La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitió un comunicado respecto al estado y cuidado de los delfines asegurados tras la clausura de un parque temático.
En octubre de 2025, la PROFEPA clausuró las instalaciones del Dolphin Discovery y aseguró a los nueve delfines que se encontraban en el lugar. Desde entonces, los animales reciben atención diaria de veterinarios especializados, con la presencia constante de sus entrenadores, lo que ha permitido confirmar que, incluso antes de la clausura, varios delfines presentaban enfermedades, algunas de ellas graves.
La Ley General de Vida Silvestre establece que los ejemplares deben ser reubicados conforme a protocolos que garanticen su integridad física y su bienestar; por ello, un traslado temprano representaría un riesgo para la salud del mamífero.
La PROFEPA aclaró lo siguiente:
Los delfines no están abandonados. Reciben atención médico-veterinaria activa. La calidad del agua se monitorea de forma permanente. Los animales están bajo resguardo del Estado mexicano. El delfinario tiene la obligación de asegurar su salud continua y un trato digno.
Aplicará un procedimiento administrativo sancionatorio contra el delfinario.
Una vez que avancen en su recuperación, los delfines serán reubicados de manera progresiva en instalaciones adecuadas, cuando sea seguro para ellos.
“Estos animales están bajo la protección del Estado mexicano”.
Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a presuntos miembros de “Los Crazy Boys” y “Los Manzanos” tras disturbios en la vía pública en el Estado de México.
Un operativo de vigilancia en el municipio de Ecatepec de Morelos derivó en la detención de 22 personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos. La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina como parte de patrullajes preventivos en la zona.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Morelos, en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, donde elementos de seguridad intervinieron ante reportes de alteración del orden público. En el lugar fueron detenidas tres mujeres y 19 hombres, quienes señalaron pertenecer a las agrupaciones conocidas como “Los Crazy Boys” y “Los Manzanos”.
Tras su captura, a los implicados les dieron a conocer sus derechos y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica y avance en la integración de la carpeta de investigación.
La Secretaría de Marina reiteró que mantiene operativos coordinados con los distintos niveles de gobierno para combatir actividades ilícitas. La dependencia aseguró que estas buscan reforzar la seguridad y preservar el orden en zonas con alta incidencia delictiva.
Funcionarios del Pentágono convocaron a un representante del Vaticano en Washington y le advirtieron que EUA “tiene el poder militar para hacer lo que quiera”, exigiendo que la Iglesia católica se coloque de su lado.
Funcionarios del Pentágono convocaron a un representante del Vaticano en Washington para advertirle que EUA “tiene el poder militar para hacer lo que quiera”, y que la Iglesia católica debía colocarse de su lado. El encuentro, descrito como una “amarga lección”, generó inquietud en la Santa Sede.
El episodio fue interpretado por algunos diplomáticos vaticanos como una señal de presión e incluso amenaza, lo que habría influido en la cancelación de una posible visita del Papa a territorio estadounidense. También se mencionó el uso simbólico de referencias históricas vinculadas al sometimiento del papado por poderes políticos.
Este choque ocurre en medio de una creciente tensión, luego de que el Papa criticara las guerras impulsadas por líderes de EUA, afirmando que Dios rechaza las acciones militares justificadas en su nombre. La Iglesia se perfila así como un actor moral incómodo frente a la política exterior de Washington.
La Primera Ministra Giorgia Meloni exige explicaciones a Israel tras un ataque a un convoy italiano de la UNIFIL en Líbano. La seguridad de los soldados italianos debe ser prioritaria.
Italia expresó su fuerte condena por el ataque a un convoy de la UNIFIL en el sur del Líbano, reconocido como parte de la misión de paz de la ONU. La Primera Ministra Giorgia Meloni subrayó la importancia de este contingente, que opera bajo un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El incidente ocurrió mientras el convoy, claramente identificado, recibió disparos de advertencia por parte del ejército israelí. En respuesta, el Parlamento israelí también condenó lo ocurrido y se mostró sorprendido por la agresión.
