Categoría: NOTICIAS DEL DÍA

  • Iztacalco atiende dos socavones en Ramos Millán por colapso de drenaje

    Iztacalco atiende dos socavones en Ramos Millán por colapso de drenaje

    La alcaldía Iztacalco atendió dos socavones registrados en Oriente 108, en la colonia Ramos Millán, luego del colapso de un tramo del conector principal de drenaje. La alcaldesa Lourdes Paz mantiene la coordinación de los trabajos con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), mientras la zona permanece acordonada para proteger a peatones y automovilistas.

    La formación de los dos socavones fue ocasionada por el colapso de un tramo del conector principal de drenaje, una infraestructura de concreto simple con más de 50 años de antigüedad. De acuerdo con la alcaldía, el deterioro de la tubería y el reblandecimiento del terreno provocaron que material del subsuelo se desplazara hacia el interior del conducto, generando un vacío debajo de la superficie. El tránsito vehicular, particularmente el de unidades pesadas, contribuyó posteriormente al hundimiento.

    Ante la situación, la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acordonó el área y mantiene vigilancia con apoyo de elementos de seguridad, con el objetivo de impedir el acceso de peatones y vehículos al punto donde se realizan las labores. La alcaldía señaló que no existe riesgo para las viviendas de la zona y no es necesario realizar desalojos, debido a que las descargas domiciliarias continúan funcionando con normalidad y la afectación se concentra en el conector principal.

    La Alcaldía Iztacalco notificó a SEGIAGUA para realizar la reparación de los socavones y la sustitución del tramo afectado. Se prevé que los trabajos concluyan en un periodo de 48 a 72 horas, siempre que las condiciones climatológicas permitan avanzar conforme a lo previsto. Mientras tanto, las autoridades pidieron a las vecinas y vecinos respetar el acordonamiento y mantener la precaución, al tiempo que aseguraron que continuarán coordinando las labores para recuperar la vialidad y garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

  • Bitcoin para remesas: promesa de Bukele solo mueve el 0,7% del dinero que llega a El Salvador

    Bitcoin para remesas: promesa de Bukele solo mueve el 0,7% del dinero que llega a El Salvador

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a presentar al Bitcoin como la solución para las remesas familiares que sostienen a cientos de miles de hogares salvadoreños. Sin embargo, cinco años después de la Ley Bitcoin de 2021, los datos oficiales muestran un fracaso evidente en este uso en concreto. 

    En 2021, Nayib Bukele impulsó la Ley Bitcoin, que convirtió a la cripto-moneda en moneda de curso legal en El Salvador y dio origen a la billetera estatal Chivo, lanzada con un bono de 30 dólares en Bitcoin para incentivar su descarga. El objetivo era revolucionar el envío de remesas y abaratar drásticamente los costos que las familias pagaban a empresas como Western Union.

    Cinco años después, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, en el primer semestre de 2026 las remesas enviadas mediante criptomonedas, incluyendo a la Wallet Chivo, apenas sumaron 35,4 millones de dólares. Eso equivale a un 0,7% de los más de 5 mil millones de dólares que el país recibió en remesas durante ese mismo periodo.

    En 2024 el uso del Bitcoin en remesas rondaba por el 1% o menos, en ningún momento se logró superar de forma sostenida el 1,7% registrado en los primeros meses, cuando el entusiasmo inicial y el bono de bienvenida todavía impulsaban el uso de la app.

    Las remesas representan cerca del 24% del PIB salvadoreño y provienen casi en su totalidad de Estados Unidos. La promesa de ahorrar a las familias cientos de millones de dólares anuales en comisiones no se materializó a la escala que el gobierno de Nayib Bukele anunció.

    La Wallet Chivo, fue el pilar operativo de toda la estrategia, hoy atraviesa un proceso de venta o desmantelamiento como parte de las condiciones del acuerdo de 1.400 millones de dólares que El Salvador firmó con el Fondo Monetario Internacional.

