha anunciado que la banda sinaloense tendrá una participación destacada en los festejos por el Grito de Independencia, destacando así la importancia cultural de estas agrupaciones en la vida de la ciudad y del país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas contundentes contra la escritora Guadalupe Loaeza, luego de que esta última, en un artículo de opinión publicado en el diario Reforma el pasado martes 9 de abril, insinuara que la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envidiaba el cabello lacio de su contrincante política, Xóchitl Gálvez. López Obrador calificó el comentario de Loaeza como “de lo más racista que puede haber”, resaltando además las críticas previas de la intelectual Denise Dresser hacia la maestra Delfina.
“Están saliendo cosas muy importantes en todo esto. Es para… o Guadalupe Loaeza, que hace un comentario de los más racista que puede haber, claro ya otra intelectual de altos vuelos, Denise Dresser le había llamado a la maestra Delfina ‘malolienta’
Loeza aseguró en su columna, que pretendía ser un análisis político, que Sheinbaum envidia a su opositora en la contienda electoral, Gálvez, por el lacio de su cabello. La escritora replicó la idea de Magali T. Ortega, una publicista y Tiktoker, autora del libro Chismecito literario en el que se hace alusión a las mujeres de cabello de chino. El artículo de Loaeza sugiere que Sheinbaum, desde pequeña, sentiría envidia por el cabello lacio de otras niñas, y que actualmente recurriría a alisarlo diariamente con una secadora de aire, negando así su cabello rizado natural.
“De allí su cola de caballo lacia. lacia: es decir que todas las mañanas invariablemente se tiene que alaciar, con una secadora de aire. su exigua cabellera”, indicó la escritora en su artículo, el cual fue blanco de diversas críticas en redes sociales. En su más reciente columna en el diario Reforma, titulada ‘¿A quién creerle?’ la escritora opina que las niñas de cabello rizado siempre son “envidiositas””
Según Loaeza, esa sería la principal razón para considerar que Sheinbaum es una persona falsa y por la que no muestra “empatía o humanidad”. La escritora incluso añadió que Claudia Sheinbaum no le agradaba por tener un “altísimo concepto de su persona” debido a su supuesta falta de empatía y humanidad, y su “inexpersión”, cosa que atribuyó al uso de botox.
La trivialidad con la que Loaeza abordó el debate generó reacciones de burla en las redes sociales, mientras que el presidente López Obrador señaló que este tipo de comentarios reflejan actitudes racistas y reprobables en la sociedad.
Humphrey, Consejera del INE, admitió que hubieron fallas técnicas en el cronómetro y aseguró que el área de Comunicación Social, encargada de la organización de los encuentros, analizará si hubo algún incumplimiento al contrato y si es necesario aplicar alguna penalización.
“Sin duda hubo un problema técnico y se tomarán las previsiones necesarias. Las y los consejeros no tenemos qué ver con los temas de administración, licitaciones y adjudicaciones, yo supondría que habría alguna carga o penalización, pero habría que ver las bases de licitación.
A pesar de las fallas técnicas registradas en el cronómetro durante el primer debate, Humphrey afirmó que no hubo una afectación significativa en el tiempo total de las candidaturas, ya que solo hubo una diferencia de 5 segundos entre una y otra.
📹 #Vídeo | La consejera del INE, Carla Humphrey reconoció que hubo fallas en el cronómetro del primer debate.
"No hubiéramos que iba a pasar algo como lo que pasó", dijo y agregó que no ocurrirá en los próximos debates. pic.twitter.com/RUa32htEsD
El reporte oficial del INE reconoce dos eventualidades: la primera, relacionada con la operación de los relojes, la cual fue corregida y el tiempo fue devuelto a la candidatura afectada sin una afectación sustancial en los tiempos.
La segunda falla fue en el cronómetro frente a los aspirantes, que se congeló y marcaba tiempos distintos, aunque esto solo fue visible para ellos, ya que el cronometraje de los tiempos fue correcto.
Para la organización de los tres debates se contrató a las empresas Full Circle y MVS Net, siendo esta última la responsable de los cronómetros. Humphrey destacó que se tomarán lecciones aprendidas para mejorar la producción técnica en los siguientes debates.
“De todo se aprende y nos llevamos muchas enseñanzas para los otros 2 debates, particularmente en temas de producción, que se trata de errores técnicos. Todo es perfectible y mejorable y a eso nos dedicaremos de cara al segundo y tercer debate”
Aunque aún no se ha programado una reunión con los representantes de las candidaturas para discutir los resultados del primer debate y continuar con la organización del segundo, programado para el 28 de abril.
