Por Luis Piña
La defensa del empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, cuestionó la apertura consecutiva de cinco carpetas de investigación en su contra y sostuvo que los nuevos procesos han surgido justo cuando el empresario estaba cerca de recuperar su libertad.
Durante una conferencia de prensa, el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, integrante del despacho Vega-Macgregor-Arellano, señaló que existe una actuación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes para mantener a su cliente privado de la libertad. Aclaró que esta es la postura de la defensa y que dicha acusación forma parte de una denuncia presentada ante autoridades federales.
El litigante explicó que el primer proceso contra Maiz Domene está relacionado con los contratos que Next Energy celebró con el Municipio de Aguascalientes para un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica. La investigación por fraude comenzó el 27 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la cronología presentada por la defensa, la orden de aprehensión se libró el 14 de noviembre de 2025 y fue ejecutada el 17 de diciembre de ese año.
Para Arellano Regino, el origen del conflicto es principalmente contractual, por lo que cuestionó que el asunto haya sido llevado a la vía penal bajo la acusación de fraude.
“Lo que nosotros hemos señalado es que estamos ante un incumplimiento contractual que debió resolverse en materia mercantil”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, pocos días después de la detención del empresario se abrió una segunda carpeta. Según la defensa, ésta se originó por un incidente ocurrido durante un traslado de Maiz Domene a un hospital, en el que dos policías lo acusaron de haberlos amenazado y ofrecido dinero.
La defensa también puso bajo la lupa la rapidez con la que avanzó ese expediente. Arellano Regino aseguró que la investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y que el 16 de enero de 2026 ya se había emitido una nueva orden de aprehensión.
“Estamos hablando de que en menos de 20 días se integró, se judicializó y se ordenó una orden de aprehensión en contra de una persona”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, después aparecieron otras investigaciones por delitos distintos, entre ellos peculado, narcomenudeo y extorsión agravada, con lo que el empresario terminó enfrentando cinco carpetas de investigación.
La defensa considera que la sucesión de expedientes no es casual y sostiene que las nuevas acusaciones han aparecido en momentos en los que Maiz Domene estaba próximo a obtener su libertad.
“Va obteniendo la libertad el señor Eugenio y, como va obteniendo la libertad, necesitan buscar una carpeta para poderlo detener y dejarlo privado de la libertad”, acusó Arellano Regino.
El conflicto tiene como antecedente el contrato celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy. En torno a ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con pagos realizados por el gobierno municipal, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra cinco exfuncionarios municipales por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su conocimiento a la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Disciplina y de la SCJN. Arellano aseguró que ya existe una sanción por parte del Tribunal de Disciplina en contra de uno de los jueces que mantiene preso a Eugenio Maiz, por su mala actuación y falta de imparcialidad
La defensa de Maiz Domene también presentó una denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que, según su señalamiento, involucrarían a jueces, agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos de Aguascalientes.
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Aguascalientes hayan actuado de manera coordinada para impedir la libertad del empresario. Esa acusación corresponde a la defensa y forma parte de los señalamientos que busca que sean investigados por autoridades federales.