    A esto se suma que en 2025 el gobierno de Nayib Bukele eliminó la aceptación obligatoria de la criptomoneda por parte de los comercios y la posibilidad de pagar impuestos en Bitcoin. Es decir, el propio Estado salvadoreño ha ido desmontando, los elementos que en 2021 se presentaron como el corazón de la revolución financiera.

    La mayoría de las personas que descargaron la aplicación gastaron el bono inicial de 30 dólares y no volvieron a usarla de forma habitual.

    Mientras el discurso de Nayib Bukele sigue insistiendo en las ventajas de operar “sin intermediarios” y “sin mínimos”, el gobierno mantiene una política de comprar aproximadamente un Bitcoin diario (con valor de $1,082,326 pesos mexicanos) , acumulando ya más de 7 mil 700 monedas, valoradas en $488,337,503 millones de dólares.

    El relato de Nayib Bukele pasó silenciosamente de “Bitcoin como herramienta cotidiana para el pueblo salvadoreño” a “Bitcoin como reserva estratégica soberana”. Esto sugiere que el experimento ha funcionado más como una operación de marketing internacional dirigida a la comunidad cripto global que como una política pública efectiva para las familias que dependen de las remesas que reciben.

  • La Corte definirá el futuro legal de César Duarte

    La Corte definirá el futuro legal de César Duarte

    El máximo tribunal analizará si el exgobernador chihuahuense enfrenta cargos ajenos a su extradición.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió este miércoles atraer dos amparos presentados por César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Con esta decisión, los ministros determinarán si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a los que motivaron su entrega.

    El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del décimo séptimo circuito remitió el caso a la Corte. Ese tribunal pidió resolver, mediante los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024, si Duarte tiene derecho de audiencia y defensa antes de enfrentar nuevos cargos.

    El debate central involucra la “regla de especialidad”, contemplada en el artículo 17 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Esta norma solo permite ampliar los cargos contra una persona extraditada si el país que la entregó otorga su consentimiento previo.

    Duarte llegó a México extraditado en junio de 2022. Enfrentaba entonces cargos por asociación delictuosa y peculado agravado, delito relacionado con más de 96 millones de pesos.

    En 2023, el exfuncionario priísta promovió un amparo. Argumentó que México pidió autorización a Estados Unidos para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le dio la razón, anuló la audiencia inicial de agosto de ese año y ordenó su libertad en ese proceso específico.

    Las autoridades federales impugnaron esa sentencia. Sostuvieron que el consentimiento de Estados Unidos forma parte de un trámite diplomático, no de un nuevo procedimiento de extradición. Por eso, argumentan, Duarte no tendría derecho de audiencia en ese trámite. Dada la relevancia constitucional del asunto, el pleno de la Corte optó por atraerlo.

    Duarte permanece recluido en el penal del Altiplano. Desde diciembre de 2025 enfrenta además un proceso federal por presunto lavado de dinero.

  • Gobierno colombiano prioriza la Catedral de Manizales por sobre las personas

    Gobierno colombiano prioriza la Catedral de Manizales por sobre las personas

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó al Ministerio de Cultura hacer “lo que sea menester” para recuperar la Catedral de Manizales, severamente dañada por el terremoto del 10 de agosto. Usuarios en redes cuestionan, ¿por qué el Estado parece mostrar tanta urgencia por restaurar un edificio mientras que atender a las personas afectadas debería ser prioridad?

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que el Ministerio de Cultura hará “lo que sea menester” para recuperar la Catedral de Manizales, cuya estructura resultó seriamente dañada por el terremoto del 10 de agosto. La intervención busca preservar un inmueble declarado monumento nacional y reconocido como bien de interés cultural. Sin embargo, el anuncio resulta difícil de separar de una cuestión mucho más urgente: en una emergencia, el patrimonio puede y debe protegerse, pero nunca debería ocupar el lugar de las personas que sufrieron las consecuencias del desastre.