Durante una entrevista en el programa de radio de Carmen Aristegui, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, negó ser propietaria de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), empresa que fue destacada en el debate presidencial tras ser vinculada a contratos con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sin embargo, en medio de la discusión, Gálvez reconoció indirectamente su relación con la empresa al afirmar que OMEI es propiedad de su esposo, Rubén Sánchez Manzo. Durante la llamada, la periodista Carmen Aristegui cuestionó a Gálvez sobre la existencia de contratos entre OMEI y el INAI, a lo que la candidata respondió enfadada, destacando que todos los contratos son públicos y que ella no tenía responsabilidad sobre las decisiones del INAI.
“Los contratos, no es mi empresa la que le suministra al INAI, es la empresa de mi esposo, pero es una empresa de mantenimiento que da servicios públicos a quien los contrata, yo no tengo nada que ver en las decisiones del INAI, yo llegue de senadora en 2018 y nunca… Es más curiosamente, a partir de ahí ya no se le suministraron servicios al INAI”. “Todos los contratos han sido públicos. Yo soy empresaria, no era funcionaria pública cuando yo gané esos contratos. No tenía nada que ver con el INAI. Yo tengo años vendiéndole al gobierno servicios, inclusive yo fui contratada por el actual gobierno. En Banobras, en el aeropuerto, tengo una empresa que da servicios. ¿Cuál es el delito? ¿Hay un delito? Que castiguen, que denuncien. Osea, yo no cometí ningún delito”.
Sin embargo, la Revista Polemón reveló que tanto OMEI como High Tech Services, otras empresa de Xóchitl Gálvez, recibieron contratos del INAI por un total de 32 millones 209 mil 778 pesos. High Tech Services obtuvo dos contratos por 237 mil 600 pesos, mientras que OMEI obtuvo nueve contratos por 31 millones 972 mil 778 pesos.
Estas revelaciones de la investigación de Polemónsugieren un trato privilegiado hacia las empresas de Gálvez por parte del INAI, lo que ha generado controversia, especialmente considerando la postura de Gálvez como opositora a las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el organismo autónomo.
Este nuevo desarrollo podría tener un impacto significativo en la campaña presidencial y en la percepción pública de Xóchitl Gálvez, quien se encuentra bajo escrutinio por su presunta relación con contratos gubernamentales.
La candidata de Morena, Berenice Hernández Calderón, se mantiene como favorita en las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Tláhuac, según los resultados revelados por Polls.mx, de cara a las elecciones del próximo dos de junio.
Hernández Calderón, quien actualmente ostenta la alcaldía con licencia, encabeza las preferencias con una ventaja de 25 puntos porcentuales sobre su competidora de la coalición “Vamos por la Ciudad de México”.
Con un 58% de preferencia en la intención de voto, Berenice Hernández supera ampliamente a Ana Karen Yáñez, abanderada del PAN-PRI-PRD, quien obtiene un 33%, mientras que Lesbia Gómez cuenta con un 6%.
Según los datos de la llamada Encuesta de Encuestas, la participación ciudadana en las últimas elecciones para la alcaldía fue del 44.71% del padrón electoral.
Con una población de 392,313 habitantes en Tláhuac y una lista nominal de 318,900 a febrero de 2024, la alcaldía representa el 4.02% de la Ciudad de México.
Bajo la dirección de su equipo y guiados por los valores de honestidad, esperanza y amor, han logrado convertir la alcaldía en un lugar lleno de oportunidades y bienestar para sus ciudadanos.
Se han destacado los progresos en áreas cruciales como la salud, la educación, la seguridad, el deporte y los servicios públicos.
Según la candidata, gracias a la implementación de políticas basadas en la Cuarta Transformación, Tláhuac ha experimentado una mejora notable en la calidad de vida de sus habitantes.
La candidata resaltó su compromiso con el servicio público y su determinación para continuar trabajando en beneficio de todos los residentes de la alcaldía, promoviendo una gestión transparente y enfocada en las necesidades genuinas de la comunidad.
Tláhuac creció con Bernice Hernández
En Tláhuac, la presencia de programas sociales locales y federales se hizo sentir con fuerza, como parte de las acciones emprendidas durante la gestión de Berenice Hernández Calderón como alcaldesa. En un esfuerzo por atender las necesidades de los ciudadanos, se instaló un módulo del INAPAM y se entregaron tarjetas para el Bienestar de las personas adultas mayores de 65 años.
