El Gobierno de Donald Trump impulsa una nueva pirámide alimentaria que promueve carnes y lácteos para combatir la obesidad, pero sus políticas de deportación han dejado al campo sin trabajadores.
La Administración de Donald Trump busca transformar la dieta de los estadunidenses a través de una nueva pirámide alimentaria impulsada por el Departamento de Salud, que prioriza el consumo de alimentos frescos como carnes rojas y lácteos. La iniciativa, presentada a inicios de enero bajo el lema Make America Healthy Again, parte del diagnóstico oficial de que más del 70% de los adultos en Estados Unidos padece sobrepeso; sin embargo, la estrategia enfrenta un obstáculo clave: la falta de mano de obra migrante provocada por las políticas de deportación.
Las nuevas directrices alimentarias representan una victoria para las industrias cárnica y láctea, al tiempo que reavivan el debate ambiental y sanitario por el impulso a productos que durante décadas fueron cuestionados por especialistas. No obstante, los propios sectores beneficiados advierten una contradicción estructural: mientras el Gobierno incentiva el consumo de proteínas de origen animal, las granjas y ranchos atraviesan una severa escasez de trabajadores, situación que limita la capacidad productiva y amenaza con encarecer los alimentos.
Empresarios agrícolas y ganaderos señalan que las redadas y deportaciones ordenadas por el Gobierno federal han impactado directamente en el campo y en las plantas procesadoras de carne. Estos trabajos, ubicados en zonas rurales y con jornadas continuas, dependen históricamente de la mano de obra migrante.
Representantes del sector han advertido que, sin trabajadores suficientes, Estados Unidos deberá elegir entre importar fuerza laboral o importar alimentos, una disyuntiva que pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional.
Aunque la influencia del sector agroalimentario ya se reflejó en las nuevas guías nutricionales, productores y asociaciones empresariales insisten en que el plan será inviable sin una reforma migratoria que garantice estabilidad laboral. De mantenerse la política de deportaciones, advierten, el objetivo de ofrecer alimentos frescos, accesibles y producidos en el país podría quedar fuera de alcance, profundizando la tensión entre el discurso de salud pública y la realidad del sistema productivo.
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