Meloni declaró que es inaceptable que el personal de la ONU esté en peligro debido a actos irresponsables. Este ataque, según ella, infringe la Resolución 1701 de la ONU, que busca el cese de hostilidades en la región. Quiere que Israel aclare los hechos y se espera que el embajador israelí en Roma este jueves explique lo sucedido.
La situación en Líbano es delicada. Italia aboga por el restablecimiento del alto el fuego acordado recientemente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Meloni mencionó que la decisión de Hezbolá de involucrar al país en el conflicto es irresponsable y que los ataques israelíes deben parar.
La seguridad de los soldados italianos y del resto de la UNIFIL es una prioridad absoluta para el gobierno italiano, concluyó Meloni. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en la región, pendientes de cualquier esfuerzo que lleve a la estabilidad y a la paz.
El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, aseguró que su país ganó el enfrentamiento y advirtió sobre represalias, control estratégico en el estrecho de Ormuz y exigencias de indemnización.
El líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí, afirmó que su país salió victorioso del conflicto con Estados Unidos e Israel. En un mensaje dirigido a la nación, sostuvo que el pueblo iraní logró imponerse en lo que calificó como una defensa épica y sagrada.
El dirigente aseguró que Teherán no busca una escalada, pero dejó en claro que no cederá en lo que considera sus derechos. En ese sentido, insistió en que el país está preparado para sostener su postura frente a cualquier presión internacional.
Como parte de su posicionamiento, anunció que el control del estrecho de Ormuz entrará en una “nueva etapa”, lo que anticipa posibles implicaciones estratégicas en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Además, planteó la exigencia de indemnizaciones por los daños derivados del conflicto.
Jameneí también reforzó el discurso al prometer venganza por la muerte de su padre, Alí Jameneí, así como de otros iraníes fallecidos. Afirmó que la determinación de responder permanecerá vigente, lo que agrava la tensión ante un panorama internacional ya marcado por la confrontación.
El exgobernador se encuentra prófugo y podría estar fuera del país; autoridades federales y estatales coordinan su captura por graves violaciones a derechos humanos y desvío de recursos.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) gestionar una ficha roja de Interpol contra Silvano Aureoles Conejo, exmandatario estatal acusado de fraude millonario y vinculado a la masacre de Arantepacua. De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario habría salido del país para evadir la justicia.
El mandatario estatal explicó que la petición fue dirigida a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, con el objetivo de activar mecanismos internacionales de búsqueda. “Es prioridad que se haga justicia para el pueblo de Michoacán”, afirmó, al destacar la coordinación con instancias federales de seguridad.
Sobre Aureoles pesan dos órdenes de aprehensión: una por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos durante su administración (2015-2021), y otra por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos en Arantepacua en abril de 2017, donde un operativo policial dejó cuatro civiles muertos, además de detenciones arbitrarias y abusos documentados.
La investigación también involucra a 15 exfuncionarios y policías estatales, entre ellos el exsecretario de Seguridad, señalados por su participación en el operativo. Organismos de derechos humanos han señalado que se trató de un uso de la fuerza ilegal, excesivo y desproporcionado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó cateos sin orden judicial en decenas de viviendas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. El caso se mantiene abierto y ha sido reactivado tras nuevas diligencias y la aplicación del Protocolo de Estambul.
Autoridades estatales y federales reiteraron que continuarán las acciones para localizar al exgobernador y garantizar justicia tanto por los hechos de violencia como por el daño al erario público, en uno de los casos más relevantes de rendición de cuentas en la entidad.
El acusado fue declarado “incompetente” para enfrentar juicio estatal por feminicidio, lo que suspende el proceso, aunque permanece bajo custodia federal por un cargo que podría derivar en pena de muerte.
Un juez proclamó “incompetente” para enfrentar juicio estatal por la muerte de Iryna Zarutska. Según la evaluación de capacidad realizada en el Hospital Regional Central, el imputado es actualmente incapaz de asistir a su propia defensa. Esta determinación pausa temporalmente el proceso penal estatal contra él por feminicidio.
