Una red de estafas de tiempos compartidos en Puerto Vallarta vinculada al CJNG engañó a miles de personas mediante ofertas fraudulentas. Recientemente se reveló que autoridades estadounidenses y mexicanas investigan su operación y sancionan a empresas implicadas.
Una investigación publicada por Proceso relata que en Puerto Vallarta operaba un complejo esquema de fraude de tiempos compartidos, presuntamente gestionado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría estafado a decenas de personas con promesas de rendimientos y derechos sobre propiedades vacacionales. Señala que los operadores ofrecían contratos falsos, retenían pagos anticipados para después desaparecer sin cumplir compromisos.
Las autoridades de EUA ya han sancionado a 13 empresas con sede en Puerto Vallarta y a cuatro ciudadanos mexicanos por su presunta participación en este esquema de fraude inmobiliario bajo el manto del CJNG. Estas medidas implican congelamiento de activos y prohibiciones de operación en el mercado estadounidense.
Según las denuncias y documentos en poder de agencias estadunidenses, el cartel diversificó sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, incorporando actividades criminales como el fraude de tiempos compartidos. En estos esquemas, centros de llamadas con personal bilingüe contactaban principalmente a ciudadanos de Estados Unidos haciéndose pasar por agentes inmobiliarios, gestores legales o intermediarios para persuadirlos de invertir o comprar semanas vacacionales que nunca existieron.
Los expertos en delitos financieros han advertido que esta modalidad representa un doble riesgo: primero, defrauda a víctimas individuales, muchas adultas mayores con ahorros; segundo, se convierte en un mecanismo de lavado de dinero y fuente de recursos para los cárteles. Las sanciones de EUA buscan debilitar las estructuras financieras del CJNG e inhibir su capacidad para operar con impunidad.
Aunque aún se investigan a los responsables directos y la participación de autoridades locales, la revelación ha generado presión para que México intensifique la cooperación internacional y endurezca el control sobre los bienes vinculados a estos fraudes.
Con información de Proceso
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