El órgano electoral ocultó por años el acuerdo millonario; ahora se revela que fue adjudicado sin licitación pública y con amplio despliegue tecnológico.
El Instituto Nacional Electoral quedó bajo la lupa tras revelarse un contrato por 227 millones de pesos para renovar su sistema de videovigilancia en 40 sedes, información que inicialmente había sido reservada por cinco años bajo el argumento de seguridad, de acuerdo con una investigación de Otilia Carvajal para La Silla Rota. Fue hasta un recurso de transparencia que el organismo tuvo que entregar los detalles.
El contrato, asignado a la empresa AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV, incluyó la instalación de más de 300 cámaras, torniquetes, ponchallantas y sistemas de identificación electrónica en oficinas centrales y juntas locales. Sin embargo, lo que más llama la atención es que se otorgó por adjudicación directa, pese a que en años previos el límite para este tipo de procesos rondaba apenas el millón de pesos.
El gasto resulta particularmente llamativo, pues según la investigación es casi equivalente al presupuesto anual de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, encargada de tareas clave como el registro de nuevos partidos. Es decir, mientras se habla de austeridad, el INE invierte cifras millonarias en vigilancia interna.
Las cámaras, fabricadas por la empresa Verkada, cuentan con tecnología avanzada e incluso capacidad de grabar audio, aunque autoridades del Instituto aseguraron que esta función está deshabilitada. Los equipos fueron colocados en pasillos, áreas comunes y hasta la sala de prensa en Tlalpan, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance del monitoreo.
En su momento, la Unidad Técnica de Transparencia intentó reservar tanto el contrato como el nombre del proveedor, alegando riesgos a la seguridad nacional. No obstante, el Órgano Interno de Control desestimó estos argumentos al no encontrar evidencia que justificara tal nivel de opacidad, aunque sí mantuvo bajo resguardo el anexo técnico por posibles riesgos de sabotaje.
El INE justificó la inversión señalando que su sistema de vigilancia llevaba 18 años sin renovarse y que la falta de interconexión impedía un monitoreo eficiente. Aun así, la combinación de gasto elevado, adjudicación directa y opacidad inicial vuelve a encender el debate sobre el manejo de recursos dentro del árbitro electoral.
Con información de Otilia Carvajal para La Silla Rota.
Deja un comentario