La polémica crece porque el presidente decidió que la fundación de Ana Lucía Pineda, creada apenas un mes antes de su llegada al poder, canalizara ayuda internacional para los damnificados.
El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos por el manejo de las donaciones internacionales destinadas a las víctimas del terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto. Legisladores exigieron a Ana Lucía Pineda, esposa del mandatario, explicar qué ocurrió con los recursos y bienes enviados desde más de 20 países.
La controversia estalló luego de que se revelara que Pineda creó la fundación Colombia Luz y Sonrisas apenas un mes antes de que De la Espriella asumiera la Presidencia y que, posteriormente, el propio mandatario decidió convertirla en canal para recibir ayuda internacional. El hecho encendió las alertas por un posible conflicto de interés en medio de una emergencia nacional.
El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, fue directo: no acusó a la primera dama de cometer un delito, pero reclamó algo elemental: transparencia total. Exigió conocer cuánto dinero ingresó, cómo se gastó, dónde están los recursos y quién los audita de manera independiente.
Las dudas aumentan al considerar que la fundación fue constituida con apenas 10 millones de pesos colombianos, alrededor de 3 mil dólares, antes de convertirse en receptora de recursos provenientes del extranjero. Mientras tanto, De la Espriella ha utilizado sus redes sociales para exhibir las labores de su gobierno y destacar la participación de su esposa en la atención de la tragedia.
El manejo de la emergencia también ha sido cuestionado por la falta de información dentro del nuevo gobierno. David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reconoció que todavía no tenía elementos suficientes para explicar con precisión cómo encontró la dependencia al asumir el cargo.
Con 329 personas fallecidas y 234 desaparecidas, el escándalo no es menor. En una tragedia de esta magnitud, las donaciones no pueden convertirse en una caja negra ni quedar bajo sospecha de beneficiar al círculo presidencial. La exigencia es simple: cuentas claras, dinero rastreable y auditorías independientes.
