Bruna Ferreira, madre del sobrino de Karoline Leavitt, fue arrestada por ICE pese a su estatus DACA y podría ser deportada a Brasil.
La política migratoria bajo la administración de Donald Trump alcanzó indirectamente a Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, luego de que su ex cuñada, Bruna Ferreira, fuera detenida por agentes de ICE en Revere, Massachusetts, y trasladada a instalaciones migratorias en Louisiana, con posibilidad de deportación a su natal Brasil.
Ferreira fue esposa de Michael Leavitt, hermano de la funcionaria, hace más de una década, y juntos tuvieron un hijo que ha vivido prácticamente toda su vida con su padre en New Hampshire. Según un representante de la vocera, “ellas no han hablado en mucho tiempo y el niño nunca ha vivido con su mamá”.
Bruna Ferreira ingresó a Estados Unidos en 1998 de manera irregular con su familia y más tarde se acogió al programa DACA, creado durante el gobierno de Barack Obama para regularizar a jóvenes migrantes. Una vocera de ICE señaló que bajo las normas impuestas durante el gobierno de Trump, cualquier persona en situación irregular es susceptible de deportación.
El arresto se habría facilitado por un supuesto antecedente relacionado con una trifulca, aunque su abogado, Todd Pomerleau, niega cualquier cargo: “No existe ningún registro criminal. Está en proceso de obtener su residencia y fue abruptamente arrestada, separándola de su hijo días antes del Día de Acción de Gracias”.
La familia de Ferreira lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales derivados de su defensa, mientras la detención genera polémica sobre la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos y su impacto en menores de edad.
El exconsejero del INE gana, en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, más que la presidenta Sheinbaum.
Mensualmente, Ciro Murayama Rendón gana más de 132 mil pesos mensuales por dirigir un Centro de la UNAM en España que sólo se dedica a organizar charas virtuales y conferencias con lo que la máxima casa de estudios llama escritores de la “casa”.
Una solicitud de transparencia realizada por ReporterosMx reveló que el exasesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, percibe 6 mil 454 euros mensuales netos, que al tipo de cambio de hoy, 26 de noviembre, corresponde a 137 mil 287 pesos con 87 centavos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo percibe un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos. Esto significa que Ciro Murayama gana 2 mil 997 pesos más que la Presidenta.
De esta manera, el profesor de Facultad de Economía de la UNAM –donde no imparte clases desde hace tiempo– escapa de la tan sonada, pero mal aplicada, norma de la SHCP que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo más alto que la titular del Poder Ejecutivo.
La máxima casa de estudios intenta justificar estos altos sueldos alegando que, técnicamente, ni los profesores, ni los rectores, ni otro algún otro trabajador dependiente de la UNAM es legalmente un servidor público.
En ese sentido, la autonomía de la Universidad se hace valer en su máximo esplendor, puesto que la cúpula dorada no está obligado a rendir cuentas, ni a seguir los criterios de transparencia o elegibilidad para los que cualquier funcionario público tendría que demostrar algo más que “palancas” o contactos influyentes.
Lamentablemente, siguiendo la herencia de la meritocracia selectiva, la UNAM ha designado para los centros, como el que dirige Ciro Murayama, y en los que gasta más de 71 mil millones de pesos al año, a personajes con dudosa reputación, pero con influjo y conexiones en las altas esferas.
Ejemplo de ello es precisamente Ciro Murayama, señalado por avalar el fraude electoral de 2006 en contra del entonces aspirante –y ulterior presidente, en 2018– Andrés Manuel López Obrador.
Además de Murayama, la lista de funcionarios bien pagados incluye al escritor Jorge Volpi, predecesor de Ciro Murayama en el Centro de Estudios Mexicanos en España, y a la nueva directora del Centro UNAM en Chile, Sandra Lorenzano, una narradora argentina que ha aprovechado muy bien sus conexiones en la UNAM para obtener buenos puestos y publicar sus novelas.