Además, en un impulso a la economía familiar, llegó el Gas Bienestar, con el cambio de 29,729 cilindros viejos por nuevos, sumando un total de 25,164 de 20 litros y 4,565 de 30 litros.
Desde que asumió el cargo, Berenice Hernández ha centrado su gestión en la preservación del medio ambiente, el impulso al turismo y el fortalecimiento del campo como parte fundamental de la identidad y motor económico de Tláhuac. Se llevaron a cabo ferias de empleo y la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Fomento Turístico de la Alcaldía Tláhuac 2021.
Durante la conferencia matutina de hoy, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que el Programa IMSS Bienestar se convertirá en la única institución en el mundo que atenderá de manera gratuita a “personas que no tienen seguridad social, es decir, que no hacen contribuciones”.
Robledo explicó que en gobiernos anteriores, los sistemas de salud se fragmentaron y se crearon diversos modelos, entre ellos el Seguro Popular, que convirtió a la Federación solo en un pagador a estados y prestadores privados de servicios médicos con un número limitado de intervenciones.
El programa IMSS-Bienestar está destinado a ser la institución médica para personas sin seguridad social más grande del planeta. De los 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS Bienestar atenderá a 53.2 millones, es decir, el 80 por ciento.
En este nuevo modelo de atención, se han transferido 707 hospitales y 13,966 centros de salud. Además, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, firmó con 23 estados el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Este acuerdo tiene como objetivo consolidar la operación de un sistema de atención médica único, universal, público, gratuito y preventivo.
En un contexto marcado por intentos reiterados de limitar la labor periodística en Quintana Roo, el debate sobre la modificación de artículos del Código Penal ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad periodística y defensores de derechos humanos.
La propuesta de modificación de los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal de Quintana Roo plantea una serie de cambios que podrían criminalizar la actividad periodística, especialmente en lo relacionado con la difusión de información sobre servidores públicos. Bajo la premisa del derecho a la intimidad de los funcionarios, se busca penalizar la publicación de documentos, conversaciones, fotografías o videos sin su consentimiento, con penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.
Esta iniciativa ha despertado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo.Fabiola Cortés Miranda, Presidenta de la Asociación Civil ‘Somos tus Ojos’, ha señalado que estas modificaciones representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información. En un intento por justificar la propuesta, la Diputada Mora Vallejo ha argumentado la necesidad de proteger la integridad familiar, personal y laboral de los servidores públicos. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por su potencial impacto en la labor periodística y la transparencia gubernamental.
Los periodistas de Quintana Roo han levantado su voz en contra de estas reformas, advirtiendo que dificultarán aún más el ejercicio del periodismo en un estado marcado por la violencia criminal. Alertan sobre el riesgo de encarcelamiento para aquellos que divulguen información de interés público relacionada con funcionarios públicos y sus familias. Señalan que estas medidas podrían servir para proteger a malos funcionarios y obstaculizar la labor de denuncia de posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Además, la aprobación de reformas para suprimir tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género es un paso positivo, pero no debe opacar la grave amenaza que representan las modificaciones propuestas al Código Penal en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el estado.
Este intento de criminalizar el periodismo no es un caso aislado en México. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos casos de periodistas que han sido perseguidos, criminalizados e incluso asesinados por ejercer su derecho a informar. La instrumentalización del marco legal para silenciar voces críticas y disidentes es una práctica recurrente que atenta contra los principios democráticos y los derechos humanos.
Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho, Leonardo Garnier y Esther Beatriz May Vera son ejemplos claros de cómo el derecho penal se ha utilizado para intimidar y castigar a aquellos que revelan información de interés público. La historia de periodistas detenidos, amenazados y asesinados en México es un recordatorio contundente de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y denunciar la corrupción y la impunidad.
Periodistas de Quintana Roo Levantan su Voz contra la Criminalización del Periodismo
La comunidad periodística en el estado de Quintana Roo ha alzado su voz en rechazo a las reformas legislativas que amenazan con dificultar aún más el ejercicio del periodismo en la región. Conscientes de la situación de violencia criminal que prevalece en el estado, los periodistas advierten sobre las implicaciones negativas de estas reformas, las cuales podrían poner en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
La iniciativa de ley, presentada por la diputada plurinominal Iris Mora, busca penalizar la difusión de información que los funcionarios públicos consideren confidencial, lo cual podría llevar a la cárcel a los periodistas que publiquen contenido de interés público, como investigaciones sobre corrupción o conflictos de interés. Esta medida, según los comunicadores, constituye una verdadera “ley mordaza” que coarta la labor periodística y limita la rendición de cuentas.
