El panista Carlos Antonio Chavira George fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Colima, la madrugada de este dos de septiembre, por los delitos de abuso sexual en contra de un menor de edad y por pornografía infantil.
A través de un comunicado, el Ministerio Público de Colima detalló que cumplimentó una orden de aprehensión en contra del también alcalde electo del municipio de Coquimatlán. En donde participaron elementos de la Policía Estatal y logrando su detención en la colonia Trabajadores del municipio de Colima.
De acuerdo al mandato judicial, el pasado 26 de abril del año que cursa, una mujer acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y en representación legal de su hijo adolescente, denunció que éste fue víctima de los delitos.
El juez giró la orden de aprehensión en contra del responsable, siendo detenido por agentes de la Policía Estatal este 02 de septiembre de 2024, aproximadamente a las 04:00 horas de la mañana en la colonia de los Trabajadores en el municipio de Colima.
Indica la Fiscalía.
En ese sentido, los agentes pusieron al panista a disposición del juez para analizar su situación legal y continuar con los procesos legales correspondientes.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de investigar y esclarecer los delitos cometidos en Colima, además de la búsqueda y captura de quienes son señalados como responsables, para que sean presentados ante la las autoridades correspondientes.
Los trabajadores y las trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinaron irse a paro indefinido de labores en protesta por la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), tras una jornada de consulta en las instalaciones de la Corte.
En un comunicado, la asociación de “Colegios de Secretarias y Secretarios” anunció que por mayoría de votos los integrantes de la SCJN, “votaron a favor de sumarse a la suspensión de labores con motivo de la reforma judicial”. Además, los empleados señalaron que seguirán informando sobre las acciones que realizarán en próximos días.
La decisión de la suspensión de labores se consuma a unas horas de que los legisladores y las legisladoras federales inicien con la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial, cuya iniciativa fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el pasado mes de febrero.
Según información revelada por fuente de la SCJN a Milenio, en el proceso de consulta solo se emitieron mil 72, de los cuales 951 votos fueron a favor de la suspensión de labores y 116 votos en contra, así como cinco se abstuvieron.
En ese sentido, los resultados de la votación fueron entregados a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien ha expresado abiertamente su postura en contra de la reforma que busca fortalecer los órganos de impartición de justicia y democratizar el Poder Judicial.
Asimismo, se espera que la decisión reciba el respaldo de la mayoría de los ministros y por lo tanto se espera que la suspensión de labores inicie este martes tres de septiembre, día en el que la Cámara de Diputados iniciará con la discusión de la reforma judicial en lo general.
La Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela solicitó a un juzgado que emita una orden aprehensión en contra del ex candidato presidencial de la derecha, Edmundo González, con relación a sus acciones golpistas y por su autoproclamación como presidente del país Sudamericano.
Esta solicitud fue presentada ante un juez especializado en casos vinculados a delitos asociados al “terrorismo”, en un documento con fecha de 2 de septiembre, el Ministerio Público venezolano, pidó el otorgamiento de una orden de arresto por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, asociación y sabotaje a daños de sistemas.
Además, dicha solicitud se da en el marco de que Edmundo González se ha negado a presentarse en tres ocasiones ante la autoridades judiciales venezolanas, en una acción de desconocimiento a los delitos que le imputan, señaló la agencia EFE.
Cabe mencionar que, el pasado 5 de agosto, González Urrutia se autoproclamó presidente de Venezuela, en un abierto rechazo a los determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró a Nicolás Maduro como presidente legítimo, respaldado por el 51.95 por ciento de los votos, tras la elección del 28 de junio.
La ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, acusó que la el pleno de la Corte rechazó instar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a tomar acciones para garantizar la función jurisdiccional y evitar que el paro de labores del Poder Judicial, “no siga lesionado el derecho humano al acceso a la justicia”.
A través de un comunicado, la ministra del pueblo acusó que al “pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro paísy sólo se atiendan las “urgencias” (económicas) de las personas juzgadoras”.
Al pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro país y sólo se atiendan las "urgencias" (económicas) de las personas juzgadoras, a pesar de que somos servidores públicos, obligados a ver por los… pic.twitter.com/n2VJJxiIhc
El interés económico de los funcionarios judiciales no puede colocarse por encima de la generalidad de los trabajadores, poniendo en riesgo la confianza y credibilidad de toda la sociedad en el Poder Judicial.