Viáticos, viajes, reuniones…
Ciro Murayama ha gozado de una mimada estadía en la UNAM, no sólo como profesor de la Facultad de Economía, de donde se tomó un año sabático para promocionarse como consejero del INE, o como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sino también como funcionario de la UNAM en España.
Murayama, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, recibe de la UNAM una renta anual de 732 mil 563 pesos.
Cabe destacar que la máxima casa de estudios, donde varias sedes académicas mantienen un paro indefinido a causa de la inseguridad y la impunidad, dilapida 44 mil pesos en viáticos y otros 324 mil 396 pesos en lo que ellos denominan “Gastos de Intercambio”, y que no son otra cosa que viajes con cargo a la Universidad.
Cada año, la UNAM asigna una millonaria partida presupuestal para la manutención de estos Centros UNAM en el extranjero y de todo el personal que labora ahí, tal como ya dimos a conocer en una investigación especial, publicado aquí, en ReporterosMx.
Lo perturbador es que el financiamiento de estas sedes de la UNAM en el extranjero proviene, de acuerdo con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del “Gobierno Federal de México”.
Lamentablemente, los resultados no han sido destacados ni satisfactorios para el grueso de la comunidad universitaria, en especial de alumnos y profesores que, a pesar de tener años de trayectoria, no pueden acceder a esta clase de privilegios, como los que tiene Ciro Murayama y la casta dorada de la UNAM.
Infelizmente, la máxima casa de estudios, que en otro tiempo personificó el sentido de la democracia, la igualdad y el progreso, hoy se ha convertido en el símbolo más pringoso del nepotismo, el amiguismo y el derroche.
El organismo regional subraya que el aumento histórico al salario mínimo fue el factor decisivo para la caída de la pobreza y la pobreza extrema en el país.
México se consolidó como el país de América Latina donde más disminuyeron la pobreza y la pobreza extrema en la última década, informó la Cepal en su Panorama Social 2025. Sin embargo, la comisión advirtió que la concentración del ingreso sigue siendo uno de los grandes retos: el 10% más rico acapara más de una tercera parte del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 2%.
El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó que esta reducción se debió principalmente al fuerte impulso salarial, en particular al incremento del salario mínimo, que creció 135% en términos reales entre 2018 y 2025. “De los tres puntos porcentuales de reducción en la pobreza, dos se explican por la mejora en los salarios”, enfatizó.
El reporte detalla que México cerró el último año con una baja de 0.6% en pobreza extrema y 3.1% en pobreza general, convirtiéndose en el país que más aportó a la disminución regional. De acuerdo con la Cepal, México y Brasil representaron el 60% y 30% de la reducción total en América Latina.
Además del impulso salarial, el organismo destacó el impacto de becas universales, transferencias a grupos vulnerables y la ampliación de pensiones para adultos mayores, políticas que fortalecieron el ingreso de los hogares.
La Cepal señala que, con mediciones más completas —incluyendo registros tributarios—, el 10% más rico podría concentrar más del 50% del ingreso total en la región. En México, aunque ya hay una disminución de 14% en la desigualdad en la última década y el índice de Gini bajó de 0.50 a 0.43, el desafío persiste.
El organismo advirtió que factores como la caída en remesas, que registran una contracción anual de 5.5%, podrían frenar el ritmo de reducción de la pobreza. Por ello, recomendó a los gobiernos reforzar políticas de largo plazo, mejorar la calidad del empleo, avanzar en igualdad de género y fortalecer la institucionalidad social.
México destaca, concluye la Cepal, como el país con los avances más significativos en reducción de pobreza total y extrema entre 2014 y 2024.
El municipio refuerza su estrategia de protección con un espacio de atención inmediata, jurídica y psicológica, en honor a Marcela Rosales.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró el Punto Violeta “Marcela Rosales”, en el fraccionamiento La Guadalupana, un módulo de atención rápida que ofrece seguridad, acompañamiento jurídico y apoyo psicológico a mujeres en situación de riesgo.
