La Fiscalía asegura que la investigación por la pensión otorgada por Pemex fue judicializada desde septiembre y se analiza conforme a derecho, sin consignas ni sesgos.
La Fiscalía General de la República (FGR) negó de manera categórica actuar por consigna en la investigación abierta contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), relacionada con la pensión vitalicia otorgada por Pemex en 2004. A través de un pronunciamiento público, la institución afirmó que las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta persecución política son “absolutamente falsas”.
La FGR precisó que el Ministerio Público Federal (MPF) se encuentra analizando de forma exhaustiva la carpeta de investigación, con el objetivo de verificar que haya sido integrada conforme al marco jurídico. Subrayó que el expediente fue judicializado desde septiembre, y no recientemente, como se ha señalado de manera errónea en algunos espacios digitales.
De acuerdo con información difundida por La Jornada, el MPF llevó el caso ante un juez para que Casar sea juzgada por su probable responsabilidad en el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, relacionado con el cobro de una pensión post mortem tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
En los antecedentes del caso, se recuerda que Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo en la Dirección Corporativa de Administración y permaneció en el cargo 129 días, durante el sexenio de Vicente Fox. Peritajes oficiales concluyeron que su muerte fue un suicidio, y posteriormente se solicitó el pago de la pensión a partir del día siguiente al deceso.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló que Casar habría incurrido en un fraude por aproximadamente 31 millones de pesos, al recibir 125 mil pesos mensuales. La audiencia judicial está programada para el próximo martes.
La FGR reiteró que sus investigaciones se realizan sin sesgos políticos, con pleno respeto a los derechos humanos y bajo el principio de legalidad, rechazando cualquier señalamiento de actuación dolosa o dirigida.
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