Inidcó Batres Guadarrama.
Además, destacó que la única organización que ha reivindicado el paro de labores en la Corte es una Asociación Civil que no tiene “personalidad jurídica” para promover dicha acción, menos cuando el alcance de la acción busca suspender las labores de uno de los Poderes de la Unión.
Asimismo, Batres Guadarrama, lamentó dicha acción, ya que aseguró que son servidores públicos y están “obligados a ver por los intereses generales antes que por los nuestros”. Cabe mencionar que, este mismo día los trabajadores y trabajadoras de la SCJN han realizado una actividad de votación, con el buscan decidir si se suman al paro de labores que mantienen los jueces y magistrados.
Denuncian a policía de Cancún, Quintana Roo, que agredió violentamente y privó de su libertad a un conductor que transportaba a trabajadores de un hotel, por supuestamente haberse pasado un alto en un semáforo.
En un video difundido en redes sociales, con un patrullero sube a la unidad, en el que se encontraban trabajadores del hotel Dreams Sapphire, y con lujo de violencia esposa al conductor que le advierte que “no puede subir [a la unidad] porque es propiedad privada”, sin embargo el oficial hace caso omiso.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | En una abierta violación a los derechos humanos: Denuncian que policía de #Cancún, Quintana Roo, cometió abuso de autoridad al agredir físicamente y privar de la libertad a un conductor que transportaba trabajadores del hotel #DreamsSapphire.
Además se observa como, una vez esposado, el policía jala al operador para hacerlo descender de la unidad, mientras que los trabajadores se levantaron y ayudaron al conductor para evitar la detención del conductor, además de recordarle al policía se extralimitó en sus funciones de los elementos de la validad.
En ese sentido, los propios trabajadores destacaron que se trató de un policía de la unidad 5813 del sector 3 de Cancún. Ante el descontento y presión de los trabajadores, un supervisor del sector ordenó la liberación del conductor y ofreció una disculpa al operador que fue golpeado.
Sin embargo, justificó el actuar de los oficiales argumentando que supuestamente el conductor puso en peligro la integridad física de los pasajeros por haberse pasado un alto y no detenerse cuando la policía se lo solicitó.
EL empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, señalado de ser un evasor de impuestos y ahora está en inmerso en un nuevo “engaño” contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya que cinco empresas de Grupo Salinas dejan de pagar 76.3 millones de pesos en impuestos, para construir un “Centro de Alto Rendimiento” en Mazatlán, Sinaloa, pero construyeron canchas para el Mazatlán FC, propiedad de Salina Pliego.
De acuerdo con una investigación de Revista Proceso, las empresas que pertenecen a Grupo Salinas, como Afore Azteca, Arrendadora Internacional Azteca, Seguros Azteca Daños, Seguros Azteca y la petrolera Typhoon Offshore, aportaron distintos montos para “simular la construcción” del Centro de Alto Rendimiento, en un terreno propiedad del gobierno del estado de Sinaloa.
Esta estafa fue realizada mediante el Programa de Estímulos Fiscales de Alto Rendimiento (EFIDEPORTE), ya que en lugar de pagar sus impuestos las empresas, como la de Salinas Pliego, utilizan los recursos para apoyar con la construcción, remodelación o apoyo a deportivas de alto rendimiento, y con ello evitar el pago de sus adeudos fiscales.
Sin embargo, con los recursos que no le pagó al SAT, Ricardo Salinas Pliego, construyó tres canchas de fútbol, con los que se vió beneficiado su propio equipo de fútbol, Mazatlán FC. De acuerdo con la periodista Beatriz Pereyra, “el acuerdo habría sido ejecutar la obra entre el 14 de julio de 2023 y el 16 de marzo de 2024”.
Imagen ilustrativa.
En ese sentido, se destacó que dicha acción viola la normativa de EFIDEPORTE, ya que los proyectos que son autorizados no pueden ser desviados y que los constituyentes están obligados a vigilar que los recursos se apliquen de manera correcta. Así como que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe revocar el estímulo fiscal, además de que las cinco empresas de Salinas Pliego deben de pagar sus impuestos, puesto que los recursos no fueron ejercidos con el objetivo con el que se facilitó el estímulo fiscal.
