El abuso sexual contra un estudiante de 16 años en un Liceo Naval vuelve a poner bajo la lupa la prevención de la violencia escolar, mientras los reportes de violencia sexual entre alumnos aumentaron 35 % en 2026.
Un caso de violencia sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, volvió a exhibir las dificultades del Estado peruano para prevenir y atender la violencia dentro de las escuelas. El adolescente denunció haber sido agredido por compañeros durante el regreso de un torneo de fútbol en un autobús.
La Fiscalía investiga los hechos y seis de los 10 adolescentes inicialmente detenidos quedaron bajo internamiento preventivo por hasta cuatro meses. El caso ocurre mientras los reportes de violencia sexual entre estudiantes aumentaron 35% durante los primeros ocho meses de 2026, al pasar de 885 a 1,198 casos, de acuerdo con el sistema SíseVe del Ministerio de Educación. La categoría incluye tocamientos, acoso, acoso digital y violación.
La Defensoría del Pueblo también advirtió deficiencias en la prevención y atención de estos casos y señaló que, en una supervisión de escuelas públicas, el 63% de los docentes carecía de herramientas para el acompañamiento socioafectivo.
La situación representa un desafío para el gobierno de Keiko Fujimori, quien calificó el caso como “muy grave” y pidió una investigación rápida y rigurosa. Sin embargo, el problema responde a un problema sistémico relacionado con la falta de prevención, la construcción de masculinidades violentas y la ausencia de mecanismos efectivos para intervenir a tiempo.
Además, la actuación del propio Liceo Naval quedó bajo cuestionamiento. La Defensoría del Pueblo informó que intervino para supervisar las medidas adoptadas por la institución y atender a la víctima, mientras que autoridades educativas señalaron una posible negligencia por no comunicar oportunamente el caso a la Policía y a otras instancias, como establecen los protocolos. La institución, por su parte, sostiene que actuó de manera inmediata y que colabora con las investigaciones.
El caso deja así una pregunta para el gobierno de Fujimori: cómo evitar que la respuesta llegue solamente después de que ocurre una agresión. Mientras el Senado peruano ya planteó fortalecer los mecanismos de prevención y gestión de la violencia escolar, la Defensoría exige investigaciones rápidas, atención integral para las víctimas y medidas para impedir nuevos casos.