    La Catedral es, sin duda, un símbolo arquitectónico e histórico de Manizales, pero detrás de cada desastre hay familias que pierden viviendas, trabajadores que pierden ingresos y comunidades que necesitan atención inmediata. Por eso, resulta cuestionable que desde el Gobierno se utilice un lenguaje de máxima prioridad para recuperar una construcción mientras miles de colombianos afectados por el sismo requieren recursos, seguridad y asistencia. Un edificio puede reconstruirse; las necesidades humanas no pueden esperar a que terminen las obras de restauración.

    La restauración del patrimonio no es negativa y, de hecho, puede ser necesaria para preservar la historia de una ciudad. El problema aparece cuando el discurso oficial transmite la impresión de que una catedral merece una respuesta extraordinaria antes que quienes padecieron directamente el terremoto. Incluso la donación anunciada por Acerías PazdelRío, que cubrirá el acero necesario para la reconstrucción, muestra que existen vías para recuperar el inmueble sin que ello se convierta en el centro de la respuesta gubernamental. La prioridad debería ser inequívoca: primero las personas, después los edificios.

  • Catar rechaza el reconocimiento colombiano al dominio israelí en el Golán

    Catar rechaza el reconocimiento colombiano al dominio israelí en el Golán

    Doha condena la decisión de Bogotá y advierte que la medida obstaculiza cualquier proceso de paz en Oriente Medio.

    El Estado de Catar condenó este martes el reconocimiento del gobierno colombiano a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirio. La cancillería catarí calificó la medida como un respaldo injustificado a la ocupación.

    Doha aseguró que ayudar a Israel a ignorar las resoluciones de la ONU no cambia la realidad del territorio. El Golán sigue siendo tierra árabe ocupada, según el comunicado oficial.

    El ministerio catarí citó específicamente la Resolución 497 del Consejo de Seguridad, aprobada en 1981. Ese documento declara nula cualquier imposición de leyes israelíes sobre el Golán.

    Catar reiteró además su postura histórica frente al conflicto. Exigió que Israel cumpla el derecho internacional y se retire de todos los territorios árabes ocupados, incluido el Golán.

    La cancillería lanzó también una advertencia clara a la comunidad internacional. Cualquier reconocimiento unilateral de la soberanía israelí representa un obstáculo grave para la paz regional.

    Colombia anunció el reconocimiento el lunes, bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión marca un giro radical frente a la política exterior de Gustavo Petro, quien rompió relaciones con Israel en 2024.

    Egipto, Arabia Saudita, Siria, Jordania y Turquía se sumaron a las críticas contra Bogotá. Todos coincidieron en que la postura colombiana viola el consenso internacional sobre el territorio en disputa.

  • Caen cercanos a Alito y sus porros agreden para callar a quien los exhiba

    Caen cercanos a Alito y sus porros agreden para callar a quien los exhiba

    Mientras excolaboradores y personas vinculadas al entorno de Alejandro Moreno enfrentan investigaciones y detenciones en Campeche, el porro de Mancilla vuelve a protagonizar un altercado físico contra un legislador de Morena.

    La caída de personajes cercanos a Alejandro “Alito” Moreno tomó fuerza esta semana con la detención de Luis Antonio “N”, contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, y de Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno en Campeche.

    Luis Antonio “N” fue detenido en la alcaldía Benito Juárez y trasladado a Campeche por una investigación relacionada con presuntos desvíos millonarios. De acuerdo con los señalamientos citados, habría fungido como representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Moreno y aparece relacionado con operaciones por 36 millones de pesos, además de investigaciones sobre pagos por 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión durante la administración de Alito.

    Por su parte, Carlos Alberto Medina Hernández fue detenido por presunto peculado y es señalado como posible cómplice dentro de la investigación sobre una red que habría utilizado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para desviar recursos. Ambos casos colocan nuevamente bajo la lupa a personajes que estuvieron relacionados con el círculo político y empresarial del exgobernador de Campeche.

    Y mientras los expedientes avanzan, los cercanos a Alito parecen sentir pasos en la azotea. Este miércoles, el diputado plurinominal del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla encaró y empujó a Arturo Ávila en el Senado. El episodio no sería aislado: Mancilla ya fue señalado por Gerardo Fernández Noroña como uno de los legisladores que lo agredieron y en mayo protagonizó otro enfrentamiento con Zenyazen Escobar.