En medio del debate sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han enviado un documento a la Cámara de Diputados y al Senado de la República manifestando su desacuerdo con la reforma. Según los jueces, esta propuesta incumple los compromisos adquiridos por México en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, diversos sectores del gobierno han reiterado que la reforma no afectará las relaciones comerciales internacionales ni la independencia de los tribunales.
El Rol de los Jueces en el Debate de la Reforma Judicial
Los jueces y magistrados que respaldan el documento incluyen a titulares de los Tribunales Laborales Federales, Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia de Trabajo, y Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo. Ellos argumentan que la reforma judicial podría poner en riesgo los compromisos internacionales de México, particularmente en lo referente a la independencia de los tribunales.
Documento entregado hoy a las Cámaras de Diputados y Senadores en el que juzgadoras y juzgadores, integrantes del #PJF, expresan su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Ejecutivo Federal, pues incumple distintos… pic.twitter.com/Tofd17wyut
No obstante, la postura del gobierno federal ha sido clara en cuanto a que la reforma busca fortalecer la transparencia y eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial, sin interferir con la independencia judicial necesaria para mantener la confianza en las instituciones.
La Relación Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
Los críticos de la postura de los jueces sostienen que la reforma no está diseñada para afectar la relación comercial de México con sus socios del T-MEC. Desde la implementación del tratado, México ha mantenido un papel crucial como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y cualquier insinuación de que la reforma podría desestabilizar esta relación carece de fundamento.
Además, las autoridades mexicanas han asegurado que las reformas propuestas están alineadas con los compromisos internacionales de México, incluyendo el respeto a la independencia judicial y el fortalecimiento de los sistemas de justicia laboral. Las afirmaciones de que las reformas judiciales afectarían las obligaciones de México bajo el T-MEC, por tanto, parecen más una táctica de desinformación impulsada por sectores conservadores que buscan mantener privilegios dentro del Poder Judicial.
Compromiso con la Independencia Judicial y la Transparencia
El presidente López Obrador y su administración han reiterado que la propuesta de reforma judicial no tiene la intención de interferir con la independencia de los tribunales, sino más bien de asegurar que el sistema judicial mexicano funcione de manera justa y transparente. Esta postura busca poner fin a prácticas de nepotismo y corrupción que han minado la confianza en el sistema judicial y asegurar que todos los ciudadanos, así como los inversionistas extranjeros, puedan confiar en la imparcialidad de las decisiones judiciales en México.
De acuerdo con el gobierno, la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros, propuesta en la reforma, busca democratizar el acceso a estos puestos y hacer que el sistema judicial sea más responsable ante la ciudadanía, sin comprometer su independencia ni la estabilidad de los acuerdos internacionales.
En medio de las protestas contra la reforma al Poder Judicial, que ha propuesto el gobierno federal, se han detectado actos de desinformación protagonizados por estudiantes de universidades que han sido cooptadas por sectores conservadores. Este fenómeno se ha evidenciado a través de redes sociales, donde se han viralizado imágenes y comentarios que muestran un nivel preocupante de desconocimiento sobre el proceso legislativo en México.
Un caso destacado es el de un estudiante de preparatoria, quien en una manifestación portaba un cartel con el mensaje: “Soy estudiante de preparatoria y hasta yo sé que la ley no se vota”. Este acto ha sido interpretado como un reflejo de la falta de información adecuada, ya que todas las leyes en México son votadas en el Congreso Federal, los congresos estatales o los cabildos municipales, e incluso los reglamentos universitarios son aprobados en los consejos universitarios. El periodista Jorge Gómez Naredo compartió esta imagen en su cuenta de Twitter, señalando el nivel de desinformación al que han llegado ciertos sectores de la derecha mexicana.
Todas las leyes se votan o en el Congreso federal o en los estatales o en los cabildos. Hasta las leyes y reglamentos universitarias se votan en consejos universitarios
Todas.
A ese nivel de desinformación llegan ciertos sectores de la derecha mexicana. pic.twitter.com/0aJfoccY3c
Las protestas y manifestaciones han sido motivadas, en gran parte, por la resistencia de estos sectores a perder los privilegios que mantienen en el Poder Judicial. El presidente López Obrador ya había mencionado en múltiples ocasiones lo mal informados que estaban los estudiantes de la derechizada UNAM y de otras universidades. Según el mandatario, la reforma propuesta busca acabar con las cúpulas de corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial, abrir los puestos a procesos más transparentes, y reforzar la autonomía de estos órganos, que actualmente están bajo el control de minorías con intereses particulares.