En el sistema judicial de los Estados Unidos, declarar a un acusado “incompetente para juicio” se refiere a que tras una evaluación psiquiátrica de la persona presuntamente responsable, el tribunal concluye que la persona no tiene actualmente la capacidad mental suficiente para entender los cargos en su contra, ni de participar de forma racional en su defensa, además de no estar en condiciones lúcidas para asistir a con su abogado de manera efectiva durante el proceso.
Este dictamen pausa el juicio estatal hasta que el acusado reciba tratamiento psiquiátrico y recupere la competencia. Una vez que los médicos determinen que ha mejorado, se reanuda el proceso judicial.
No afecta la culpabilidad ni la inocencia; sólo suspende temporalmente el juicio por razones de capacidad mental actual de algunas de las partes.
DeCarlos Brown permanece bajo custodia federal, donde enfrenta un cargo de asesinato de una mujer en un transporte público, el cual podría conllevar la pena de muerte.
El hecho fue captado por cámaras de seguridad del transporte. El video muestra el momento del ataque, con pasajeros reaccionando al suceso dentro del vagón. La refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue apuñalada mientras viajaba en el transporte público; falleció a causa de las heridas.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la posible fecha de una audiencia para confirmar o revisar la evaluación de incompetencia.
Integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en el recinto legislativo de Donceles de manera violenta entre empujones y daños materiales, provocando la suspensión momentánea de actividades del congreso capitalino quienes discutían la aprobación del Plan B.
Integrantes de la Asamblea de Pueblos por la Vivienda de Azcapotzalco irrumpieron en la sede del Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó momentos de tensión, empujones y daños materiales. Durante el intento de ingreso, se reportó la ruptura de vidrios y el uso de extintores, en un intento por frenar el avance de los manifestantes.
La irrupción obligó a suspender de manera momentánea la sesión del Congreso en su carácter de Constituyente Permanente. Dentro del recinto, algunos integrantes del grupo lograron ingresar hasta el área de recepción, donde se registraron jaloneos y confrontaciones con el personal de resguardo.
📹 #Vídeo | Esta tarde, un grupo de la Asamblea de Pueblos por la Vivienda de Azcapotzalco intentó irrumpir de manera violenta en el recinto legislativo de Donceles, lo que provocó la suspensión momentánea de la sesión del congreso capitalino, quienes discutían la aprobación del… pic.twitter.com/0il20x0ghO
Legisladores del Congreso condenaron los hechos y emitieron un comunicado en el que se refirieron a los actos de violencia registrados cuando manifestantes intentaron ingresar al recinto legislativo para exponer demandas de vivienda. En el documento, el órgano legislativo reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y la apertura al diálogo con la ciudadanía; sin embargo, también rechazó cualquier acto de agresión, subrayando que las puertas seguirán abiertas siempre que prevalezcan el respeto, la legalidad y el diálogo.
Tras reanudarse la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, reconoció la labor del personal de seguridad. Los manifestantes, por su parte, mantuvieron como principal demanda el acceso a la vivienda en la capital.
Las operaciones navales han frenado millonarios envíos de droga y debilitado estructuras del crimen organizado en costas mexicanas.
La Secretaría de Marina (Semar) ha decomisado más de 11 toneladas de cocaína en altamar en lo que va de 2026, como parte de sus operativos permanentes de vigilancia marítima para combatir el tráfico de drogas y proteger a la población.
De acuerdo con la dependencia, estas acciones han permitido además el aseguramiento de cinco embarcaciones, un semisumergible, 11 motores y más de cinco mil litros de combustible, así como la detención de 19 personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.
Uno de los operativos más relevantes se registró en febrero frente a las costas de Colima, donde elementos de la Armada de México interceptaron una embarcación tipo semisumergible que transportaba cerca de cuatro toneladas de cocaína, distribuidas en 179 paquetes. En esa acción también fueron detenidas tres personas.