Este espacio se ubica en una de las zonas de mayor crecimiento del municipio y refuerza la estrategia territorial del gobierno local para proteger a niñas, adolescentes y mujeres adultas. Con esta apertura, Playa del Carmen suma siete Puntos Violeta, donde en 2025 se han atendido a más de 3,200 mujeres.
Durante el acto, la alcaldesa destacó que el módulo garantiza que ninguna mujer enfrente sola la violencia, cumpliendo y fortaleciendo las medidas derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, vigente desde 2017.
El Punto Violeta funcionará con un modelo multidisciplinario, ofreciendo atención inmediata, acompañamiento integral y canalización especializada. “En Playa del Carmen estamos construyendo una ciudad segura para todas, con instituciones que responden y actúan con perspectiva de género”, afirmó Mercado.
Entre los servicios que brinda este módulo destacan: atención jurídica, psicológica especializada, canalización a refugios, acompañamiento en denuncias e información sobre derechos y medidas de protección.
En el inmueble se pintó un mural y se colocaron una placa y una ofrenda floral en memoria de Marcela Rosales Vázquez, víctima de feminicidio. La apertura contó con la presencia de la secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana, Deyanira Martínez, la titular del Órgano Interno de Control, Cristina Alcérreca, y personal del Instituto Municipal de la Mujer.
La presidenta impulsa reformas a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el agua como derecho humano y frenar la especulación de grandes concesionarios vinculados al PAN.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que grandes productores con concesiones de agua obtienen hasta 300 millones de pesos al año vendiendo el líquido a municipios, un privilegio histórico que la Ley de Aguas Nacionales busca eliminar. “No a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de derecho”, afirmó durante la Mañanera del Pueblo.
La mandataria explicó que muchos concesionarios poseen gran cantidad de agua para riego, pero la venden a terceros en lugar de utilizarla para producción agrícola, práctica que considera injusta y concentradora. “Estamos poniendo orden y garantizando el agua como derecho humano y recurso de la nación. Ya no se podrán vender concesiones a terceros ni transferirlas de manera discrecional”, subrayó.
Además, destacó que los pequeños y medianos productores recibirán apoyo para tecnificar y optimizar el consumo de agua, fomentando un uso más eficiente y sostenible del recurso.
Indicó que próximamente dará a conocer que durante el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron numerosas concesiones, y ordenó a Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, presentar los nombres de quienes ocupaban cargos en Conagua en los estados donde actualmente se registran manifestaciones, ya que, afirmó, “quieren ahora generar la idea de que hay caos, y eso es falso”.
Este anuncio coincide con la investigación presentada por Milenio sobre el llamado “Cártel del Agua”, un grupo de ex gobernadores, líderes del PAN y un ex presidente que habrían concentrado más de 3.3 millones de metros cúbicos de agua en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes desde la década de los 90. Aunque Sheinbaum no mencionó a este grupo, sus reformas buscan precisamente regularizar concesiones y terminar con el acaparamiento histórico del agua, que este tipo de investigaciones han documentado.
La presidenta también señaló que se establecerán sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes lucren con el agua, garantizando que el recurso cumpla su función social y no sea tratado como mercancía. “Llegamos a transformar la vida pública para el bien de México y de quienes menos tienen”, concluyó.
Toluca incorporó a 300 mujeres a las Redes Vecinales Naranja, una estructura comunitaria para prevenir y atender violencia de género, en el inicio de los 16 Días de Activismo. El alcalde Ricardo Moreno reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva y el apoyo a mujeres, adolescentes y niñas.
El Ayuntamiento de Toluca consolidó una de las redes ciudadanas más grandes contra la violencia de género, tras la incorporación de 300 toluqueñas como integrantes de las Redes Vecinales Naranja, iniciativa presentada durante el arranque de la jornada internacional de los 16 Días de Activismo.