    La coincidencia resulta llamativa: mientras las investigaciones alcanzan a integrantes del entorno de Alito, uno de sus compañeros de partido responde con empujones y confrontaciones contra quienes lo cuestionan. Mancilla, lejos de ser un caso aislado, acumula episodios de agresividad en el Congreso, al grado de que Noroña lo llamó “golpeador disfrazado de legislador”.

  • Maru Campos oculta contratos millonarios

    Maru Campos oculta contratos millonarios

    La gobernadora reservó los pagos a Ernesto Cordero y Diódoro Carrasco por asesoría financiera.

    La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, decidió clasificar como información reservada los contratos otorgados a Ernesto Cordero Arroyo. El exfuncionario federal recibe pagos por una supuesta asesoría financiera al gobierno estatal.

    La medida llega después de que ZONAFREE reveló los pagos millonarios entregados a Cordero y el aumento simultáneo de la deuda pública estatal. Campos también reservó la información sobre los pagos a Diódoro Carrasco Altamirano, quien cobra a través de un prestanombre.

    Cordero recibió 37 millones de pesos mediante la firma Pondera Lab. Carrasco, por su parte, cobró 40 millones de pesos a través de un operador y la empresa Yield Consulting. Ambos pagos corresponden al periodo de septiembre de 2021 a diciembre de 2024.

    A partir de esa fecha, el gobierno estatal oculta toda la información sobre estos contratos. No existe ningún riesgo de seguridad nacional que justifique la reserva, según ha documentado ZONAFREE en investigaciones previas.

    El contexto resulta relevante porque Campos elevó la deuda pública de Chihuahua a casi 64 mil millones de pesos. Esto ocurrió pese a la costosa asesoría financiera y a las promesas de la gobernadora de reducir el endeudamiento.

    ZONAFREE solicitó los contratos mediante distintas peticiones de transparencia durante dos años. La Plataforma Nacional de Transparencia desechó las solicitudes por falta de respuesta de la Secretaría de Hacienda estatal.

    Ante esa omisión, el órgano garante estatal amonestó públicamente a Humberto González Aguirre. Él funge como responsable de la Unidad de Transparencia de esa secretaría.

    La respuesta oficial de Hacienda argumenta que la información contiene análisis y recomendaciones técnicas. Según la dependencia, divulgar estos datos podría exponer estrategias aún en deliberación y presionar externamente a las autoridades.

    Cordero fue secretario de Desarrollo Social y de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón. Carrasco, en tanto, ocupó la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.

  • Diplomado de Fuerza Popular: cinco participantes reprobaron y ONPE cuestiona uso de fondos públicos

    Diplomado de Fuerza Popular: cinco participantes reprobaron y ONPE cuestiona uso de fondos públicos

    El organismo electoral detectó irregularidades en dos contrataciones del partido por al menos 36 mil dólares.

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso nuevamente bajo cuestionamiento a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori, tras detectar dos irregularidades en el manejo del financiamiento público directo durante el segundo semestre de 2025. Las observaciones involucran contrataciones por al menos 36 mil dólares y apuntan a un posible uso indebido de dinero que proviene del Estado.

    Uno de los casos corresponde a un diplomado contratado con la Universidad de San Martín de Porres por 20 mil dólares para 35 personas. El problema es que cinco participantes reprobaron y uno ni siquiera asistió. La ONPE cuestionó 3 mil dólares de ese gasto, además de señalar que Fuerza Popular no presentó los informes individuales ni las actividades necesarias para demostrar que los beneficiarios aplicaron los conocimientos adquiridos. Pese a que el partido prometió entregar la documentación solicitada, esta nunca llegó.