A medida que se avanza en el debate sobre la reforma, es vital que se mantenga un flujo de información veraz y se eduque a la población sobre los cambios propuestos y sus implicaciones para el sistema de justicia en México.
Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha dado inicio al proceso de entrega-recepción con Omar García Harfuch, quien asumirá el mismo cargo durante la administración de Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, Rodríguez Velázquez compartió fotografías de las reuniones en las que participaron ambos funcionarios y sus respectivos equipos de transición.
Este cambio en la SSPC se enmarca dentro de los preparativos para el inicio de la nueva administración federal el 1 de octubre, fecha en la que Omar García Harfuch asumirá oficialmente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Icela Rodríguez, por su parte, pasará a ocupar la Secretaría de Gobernación (Segob).
La transición en la SSPC es una de las varias que se están llevando a cabo antes del cambio de gobierno. Además de Rodríguez Velázquez y García Harfuch, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya ha tenido reuniones con Rosa Icela Rodríguez para preparar su propia entrega de funciones en la Segob. Claudia Sheinbaum ha instruido que estas transiciones se realicen sin utilizar recursos públicos, buscando una gestión eficiente y transparente.
García Harfuch, quien previamente ocupó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno, es reconocido por su enfoque en la reducción de la incidencia delictiva en la capital del país. Tanto él como Sheinbaum planean aplicar a nivel nacional las estrategias de seguridad que implementaron en la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar los índices de seguridad en todo el país.
La transición de la SSPC y la llegada de nuevos líderes a la seguridad nacional generan expectativas sobre los cambios y mejoras que se implementarán en los próximos años. La experiencia y estrategias que García Harfuch y Sheinbaum han aplicado en la Ciudad de México serán claves para enfrentar los retos que el país enfrenta en materia de seguridad.
El senador de la república de la 4T por Zacatecas, José Narro Céspedes, utilizó sus redes sociales para denunciar una decisión judicial que ha generado gran controversia en el estado. Según Narro Céspedes, la jueza Érika Cristina Ramírez decidió embargar las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de Zacatecas, una medida que ha dejado sin alimentación a más de 3 mil niñas y niños en la entidad.
Con este calificativo, el senador Narro Céspedes expresó su indignación ante lo que considera un acto injusto y perjudicial para la comunidad. En su mensaje en redes sociales, escribió: “¡Inaudito! La jueza Érika Cristina Ramírez decidió embargar cuentas bancarias de Centros de Desarrollo Infantil dejando sin alimentación a más de 3 mil niñas y niños del Estado de Zacatecas. Un caso más de la podredumbre y corrupción del Poder Judicial que vamos a cambiar.”
¡Inaudito!
La jueza Érika Cristina Ramírez decidió embargar cuentas bancarias de Centros de Desarrollo Infantil dejando sin alimentación a más de 3 mil niñas y niños del Estado de Zacatecas.
Un caso más de la podredumbre y corrupción del Poder Judicial que vamos a cambiar.
Impacto en las Infancias y Trabajadores de los CENDIS
El embargo de las cuentas de los CENDIS ha tenido un impacto significativo, no solo en los menores que dependen de estos centros para recibir alimentación y cuidados, sino también en los trabajadores de dichas instituciones. José Narro ha estado colaborando estrechamente con los CENDIS para mejorar las condiciones de los niños y niñas que asisten a estos centros, así como las condiciones laborales del personal.
El senador lamenta profundamente que esta decisión judicial ponga en riesgo los avances logrados en la mejora de las condiciones para los niños y trabajadores de los CENDIS. Según Narro, esta medida del Poder Judicial no solo es un “tropiezo” sino una vulneración directa a los derechos de las infancias y de los trabajadores que dedican su vida a cuidar y educar a los más pequeños.
Un Llamado al Cambio en el Poder Judicial
Narro Céspedes no solo denunció la situación, sino que también hizo un llamado a la transformación del Poder Judicial en México. Según el senador, este tipo de decisiones reflejan la “podredumbre y corrupción” que aún persisten en el sistema judicial, y que deben ser erradicadas para garantizar la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos. El senador resaltó la urgencia de la Reforma al Poder Judicial, pues esta medida demuestra una de las muchas violaciones de los jueces corruptos indolentes al pueblo.