En el evento, el alcalde Ricardo Moreno destacó que estas redes representan una estructura real de apoyo, creada para escuchar, orientar y acompañar a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo, además de activar los canales institucionales cuando sea necesario. El edil sostuvo que su administración mantendrá el impulso a programas y políticas que fortalezcan la igualdad sustantiva y promuevan la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
La directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Celfa Vázquez, subrayó que durante el año se realizaron acciones en beneficio de más de 28 mil personas, con estrategias centradas en la participación comunitaria y la prevención de la violencia.
Por su parte, la tercera delegada de San Pablo Autopan, Lucila Mercado, enfatizó que estas redes funcionarán como un puente directo entre la ciudadanía y la autoridad, además de un punto de confianza para quienes requieren apoyo. Añadió que visibilizar casos y romper silencios permitirá transformar realidades desde el territorio.
Con esta acción, Toluca busca fortalecer su tejido social y avanzar hacia comunidades más seguras para las mujeres y niñas.
La Presidenta advierte que acudir a Washington a denunciar al gobierno mexicano pone en riesgo la soberanía y expone la estrategia de los conservadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que legisladores del PAN planeen viajar a Washington, Estados Unidos, para denunciar al gobierno mexicano tras la marcha de la autodenominada “Generación Z”, celebrada el 15 de noviembre.
“¿Qué mexicana o mexicano va a denunciar a otro país, además a Washington, por un invento de cómo sucedieron los hechos? ¿Por qué no lo hacen aquí, donde tienen acceso a los medios?”, cuestionó la mandataria. Sheinbaum enfatizó que se debe ponderar la soberanía y rechazó cualquier intento de injerencismo extranjero, recordando que este tipo de acciones provienen del conservadurismo de siempre.
La Presidenta señaló que la violencia registrada el 15 de noviembre no fue protagonizada por jóvenes de la Generación Z, sino por adultos contrarios al gobierno. “Somos un país libre y respetamos la libertad de expresión, lo que no aceptamos es la violencia”, añadió.
Sheinbaum Pardo también recordó que la Constitución, en sus artículos 39 y 40, establece la defensa de la soberanía y destacó la importancia de que la ciudadanía evalúe las acciones de los partidos políticos. Subrayó la necesidad de que se investigue plenamente lo ocurrido durante la marcha y quiénes promovieron los actos violentos, recordando que el Congreso de la Ciudad de México ya realizó parte de esta indagación.
Sheinbaum advirtió que recurrir a Estados Unidos para denunciar al país no solo es innecesario, sino que evidencia la intención de algunos grupos conservadores de buscar la intervención extranjera en México. “Aquí seguimos defendiendo la soberanía y la decisión del pueblo sobre sus gobernantes. No necesitamos que potencias extranjeras nos digan qué hacer”, concluyó.
La gobernadora Mara Lezama cerró el año con un llamado firme a reforzar valores en los hogares, la presencia de los padres y la vigilancia sobre el consumo digital de niñas, niños y adolescentes. También se expusieron avances institucionales en justicia y seguridad.
En Cancún, durante la última sesión del año de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa pidió mantener el ritmo de trabajo colectivo y reiteró que “la paz se construye desde los hogares”, al subrayar que el fortalecimiento familiar es clave para la protección de menores.
La mandataria insistió en la urgencia de reforzar valores, fomentar la presencia parental y vigilar el contenido digital que consumen los menores, al advertir los riesgos que enfrentan en redes y videojuegos. Señaló que escuchar sin juzgar debe ser una práctica real en cada hogar.
La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, destacó los esfuerzos locales para impulsar redes de participación infantil y apoyar a mujeres emprendedoras con talleres de capacitación. También participaron funcionarios estatales y municipales, entre ellos la presidenta del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama.