    El segundo caso resulta todavía más cuestionable: Fuerza Popular pagó 32 mil dólares a Servic Team S.A.C. para realizar un taller de liderazgo político para jóvenes en San Martín, pese a que el proveedor no cumplía con el requisito de experiencia establecido por el propio partido. La empresa había iniciado actividades en febrero de 2023 y la ONPE solo pudo comprobar ocho meses y 13 días de experiencia antes de la firma del contrato, cuando se exigían al menos dos años.

    La ONPE concluyó que la contratación se realizó en contra de las condiciones establecidas y advirtió una posible infracción muy grave por utilizar financiamiento público para fines distintos a los permitidos por la ley. El señalamiento resulta especialmente relevante para un partido encabezado por Fujimori, que ya ha enfrentado cuestionamientos y sanciones relacionados con el manejo de recursos públicos. En este nuevo caso, el organismo electoral mantiene las observaciones mientras Fuerza Popular no ha presentado la documentación que le fue requerida.

  • Celebrarán centenario de Fidel Castro en una Cuba marcada por la crisis

    Celebrarán centenario de Fidel Castro en una Cuba marcada por la crisis

    A 100 años de su nacimiento, el legado del líder revolucionario sigue dividiendo, mientras la isla enfrenta escasez de alimentos, falta de combustible y apagones.

    El 13 de agosto de 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de Fidel Castro, quien gobernó Cuba durante casi medio siglo. La conmemoración ocurre en medio de una de las crisis económicas y sociales más fuertes de las últimas décadas para la isla, que tiene alrededor de 9.4 millones de habitantes y enfrenta escasez de alimentos, agua y combustible, además de apagones constantes

    El Partido Comunista del fallecido ex mandatario organizó exposiciones, conciertos y conferencias para recordar al dirigente revolucionario. A pesar de las dificultades, Castro conserva seguidores que lo consideran un símbolo de soberanía, resistencia y de los avances sociales de la Revolución, particularmente en salud y educación gratuitas. Algunos cubanos mantienen fotografías y objetos del expresidente en sus casas y negocios.

    El rostro de Fidel es cada vez menos visible en las calles cubanas, debido también a una ley que prohíbe levantar monumentos en su honor o utilizar su nombre para instituciones públicas, pero su figura permanece en fotografías, viviendas y conversaciones. El centenario encuentra así a una sociedad dividida entre quienes aún lo llaman “nuestro comandante” y quienes lo consideran responsable del deterioro nacional. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, Holguín, y murió en La Habana el 25 de noviembre de 2016.

  • Juez otorga suspensión definitiva a Gilda Lozoya en caso Agronitrogenados

    Juez otorga suspensión definitiva a Gilda Lozoya en caso Agronitrogenados

    La FGR mantiene la posibilidad de impugnar el fallo ante un tribunal colegiado federal.

    Un juez federal concedió este miércoles una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex Emilio Lozoya. La medida protege a la implicada frente a su vinculación a proceso.

    Lozoya Austin presentó el amparo el pasado 29 de julio ante el juzgado octavo de distrito en materia penal de la Ciudad de México. Impugnó ahí el auto de vinculación dictado el 7 de julio de este año.

    El juez Rubén Darío Noguera Gregoire resolvió el incidente de suspensión a favor de la quejosa. Sin embargo, no reveló públicamente el alcance completo de esta medida cautelar.

    La Fiscalía General de la República conserva la opción de impugnar esta determinación judicial. El caso podría entonces trasladarse a un tribunal colegiado para su revisión final.

    La jueza de control Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Lozoya Austin el mes pasado. Consideró que existían elementos suficientes para investigar su participación en el caso.

    La Fiscalía la imputó por presuntamente conocer y participar en el lavado de 3.4 millones de dólares en 2012. Ese dinero llegó como soborno de Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para la compra de Agronitrogenados por parte de Pemex.

    Pese a vincularla a proceso, la jueza García Peralta permitió que Lozoya Austin continuara el caso en libertad. Argumentó que la Fiscalía no demostró haber buscado su paradero durante los últimos tres años.

    Las autoridades detuvieron a Gilda Susana Lozoya el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La captura respondió a una orden de aprehensión emitida previamente en su contra.