Las autoridades destacaron que estos aseguramientos representan golpes directos a las finanzas del crimen organizado, al impedir la distribución de millones de dosis en las calles. En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó el impacto de estas acciones en la reducción de la capacidad operativa de grupos delictivos.
A través de redes sociales, la Semar reiteró que sus elementos actúan con disciplina, compromiso y determinación, fortaleciendo las operaciones navales como una herramienta clave para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas.
El alza en boletos, consumo y servicios ha convertido la experiencia de ir al estadio en un gasto de miles de pesos, alejando a la afición y transformando al fútbol en un espectáculo cada vez menos accesible.
Por Neri Torres
Te encuentras sentado en la mesa de tu comedor mientras disfrutas de una comida casera preparada por tu abuela, mamá o esposa. De pronto, ves que anuncian los precios de los boletos para un partido de tu equipo favorito en el “renovado” Estadio Banorte. Entras a revisarlos y descubres que el boleto para estar “más cerca” de tus ídolos cuesta lo equivalente a un mes de sueldo (en términos de salario mínimo). Apagas el celular y llamas a tus amigos para organizarse y verlo en casa.
Esta es la realidad que hoy enfrentan miles de aficionados en la Ciudad de México.
En Los Reporteros MX te detallamos cuánto costaría asistir, por ejemplo, al partido de este sábado entre América vs Cruz Azul.
En el sitio oficial de la boletera Fanki, que ahora administra los eventos del Estadio Banorte, las entradas más baratas disponibles —que ya se agotaron— tenían un costo de 683 pesos en cabeceras altas (zonas 400, 500 y 600, Sur y Norte). Al ingresar, se observa que los boletos más accesibles se terminaron a dos días del encuentro, mientras que los de más de mil pesos aún tienen amplia disponibilidad, algo que antes no ocurría.
En la final de 2024, el Club América, principal equipo del Estadio Banorte, anunció un “sold out” tres días antes, con boletos que alcanzaban un máximo de 4 mil pesos. Hoy el panorama es distinto: a tres días de un partido de liga, cerca del 80% de los lugares siguen sin venderse. ¿Se ha convertido el fútbol en un lujo de élites?
Si se suman los gastos, el panorama es aún más claro: un jersey original del Club América cuesta alrededor de 1,800 pesos; el transporte desde el Centro implica 5 pesos del Metro más 3 del Tren Ligero; o si decides ir en auto, el estacionamiento cuesta 1,139 pesos. Dentro del estadio, una cerveza vale 190 pesos, un hot dog 180 y una bolsa de papas 120. El gasto total se eleva rápidamente.
En el caso del Mundial 2026, los precios podrían duplicarse o incluso triplicarse, dependiendo de la relevancia del partido.
Asistir a un partido en el Estadio Banorte ya no es para cualquiera. Considerando todos los costos, el gasto promedio por persona ronda los 3,429 pesos.
Pero más allá de las cifras, el fenómeno revela una transformación profunda: el fútbol, históricamente considerado el deporte del pueblo, parece alejarse de sus raíces. La experiencia en el estadio, que durante décadas fue un espacio de convivencia accesible para familias trabajadoras, hoy comienza a segmentarse en función del poder adquisitivo.
Este encarecimiento no solo impacta el bolsillo, sino también rompe el vínculo entre el equipo y su afición, esa que construyó la identidad de los clubes desde las gradas populares. Un estadio con lugares vacíos en zonas costosas no necesariamente refleja desinterés, sino una barrera económica cada vez más evidente.
Ante este escenario, muchos aficionados han optado por alternativas más económicas, como adquirir jerseys pirata que en lugares como Tepito se venden desde 350 pesos, o utilizar transporte público para evitar riesgos y el alto costo del estacionamiento. A esto se suma el encarecimiento de alimentos y bebidas dentro del estadio, donde gastar al menos 500 pesos es prácticamente inevitable para consumir algo durante el partido.
La pregunta queda en el aire: si el fútbol deja de ser accesible para la mayoría, ¿seguirá siendo realmente el deporte del pueblo o se convertirá, definitivamente, en un espectáculo reservado para unos cuantos?