Desde el ámbito judicial, el magistrado Heyden Cebada Rivas recordó que el Poder Judicial opera bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, además de contar con un juzgado especializado en adopciones desde 2024, con planes de expansión hacia la zona norte.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, informó que el Cereso de Cancún abrirá una ludoteca para los hijos de mujeres internas, atendida por personal capacitado. La fundadora de la Mesa, Elibenia Pineda, resaltó que este espacio cumple seis años y se ha convertido en referencia nacional por su enfoque social.
Un incendio de nivel 5 arrasó ocho torres en Hong Kong, dejando al menos 13 muertos, 15 heridos y decenas de personas atrapadas, mientras la lenta respuesta oficial encendió la indignación ciudadana en una de las zonas más densamente pobladas del mundo.
Hong Kong enfrenta uno de los peores desastres urbanos de los últimos años, luego de que un incendio de alerta 5 —la categoría más grave— consumiera ocho torres residenciales en el Tribunal Wang Fuk. De acuerdo con autoridades policiales y del Departamento de Bomberos, al menos 13 personas perdieron la vida, entre ellas un bombero de 37 años, y otras 15 resultaron heridas, en un complejo donde viven miles de familias hacinadas.
Videos difundidos en redes muestran colosales columnas de humo elevándose entre los edificios, mientras los tradicionales andamios de bambú —altamente inflamables— ardían como antorchas verticales, alimentando la propagación del fuego en cadena. Residentes reportaron que decenas de personas quedaron atrapadas sin posibilidad de evacuar.
Un elemento crucial que encendió la molestia pública fue la percepción de una respuesta tardía e insuficiente. Una residente de apellido Cheung declaró al diario local que “los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos”, recordando que en obras cercanas ya se habían multado a obreros por fumar en zonas prohibidas, un riesgo evidente en un entorno con materiales tan propensos a incendiarse.
El jefe ejecutivo John Lee anunció que ordenó un “esfuerzo máximo” de todos los departamentos gubernamentales, además de expresar condolencias a las familias afectadas. Sin embargo, jefes policiales de Tai Po reconocieron que ninguno de los bloques ha sido controlado por completo, lo que impide inspecciones piso por piso para determinar cuántas personas continúan atrapadas.
La tragedia vuelve a poner bajo el reflector la vulnerabilidad de Hong Kong, una ciudad caracterizada por urbanizaciones densamente pobladas, donde miles de unidades habitacionales conviven con obras de renovación constantes, andamios inflamables y condiciones climáticas secas. Expertos han advertido repetidamente que este tipo de infraestructura, combinada con la saturación habitacional, constituye una bomba de tiempo.
Mientras la cifra de víctimas podría aumentar, el incendio deja expuesta la fragilidad estructural y operativa de una ciudad que presume eficiencia, pero que hoy enfrenta —literalmente— su límite de fuego.
El proyecto público tendrá inversión de 6 mil millones de pesos y capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo.
México dará un salto tecnológico con Coatlicue, la supercomputadora nacional que estará en operación en dos años y será la más poderosa de América Latina, con capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo. El proyecto contará con una inversión de 6 mil millones de pesos y será de carácter público, perteneciendo al país.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Coatlicue permitirá a México incursionar de lleno en inteligencia artificial, procesamiento de grandes datos y desarrollo científico. “Será una herramienta clave para la investigación, las tecnologías emergentes y el desarrollo nacional”, enfatizó.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que la supercomputadora funcionará con 14 mil 480 GPUs, y ofrecerá servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada, generando un modelo autosustentable. También apoyará proyectos científicos en sectores estratégicos y fortalecerá la investigación tecnológica en universidades y centros públicos de investigación.
La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que Coatlicue funcionará coordinada con el clúster de supercomputadoras ya existentes en el país, potenciando el procesamiento de datos a escala global. Su nombre proviene de la madre de los dioses en la mitología mexica, reflejando identidad y patrimonio cultural.
El proyecto busca que México alcance estándares internacionales en ciencia y tecnología, optimizando la producción de datos masivos en salud, medio ambiente y prevención de desastres naturales, y consolidando la colaboración entre gobierno, academia e industria.
