Dias después de las denuncias, los conductores irregulares siguen cazando pasajeros en las terminales, incluso a pocos metros de la Guardia Nacional.
Quien llega hoy al aeropuerto de Monterrey o al de Guadalajara se topa con la misma escena de hace dos semanas. Choferes sin permiso abordan a los viajeros y les ofrecen un traslado.
En la Terminal A de Monterrey, los operadores irregulares ofrecen sus servicios a plena vista. Trabajan incluso cerca de las oficinas de la Guardia Nacional. Eso demuestra que las denuncias no bastaron para frenarlos. Estas personas no portan identificaciones visibles que acrediten su autorización. Algunos vehículos llevan placas de Tlaxcala y Durango. Mientras tanto, los operadores concesionados advierten que ninguna intervención efectiva detiene la captación irregular de pasajeros.
El problema golpea el bolsillo y la tranquilidad de miles de personas. Ambas terminales movieron cerca de 34.6 millones de pasajeros durante 2025. Quien cae con un taxista pirata enfrenta cobros excesivos y riesgo de robo de equipaje. Además, le cuesta identificar al conductor y exigirle cuentas.
Un caso ya denunciado muestra el tamaño del riesgo. Un operador habría exigido cerca de 3 mil 200 pesos a unos pasajeros, mientras sus maletas seguían en la cajuela. Basta imaginar la escena: un viajero cansado, con su equipaje en un vehículo ajeno y un precio que sube sin explicación.
Los transportistas autorizados, en cambio, cumplen requisitos y aceptan supervisiones. Los irregulares operan a la vista de todos y sin consecuencias.
Por eso, el reclamo apunta de nuevo a la Guardia Nacional, a las autoridades aeroportuarias y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). A ellas les toca explicar por qué estos servicios siguen operando pese a las denuncias y a la vigilancia. Hasta ahora, nadie ha frenado el problema.