Además, los periodistas recuerdan la existencia de una ley local de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocida como “Ley Borge”, la cual fue abrogada pese a la solicitud de más de 100 periodistas y defensores de derechos humanos. Esta ley, considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, no garantizaba la seguridad de los comunicadores, ya que estaba principalmente bajo el control de autoridades locales, quienes en ocasiones son responsables de agresiones contra periodistas.
A estas preocupaciones se suma la reciente modificación a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por la XVII Legislatura del Estado, que busca combatir los tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género y el feminicidio. Si bien esta medida es un paso importante para visibilizar la violencia de género, los periodistas señalan que las ambigüedades en el marco legal estatal podrían permitir la criminalización del ejercicio periodístico.
En este contexto, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Quintana Roo, instando a las autoridades a respetar y proteger la libertad de prensa como un derecho fundamental en una sociedad democrática.
#Alerta 1/3 El @CongresoQRoo pretende modificar su constitución para limitar la libertad de expresión y de prensa. Resulta que si alguien publica una foto y no le gusto al político en turno serías un criminal. ¡Imagínate! Hacemos un llamado urgente para detener esta aberración pic.twitter.com/5XVgBXsAcE
— Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) April 9, 2024
La Instrumentalización del Marco Legal: Un Atentado contra la Libertad de Prensa
La criminalización del ejercicio periodístico a través de la manipulación del marco legal es una realidad alarmante que amenaza los cimientos de la democracia en nuestro país. Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho en Quintana Roo y Puebla han puesto de manifiesto cómo el derecho penal se ha utilizado como una herramienta para silenciar y castigar a aquellos que desvelan información de interés público.
Lydia Cacho, al exponer una red de trata de personas y pederastia, fue víctima de una falsa acusación de difamación, seguida de tortura por parte del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. De manera similar, Leonardo Garnier evidenció conflictos de intereses entre una constructora y el gobierno estatal de Hidalgo, dirigido por Francisco Olvera en aquel entonces. Más recientemente, Esther Beatriz May Vera fue vinculada a proceso por difamación en noviembre de 2021, como represalia a sus denuncias sobre agresiones e intimidaciones por parte de integrantes del Ayuntamiento de Motul.
Estos casos, junto con otros ejemplos de activistas y defensores del medio ambiente y el territorio, como el de David Hernández en Oaxaca y Kenia Hernández en el Estado de México, evidencian la persistencia de viejas y nuevas formas de persecución contra aquellos que revelan información de interés público.
La adopción de delitos como el “halconeo“, que criminaliza la búsqueda de información sobre seguridad pública, así como el uso abusivo de delitos electorales, como la violencia política en razón de género, para inhibir el escrutinio sobre mujeres políticas, son prácticas que minan la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inconstitucionales tales delitos, muchos casos no llegan a su revisión, lo que deja a periodistas y defensores de derechos humanos a merced de autoridades locales sometidas a lógicas políticas que convalidan la criminalización de la protesta y la defensa de derechos fundamentales.
La lucha contra la instrumentalización del marco legal para perseguir y silenciar voces críticas es una batalla que debe ser librada con determinación y unidad. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia, y exigir a las autoridades el respeto irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, es fundamental que las autoridades en Quintana Roo y en todo México respeten y protejan el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Las reformas propuestas al Código Penal de Quintana Roo representan un retroceso en materia de derechos humanos y deben ser rechazadas de manera contundente. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa y el derecho a la información como pilares fundamentales de una sociedad democrática y transparente.
Estudiantes de la Universidad Iberoamericana manifestaron su descontento durante la visita de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, y los partidos que la respaldan. La protesta tuvo lugar durante el encuentro al que asistió la candidata en el recinto universitario.
Poco después del inicio de la presentación de Gálvez, estudiantes desplegaron una manta con la leyenda “IBERO NO OLVIDA”, donde criticaron a los gobiernos del PRI y el PAN, señalando su presunta implicación en tragedias como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2016 o el incendio de la Guardería ABC en 2009.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | "#Ibero tiene memoria": estudiantes de la universidad privada se manifiestan contra @XochitlGalvez y le recuerdan los casos de la #GuarderiaABC y #Ayotzinapa, mientras unos pocos tratan de vitorear sin éxito a la panista.
Ante la protesta, Xóchitl Gálvez detuvo su presentación para observar la pancarta y, al percatarse de la protesta, aseguró estar dispuesta a escuchar las demandas de los estudiantes. Posteriormente, retomó su discurso.
